JupolEl sindicato policial que denunció a Villarejo pide que se investiguen los negocios del líder de JUPOL

El sindicato policial Agrupación Reformista de Policía (ARP) reclama a al Ministerio del Interior que se investigue al subinspector y secretario general de JUPOL José María García, en relación con sus actividades empresariales privadas, presuntamente prohibidas a funcionarios, denunciadas este pasado martes por Público y que, de ser ciertas, se actúe en consecuencia aplicando la ley. 

En este sentido, la ARP registró este pasado martes un escrito a la Dirección General de la Policía firmado por su coordinador general, Luis Miguel Lorente, donde destaca la gravedad de los hechos denunciados por Público, y pide que sean confirmados por la Unidad de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, ya que podría suponer la comisión de "una falta muy grave" prevista en el artículo 7.i de la Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del CNP, bajo el concepto del "incumplimiento de las normas de incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad".

El subinspector José María García Fernández, secretario general de JUPOL (el sindicato mayoritario de la policía en España), es propietario desde 2015 de la empresa Excavaciones y Asfaltos de Avilés SL, que realiza trabajos de obras públicas, construcciones y actividades inmobiliarias, sin haber solicitado al Ministerio del Interior, la preceptiva habilitación para desarrollar sus actividades empresariales privadas, como es obligación de todo empleado público.

Las actividades de esta empresa propiedad del policía nacional asturiano (coloquialmente conocido como Chema García) generaron en 2018 una cifra de negocio neto de 131.016 euros, notablemente superior al ejercicio anterior, que superó los 105.000 euros, según las últimas cuentas anuales obrantes en el Registro Mercantil.

Los funcionarios públicos y los negocios privados

Según esto, el actual secretario general de JUPOL podría enfrentarse a una situación similar a la del policía youtuber Alejandro Leon Atienza, más conocido como Jandro Lion. Este policía nacional de Móstoles se enfrenta a varios expedientes y sanciones disciplinarias de suspensión de empleo y sueldo por actividades económicas privadas no comunicadas al Ministerio del Interior, que realiza en plataformas digitales y en sus canales de YouTube.

En el caso del líder de JUPOL la ley de incompatibilidades es muy clara en su caso, ya que la ley prohíbe expresamente que un funcionario público pueda contratar con cualquier institución del Estado, tal y como recoge el Capítulo IV, relativo a las actividades privadas de los funcionarios señalados en los puntos c) y d) del artículo 12 de la Ley 53/1984.

Los únicos policías que denunciaron a Villarejo

En este sentido, el coordinador general de ARP señala que es "deseable que quienes disponen de la información necesaria para disipar las dudas generadas por tales noticias, es decir, el propio afectado, el sindicato al que representa o la Administración, la hagan pública, con el finde evitar que la incertidumbre continúe afectando a la imagen del Cuerpo y sindicatos policiales".

La trayectoria de ARP, desde su nacimiento en 2016, ha marcado un punto y aparte en la actividad sindical en el Cuerpo Nacional de Policía, marcando un estricto perfil democrático, profesional, reivindicativo y defensor de los derechos humanos, alejado de los comportamientos de la vieja guardia y combatiendo los vicios heredados por mandos retrógrados al servicio de intereses políticos espurios.

Por eso, la ARP fue la única central sindical que se atrevió a denunciar al comisario jubilado Jose Manuel Villarejo ante la Fiscalía Anticorrupción, por revelación de secretos. ARP señaló en su denuncia que las grabaciones de audio protagonizadas por Villarejo, "son un compendio de conductas reprobables protagonizadas por policías de alto rango y sus cómplices, políticos, empresarios y toda una serie de personajes que forman un sainete de corrupción que se ha denominado ‘cloacas del Estado".