Hasta seis empresas españolas hacen negocio en los territorios ocupados de Palestina en pleno apartheid israelí. Así lo destaca la organización Who Profits, como ha publicado Público este viernes. Este mismo día el asunto ha motivado una pregunta parlamentaria escrita de Sumar al Gobierno, a iniciativa de Izquierda Unida (IU).

En el documento, al que ha tenido acceso este medio, preguntan qué tipo de medidas va a tomar el Gobierno para acabar con el apoyo o para sancionar a estas empresas que se lucran con proyectos de apoyo a la ilegal la colonización israelí en Cisjordania y para impedir que dichas empresas puedan formar parte de licitaciones, compras públicas y tener subvenciones. 

El texto, firmado por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y el diputado del mismo partido, Félix Alonso, recuerda que se han establecido sanciones a empresas rusas en el marco de la guerra frente a Ucrania. Y que en un viaje reciente a Kiev del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, una de las empresas invitadas fue CAF. 

"Sigue habiendo empresas españolas que se lucran con la ocupación en Palestina, como es el caso de CAF, que gestiona y desarrolla líneas de tren ligero entre la zona israelí y las colonias próximas en Territorio Ocupado, o la empresa SEMI, del Grupo Cobra, implicada en el ferrocarril Tel Aviv-Jerusalén, traspasando territorio palestino ocupado", señala el documento. 

Sumar destaca que dicho proyecto vulnera la legalidad internacional. "El IV Convenio de Ginebra de 1949 establece como ilegal que una potencia ocupante efectúe el traslado de una parte de su propia población al territorio por ella ocupado. Esto significa que el derecho internacional humanitario prohíbe el establecimiento de asentamientos, dado que estos representan una forma de traslado de población al territorio ocupado", destacan. 

En Sumar añaden que el Gobierno oficialmente fomenta las líneas directrices de la OCDE sobre multinacionales y apoya la directiva europea de diligencia debida. Esta "establece el deber de la empresa de prevenir, mitigar, corregir y reparar los efectos adversos en el medioambiente y en los derechos humanos resultantes de sus operaciones, de las de sus filiales y de las operaciones en su cadena de actividades".

Pero, según Sumar, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue apoyando a empresas como CAF o SEMI, "presentándolas como empresas punteras y brindándoles oportunidades en formas de contactos y visibilidad". Aparte de CAF y SEMI, hay otras cuatro empresas españolas más en situación similar: GMV, Ineco, Salvat Logística y eDreams. 

Por todos estos motivos, Sumar ha presentado una batería de preguntas que tendrá que responder el Gobierno de forma escrita. Una de ellas tiene que ver con los criterios elegidos para decidir sobre las empresas que viajaron a Kiev. 

También se pregunta al Gobierno si es consciente el Gobierno que España "incumple la directiva europea de diligencia debida cuando premia y/o apoya a empresas como CAF, SEMI, o las otras mencionadas". 

"¿Va a informar el Gobierno a la empresa CAF que a la vista de lo establecido en los artículos 608, 611.5 y 613.1.h del Código Penal español en relación con el artículo 23.4.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los directivos y empleados de CAF que participen en dicho proyecto además de estar cometiendo un delito contra los bienes y las personas protegidas en caso de conflicto armado podrán ser perseguidos en los tribunales españoles por dicho delito?", añade el texto. 

Por último, Sumar pregunta al Gobierno si pondrá en marcha "los mecanismos y acciones necesarias para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional inicie acciones penales contra los directivos y empleados de CAF que participen en dicho proyecto".