La Ley de Amnistía ha sido el principal obstáculo para los represaliados del franquismo en su acceso a la verdad, justicia y reparación. Esta norma, promulgada en 1977, sirvió para vaciar las cárceles de presos políticos, pero también para blindar la dictadura, ya que buscaba pasar página sobre "los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976".

Esta piedra intocable de la Transición, defendida a capa y espada por el bipartidismo imperante en el panorama político desde la reinstauración de la democracia, fue el caldo de cultivo de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, una denuncia de las víctimas de la dictadura que encontró cabida al otro lado del charco ante la imposibilidad de que los verdugos fueran juzgados en el país donde pertrecharon sus delitos.

En este sentido, once años después de iniciarse la causa, el exministro franquista Rodolfo Martín Villa ha sido procesado por la magistrada María Servini como "responsable del delito de homicidio agravado" de cuatro personas tras la muerte del dictador Francisco Franco, entre 1976 y 1978, siendo esta la primera vez que la Justicia de un país procesa a un representante del franquismo por delitos imprescriptibles.

Una nueva oportunidad

Si bien, este obstáculo para acceder a la Justicia en el Estado español sigue siendo una de las principales reivindicaciones de las organizaciones memorialistas, que ven en el proyecto de Ley de Memoria Democrática una nueva oportunidad para derribarlo con el viento a su favor.

En 2007, con la vigente Ley de Memoria Pública impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se consiguió la modificación de los aspectos más lesivos de la Ley de Amnistía, ya que el Ejecutivo logró impulsar la norma pese a no contar con el apoyo de ERC. Ahora, con un Gobierno de coalición en minoría, el PSOE, reticente a abrir este melón, está obligado a sentarse a hablar sobre ello.

Y esta obligación viene de la presión que sus aliados parlamentarios han ejercido en el marco de la tramitación de la norma planteada por el departamento que actualmente lidera Félix Bolaños. Por un lado, de Unidas Podemos, y por otro, de los socios independentistas.

Entre las enmiendas que el el grupo confederal tiene previsto registrar se encuentra la nulidad de los epígrafes e) y f) del art. 2 de la ley, que contemplan la amnistía para "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley" (apartado e), así como para los "delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas" (apartado f).

En esta línea, Unidas Podemos justifica este cambio como "medio óptimo para despejar el camino a las peticiones de investigación, persecución y reparación de los crímenes del franquismo que sistemáticamente quedan frustradas en los tribunales por la aplicación de la Ley de Amnistía". "Se trata de delitos de lesa humanidad que, por su naturaleza, no prescriben tal y como remarca también el criterio mantenido por Naciones Unidas", añade en su motivación.

Asimismo, ERC, Junts, CUP, PdeCat, EH Bildu y BNG han presentado conjuntamente este lunes cinco enmiendas al proyecto de Ley de Memoria Democrática, entre las que se encuentran también varias modificaciones a la norma de 1977. 

Así, además de exigir la derogación de los los apartados e) y f) del artículo segundo, plantean introducir un nuevo párrafo al artículo 9 en el que rece: "Las disposiciones contenidas en esta ley no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos".

Estos grupos, imprescindibles para que la norma reciba luz verde en el Congreso ante la oposición de las derechas, insisten en que sin estas modificaciones "se continúa perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los de lesa humanidad".

En otras palabras, estas formaciones entienden que no hay reforma de la memoria sin la reforma de la amnistía. Y, en este contexto, el grupo socialista, consciente de la actual aritmética parlamentaria, está obligado a sentarse a negociar sobre este asunto intocable si quiere sacar adelante la nueva ley de Memoria.