El Supremo deberá dirimir si España investiga un crimen de lesa humanidad contra un sindicalista colombiano

Primero lo ataron. Luego lo torturaron. Para acabar, le pusieron una bolsa en la cabeza y le pegaron dos tiros. Desde el preciso instante en que el sindicalista colombiano Jorge Freytter fue secuestrado y el momento de su brutal asesinato transcurrieron "horas", pero solo sus asesinos saben cuántas. En agosto de este año se cumplirán 20 años de ese crimen perpetrado por los paramilitares con la colaboración de miembros de las Fuerzas de Seguridad en Barranquilla. 20 años en los que sus familiares han experimentado amenazas, exilio y una larga frustración.

De Jorge Freytter y de su cruel final se hablará este miércoles en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Allí estará su hijo Jorge, quien lleva radicado en Bilbao desde 2006. Tanto él como otro hermano tuvieron que marcharse del país por las amenazas de los paramilitares, que no se saciaron con matar a su padre: la persecución contra los Freytter continuó tras aquel 28 de agosto de 2001 en el que secuestraron a este sindicalista y profesor de la Universidad del Atlántico. 

El hijo de Freytter fundó en Bilbao una asociación que lleva el nombre de su padre y que reclama, ante todo, justicia. "Vamos a pedir apoyo y acompañamiento a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco para que las investigaciones continúen", resume a Público Héctor García Barranco, responsable del área de Derechos Humanos de la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero (AJAFR). 

En un documento que resume las distintas vías abiertas para pedir el esclarecimiento de este caso, AJAFR destaca que "las investigaciones judiciales acreditan que Jorge Adolfo Freytter Romero fue víctima del accionar del Frente José Pablo Díaz, perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)", una estructura paramilitar que "actuaba en connivencia con miembros de la Fuerza Pública e integrantes, asimismo, del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia en Barranquilla". 

Freytter fue secuestrado el 28 de agosto de 2001 cuando se dirigía a casa de sus suegros. "Fue llevado a una bodega sin ventilación, donde permaneció esposado a una tubería durante horas, hasta que fue torturado y ejecutado mediante asfixia con una bolsa y dos disparos. El 29 de agosto de 2001 fue encontrado su cuerpo sin vida, semidesnudo y con señales de tortura, en la vía pública (Kilometro 12) que de Barranquilla conduce a Ciénaga, Magdalena", destaca la querella presentada por el hijo del sindicalista ante la Audiencia Nacional en octubre de 2019.

En aquella denuncia se recogían las condenas y posteriores absoluciones que se han producido en la justicia colombiana en torno a este caso. A día de hoy existen dos personas condenadas por el asesinato de Freytter –uno de ellos es un exteniente del Ejército colombiano– que se encuentran en paradero desconocido.

"Se consolida la impunidad de los autores materiales del caso Freytter"

El lunes de esta semana, la Justicia Especial para la Paz (JEP), creada tras los acuerdos de paz con las FARC para aplicar un mecanismo de justicia transicional, dejó en libertad al único condenado que permanecía en la cárcel por este caso, Rafael Enrique Mariano Silvera, "con lo que se consolida la impunidad de los autores materiales del caso Freytter, sin que se haya esclarecido cómo se articuló el accionar de los paramilitares de las AUC con agentes Estado en la Ciudad de Barranquilla y en el conjunto del Departamento del Atlántico", establece la Asociación Jorge Freytter Romero en un dossier.  

Trabas en España

En ese contexto, la demanda formulada ante la Audiencia Nacional no prosperó debido a que los magistrados consideraron que no podía abrirse una investigación en base al principio de justicia universal. Las trabas se encuentran en la reforma introducida en 2014 por el Gobierno del PP, que echó por tierra la aplicación de la denominada jurisdicción universal.

En enero de 2020, la Fiscalía General de la Nación de Colombia, a través de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, declaró el asesinato de Freytter como un crimen de lesa humanidad. En una resolución dada a conocer entonces, advierte sobre "un plan criminal cuidadosamente orquestado, que pone en marcha medios tanto públicos como privados, sin que, necesariamente, se trate de la ejecución de una política de Estado".

"La Audiencia Nacional nunca ha negado que el caso Freytter se trate de un crimen de lesa humanidad. Es evidente que los delitos cometidos por los paramilitares en Colombia son muy serios, y no creo que nadie dude que se trata de un crimen de este tipo. Lo que ocurre es que a la Audiencia solo le interesa si ha ocurrido o no en territorio español, con independencia de que sea o no de lesa humanidad", explica a Público el abogado de Red Jurídica Daniel Amelang, quien estuvo a cargo de la formulación de la querella.

En tal sentido, Amelang presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para reclamar que se permita la apertura de una investigación sobre el caso de Freytter Romero. "Argumentamos que los delitos de lesa humanidad, que son los más graves que existen, no pueden quedar impunes nunca. Los Estados tienen obligación de perseguirlos", afirma el letrado.

El Supremo no tiene plazo para responder a este recurso, mediante el cual se busca abrir una grieta en los tribunales respecto a la investigación de graves crímenes en base al principio de justicia universal. "Si nos dieran la razón sería una auténtica victoria", señala Amelang.

Sin avances

En la querella formulada en octubre de 2019 por el caso Freytter, el hijo de la víctima y su representante legal ya avanzaban que "si bien es cierto que el presente caso ha sido investigado e, incluso, se ha enjuiciado a alguno de sus responsables en Colombia, no es menos cierto que no se detectan avances en el mismo desde el año 2010". "Por ello, podemos afirmar con rotundidad que el Estado colombiano ha renunciado a continuar investigando y enjuiciando los crímenes cometidos en el marco del caso Freytter, lo cual abre la puerta a que la comunidad internacional actúe, a fin de encontrar justicia", sostenían. 

"En el presente caso, siendo España el lugar de residencia (y de la nacionalidad) del querellante, hijo del difunto Jorge Adolfo, y ante la inactividad que ha mostrado el Estado colombiano en la última década, consideramos que es nuestro país el mejor posicionado para proseguir con la investigación de los hechos", destacaban.

El caso fue llevado también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se inició un proceso de "solución amistosa" en el marco de un acuerdo entre el Estado colombiano y los familiares de Freytter. El largo camino contra la impunidad aún no ha terminado.