La subida del salario mínimo interprofesional en septiembre a la que ha apuntado Nadia Calviño este martes tiene mucha entidad en el seno de la coalición de Gobierno por sí misma, pero, además, la rectificación se produce en un momento clave para el futuro del Ejecutivo.

A pocos días de que el PSOE y Unidas Podemos arranquen la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado, la marcha atrás de la vicepresidenta primera de Economía engrasa la dinámica de los acuerdos y refuerza la confianza entre los dos socios de Gobierno.

El del SMI se había convertido ya en un problema enquistado dentro del Ejecutivo, un problema que se arrastraba desde finales del pasado año, cuando Pedro Sánchez decidió, en connivencia con Calviño, congelar la cuantía del salario mínimo al entender que "no era el momento económico" y que esta medida podría lastrar la recuperación económica.

Desde entonces, la vicepresidenta segunda de Trabajo, Yolanda Díaz, se había marcado como objetivo la subida en 2021, dibujando una hoja de ruta a través de varios ejes para lograrlo. En primer lugar, Díaz conformó un grupo de expertos a los que encargó un informe sobre cómo se debería cumplir el acuerdo de coalición en esta materia, que compromete una subida del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio al final de la legislatura. En este grupo estaban representados varios sectores del Gobierno (incluida la Vicepresidencia de Economía) y otros actores, como los sindicatos.

A su vez, cuando Díaz asumió la vicepresidencia y el liderazgo de Unidas Podemos en el seno del Gobierno, tras la marcha de Pablo Iglesias, comenzó un diálogo directo y permanente con el presidente, y en las muchas conversaciones que han mantenido hasta el momento la subida del salario mínimo era un tema recurrente.

Un desbloqueo a las puertas de una negociación compleja

Para la Vicepresidencia de Trabajo, la subida del SMI era una condición indispensable para defender la "recuperación económica por abajo e igualitaria" que el Gobierno liga a los fondos europeos. La imagen de un momento en el que España recibe tanto dinero y en el que se habla de macroproyectos a gran escala que van a transformar el mercado productivo es, a juicio de Unidas Podemos, contradictoria con los picos históricos del precio de la luz o con que el Ejecutivo se niegue a subir el salario de aquellos trabajadores que se encuentran fuera de convenio y que han visto una merma de su poder adquisitivo en el último año porque la congelación del SMI coexiste con una subida del IPC.

Finalmente, Calviño ha rectificado y ha apuntado a que en septiembre se abordará la subida del salario mínimo, en caso de que la evolución del mercado laboral siga siendo favorable. Preguntados por esta cuestión, desde la Vicepresidencia Segunda de Trabajo se han mostrado satisfechos por el cambio de posición, pero han evitado hacer más declaraciones.

Sin embargo, en Unidas Podemos saben que este giro del PSOE y el desbloqueo del SMI es un precedente que lleva a la coalición a uno de sus mejores momentos a las puertas de empezar una de las negociaciones más complejas del año, la de los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

La propia Díaz ya avanzó que en estas negociaciones se abordarán otras leyes y reformas enquistadas o pendientes, como la regulación de los precios del alquiler, la reforma fiscal o la lucha contra los oligopolios del mercado eléctrico. Estos tres puntos dividen al PSOE y a Unidas Podemos y las fricciones van a ser prácticamente inevitables; pero comenzar las negociaciones después de haber desbloqueado medidas tan importantes como la ley trans o la subida del SMI podría hacer más fácil el camino que la coalición recorrerá en las próximas semanas y meses.