El Supremo pide a la Asamblea la condición de aforada a una alcaldesa del PP por supuesto delito de prevaricación

El Tribunal Supremo (TS) ha solicitado a la Asamblea de Madrid la condición de aforada a la diputada regional y la alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez Palomino (PP), después de que la Fiscalía –tal y como avanzó Público– se querellara contra la regidora por una investigación previa en la que atisbaban "indicios sólidos" que apuntan a la comisión de un delito continuado de prevaricación, han informado fuentes parlamentarias.

El grupo municipal Vecinos por Villa del Prado, al que pertenece Martín Salamanca, denunció ante la Fiscalía de Área de Móstoles la ausencia de los procedimientos de contratación a las empresas Instalaciones Eléctricas Cochele e Instalaciones Barbero S.L., que realizan las labores de mantenimiento en el Ayuntamiento desde hace más de diez años.

Tal y como se recoge en la documentación a la que tuvo acceso Público, entre 2014 y 2017, el Ayuntamiento de este municipio madrileño, de apenas 6.300 habitantes, abonó 355.456 euros a la empresa Instalaciones Eléctricas Cochele, y 278.930 euros a Instalaciones Barbero S.L., esto es un total de 634.395 euros.

En los pasillos de la Cámara regional el pasado mes de noviembre, la alcaldesa al ser preguntada sobre si es consciente de haber cometido alguna irregularidad en algún momento, contestó que "no" y que no pensaba abandonar su escaño, a pesar de que valoraría lo que señalara el fiscal.

"Estoy absolutamente tranquila, llevo muchos años de alcaldesa y muchos años dedicada a la política municipal, siempre al servicio del ciudadano y siempre haciendo lo mejor que es atender a los vecinos de forma cercana y que tengan los mejores servicios al mejor coste siempre", sostuvo.

Fuentes conservadoras han señalado a Europa Press que respetan las decisiones judiciales y que este tema está enmarcado fuera del Parlamento madrileño, algo que no tiene que ver con la función de Belén Rodríguez Palomino como diputada, sino sobre una cuestión "administrativa en el Ayuntamiento de Villa del Prado". Además, han asegurado que esta situación o afecta al código ético del PP porque no se trata de un tema de corrupción".