Este artículo se publicó hace 8 años.
Las subvenciones electorales benefician a los partidos que derrochan en sus campañas
Los partidos que gastan menos del máximo que les corresponde por escaños y votos, pierden el dinero.
Vicente Clavero
-Actualizado a
MADRID.- El rey Felipe VI ha pedido a los partidos que hagan una campaña “austera” en el caso previsible de que se repitan las elecciones. Así lo aseguran algunos de los dirigentes políticos que se han entrevistado con el rey esta semana, dentro de la nueva ronda de consultas para una eventual investidura. Sin embargo, el sistema vigente beneficia a las formaciones que más gastan, siempre y cuando lo puedan justificar.
Las subvenciones derivadas de las campañas electorales no son exactamente iguales por lo que se refiere al Congreso que por lo que se refiere al Senado. Tanto en la cámara baja como en la alta, hay una asignación fija por escaño: 21.167,64 euros; pero, además, cada voto para el Congreso se paga a 0,81 euros y los del Senado, a 0,31. Aparte, el Estado compensa con 0,18 euros por elector el coste del envío de propaganda electoral por correo postal (mailing).
Esas subvenciones tienen algunas condiciones. Las vinculadas al número de votos sólo se hacen efectivas a los partidos que consiguen al menos un escaño en la cámara correspondiente. Para percibir los 0,18 euros del mailing es necesario constituir grupo parlamentario.
Ninguna formación política puede cobrar más del equivalente a 0,32 euros por cada habitante de derecho de las poblaciones donde se presenta. Y, lo que es más importante, siempre hay que justificar los gastos.
Este sistema prima a los partidos con mejores resultados y es letal para aquellos que no consiguen escaños y deben afrontar por sus propios medios los créditos bancarios que normalmente piden para las campañas. Un caso paradigmático es el de UPyD, que el 20-D se quedó fuera de las Cortes, lo que le ha acarreado serios problemas financieros, hasta verse obligada incluso a abandonar algunos procesos judiciales contra la corrupción por falta de fondos para la asistencia letrada.
Pero el sistema no sólo prima a los partidos con mejores resultados, sino que también da una clara ventaja a los que más gastan frente a los más austeros, pues estos últimos no obtienen ningún beneficio por serlo. Para las elecciones del 20-D, por ejemplo, Podemos aseguró haber invertido unos tres millones de euros y eso es lo máximo que recibirá, aunque por escaños y votos tendría derecho a más de once millones, si se computan los resultados de sus confluencias.
Otro tanto le sucede a Ciudadanos, cuyo tope de subvención es de 7,1 millones de euros, a tenor de los resultados cosechados el 20-D; pero que sólo gastó cuatro, según tiene declarado. La diferencia en contra del PSOE resulta mucho menor, pues la campaña le costó 9,1 millones, 1,5 menos de su subvención máxima. Con el PP es imposible hacer los cálculos porque no ha revelado públicamente el desembolso que hizo, si bien puede recuperar hasta 15,3 millones.
Para cobrar las subvenciones, los partidos tienen que proporcionar las facturas pertinentes al Tribunal de Cuentas, que se encarga de validarlas. A lo más que pueden aspirar en conjunto por las elecciones del 20-D es a 52,7 millones de euros, que es la cifra establecida desde 2012.
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