Este artículo se publicó hace 6 años.
La sentencia del 1-O pondrá contra las cuerdas al Estado y a los independentistas
El 16 de octubre se cumplen dos años del ingreso en prisión de los políticos catalanes presos. Todo apunta a que el fallo se conocerá antes de ese día. Pero hay decenas de procesos abiertos.
Madrid-
La sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés, por rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos, será histórica y sus principales actores calientan motores para el momento en que se promulgue.
El fallo que salga del Supremo condicionará la relación entre el Gobierno central y el autónomo catalán. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontrará en funciones, pendiente de la convocatoria electoral del 10 de noviembre si no prospera una coalición con Unidas Podemos. Y el presidente del Govern, Quim Torra, tendrá que decidir si convoca elecciones o da paso a un gobierno de concentración, como pretende ERC.
Los distintos partidos soberanistas organizan la respuesta política, jurídica y social para cuando se difunda esta sentencia sobre el juicio del 1-O tras cuatro meses de vista oral y más de 500 testigos que declararon en el Supremo.
Los independentistas se muestran muy divididos en especial por el intento de Carles Puigdemont de dirigirlos desde Waterloo, pero se prevé que les una la sentencia del Supremo.
El 16 de octubre se cumplen los dos años del ingreso en prisión preventiva de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de ANC y Òmnium. Y aunque el plazo de dos años de cárcel es prorrogable, los magistrados del Supremo quieren evitar dicha prórroga.
Por ello, el fallo se conocerá justo en los aledaños del segundo aniversario del 1-O, cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional quedaron solos en la defensa de la orden de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de impedir el referéndum del 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y declarado después ilegal. Los políticos responsables se ponían de perfil.
“Yo no diseñé el operativo del 1-O”, dijo durante el juicio del Supremo el testigo y entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
El magistrado ponente, Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, trabaja con intensidad en la redacción de la sentencia y en busca del consenso de los otros seis jueces que componen el tribunal: Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo.
La sentencia juzgará si 9 de los doce acusados cometieron rebelión: el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolores Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC (Sànchez, actual diputado del PDeCAT) y el presidente de Òmnium Cultural, Cuixart.
¿Existió violencia?
La clave está en dilucidar si hubo violencia, como sostiene la Fiscalía en su acusación. Es un requisito exigido en el grave delito de rebelión (se precisa probar que existió un alzamiento público y violento, en este caso para derogar la Constitución y declarar la independencia). En cambio, la Abogacía del Estado argumentó que existió un alzamiento público y tumultuario en el que hubo uso de "fuerza" pero no "violencia" como elemento estructural del plan de los acusados.
La Fiscalía pide penas de 16 a 25 años de cárcel por rebelión para los nueve acusados en prisión provisional de los doce que se sientan en el banquillo –con Junteras, líder de ERC, a la cabeza-, mientras que la Abogacía pide penas de 8 a 12 años por sedición.
Inhabilitación política
Más consecuencias políticas. Una posible condena iría acompañada de la inhabilitación de los políticos; esto es, de su imposibilidad de ejercer cargo público. Lo que supone que no podrían concurrir a las elecciones los tres diputados presos de JxCat (Rull, Sànchez y Turull), ni los de ERC (Junqueras y Romeva).
El futuro de Torra
En otoño también se despejará el futuro judicial de Quim Torra, investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por el delito de desobediencia al no haber descolgado lazos amarillos y símbolos políticos de la fachada del Palau de la Generalitat durante las elecciones y en contra de la orden de la Junta Electoral Central.
Juicio a la Mesa del Parlament
En el TSJ de Catalunya se instruye además la causa contra otros seis procesados en la causa del 1-O a los que la Fiscalía solo atribuía un delito de desobediencia. Se trata de los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet Santacana y Joan Josep Nuet, y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.
El TSJ investiga en otra causa a Josep María Jové, actual diputado de ERC, por la organización del 1-O. La pieza ha llegado allí proveniente del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona a consecuencia de su aforamiento al ser diputado. Los delitos: malversación, desbediencia y revelación de secretos.
Jové, el exsecretario general de Vicepresidencia del Govern en 2017, y el entonces exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó fueron detenidos por orden del juez de Barcelona en el marco de la operación de la Guardia Civil durante el registro de la sede de Economía el 21 de septiembre de 2017.
El TSJ de Catalunya debe decidir ahora si juzga también a Salvadó.
La logística del 1-O
Mientras, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona prosigue la investigación de la organización y logística del proceso independentista.
La titular del juzgado, Alejandra Gil Lima –quien sustituyó al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido en noviembre de 2018 a causa de una leucemia- mantiene esta causa abierta en varias piezas.
En una de estas piezas ha acordado el procesamiento de 30 de las 45 personas investigadas. Considera que había un “plan común” y una “estrategia” para celebrar la consulta y declarar la independencia de Catalunya.
La mayoría son ex altos cargos del Govern de Puigdemont: la segunda línea del Ejecutivo, los números dos y tres de los distintos departamentos, y que tuvo un papel “decisivo” en la organización del referéndum. La magistrada impuso a 17 de ellos una fianza global de 5,8 millones de euros al ser la cantidad “supuestamente gastada o comprometida” para celebrar el 1-O.
También serán juzgados, por desobediencia, la responsable de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (Núria Llorach) y los directores de TV-3 (Vicent Sanchís) y de Catalunya Ràdio (Saül Gordillo), al permitir que se difundieran anuncios sobre el 1-O, pese a haber sido advertidos por el Tribunal Constitucional.
La magistrada Gil Lima continúa la investigación sobre las otras 15 personas incluidas en la causa, entre ellas Carles Viver Pi i Sunyer —considerado el “arquitecto jurídico” del procés— y el exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal.
Cargas policiales
En el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona se investigan los incidentes ocurridos en la jornada del 1-O, con las denuncias de las cargas policiales. Entre ellas, la de Roger Español, quien perdió la visión de un ojo por una pelota de goma, y a 13 policías nacionales que intervinieron en aquella carga del colegio Ramon Llull. Español, además de víctima tiene la condición en dicho proceso de investigado por haber arrojado una valla contra un agente de la policía.
Sólo esta causa consta de una treintena de piezas separadas, una por cada colegio electoral donde se aprecian indicios de delito.
En Catalunya hay hay decenas de causas abiertas en distintos municipios por el 1-O. Además, el juzgado de instrucción 2 de Girona admitió una denuncia del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la Policía Nacional, por un presunto delito de detención ilegal. La Policía detuvo a 16 personas por cortar las vías del AVE el 1 de octubre de 2018, en el primer aniversario del 1-O.
Cinco millones por el 9-N
En el ámbito de la responsabilidad económica, el expresidente catalán Artur Mas recurrirá al Tribunal Supremo la decisión del Tribunal de Cuentas de considerarlo responsable del gasto de casi 5 millones de euros públicos en la organización del referéndum del 9-N. Junto a él han sido condenados los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, entre otros exaltos cargos de la Generalitat.
Todos ellos acudirán a la Sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal.
Las fianzas y las multas han sido financiadas por la llamada Caja de Solidaridad, organizada por ANC y Òmnium.
La sentencia del Supremo, la Diada y el segundo aniversario del 1-O. Todo en uno. Ya en enero, el día 20, arranca el juicio por rebelión en la Audiencia Nacional contra Josep LLuís Trapero y el resto de la cúpula de los Mossos por el 1-O.
El calendario pondrá contra las cuerdas al Estado y a los distintos partidos independentistas. Si se producen conflictos callejeros tras la difusión de la sentencia del Supremo, se abrirán nuevas causas judiciales.
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