Seis asesinatos impunes del franquismo y la Transición siguen escondidos tras la Ley de Secretos Oficiales

El atentado sufrido en el bar Aldana, en la localidad de Alonsotegi (Bizkaia), la noche del 20 de enero de 1980 es uno de los crímenes ocurridos en la Transición sin esclarecer y del que nadie, ni Gobierno ni jueces, da cuentas sobre la investigación. Un paquete con seis kilos de goma-2, colocado a las puertas del bar mató a cuatro personas e hirió a una docena. El atentado fue reivindicado por la organización terrorista de extrema derecha Grupos Armados Españoles (GAE), unas de las siglas bajo las que operó el primer terrorismo de Estado, precursor de los GAL.

Las víctimas del atentado del que justo ahora se cumplen 42 años fueron Manuel Santacoloma, el matrimonio formado por Mari Paz Ariño y Pacífico Fika, y Liborio Arana, el lechero del pueblo, con nueve hijos. Uno de ellos, Iñaki, con los años, se convirtió en ertzaina para así poder averiguar desde la Policía vasca la autoría del atentado, pero fue en vano. 

"Probablemente perdonaría a quien puso la bomba, si supiera quién fue, pero al que ordenó ponerla no le perdonaría nunca", dice Iñaki Arana a Público. Este 'berrozi' [el cuerpo de la élite de la Ertzaintza] ya jubilado está convencido de que el atentado fue una venganza contra el pueblo de Alonsotegi, por entonces anexionado a la localidad de Baracaldo, por haber votado a un alcalde del PNV. 

Iñaki Arana recuerda nítidamente la noche del atentado y se emociona cuando cuenta que el cuerpo de su padre quedó hecho añicos y la familia tuvo que ir buscándolos entre las ruinas del bar y recogiéndolos con rapidez ante la presencia de una cuadrilla de limpieza desplazada hasta el lugar y que iba barriendo todo lo que se encontraba a su paso. 

También encontró Iñaki los restos de la bomba y los entregó a la Policía que investigaba el atentado. Entre los agentes estaba uno que se haría muy famoso poco tiempo después: José Amedo, condenado por varios crímenes perpetrados por los GAL. "La familia jamás ha podido ver el sumario, ni se nos ha informado de nada que tenga que ver con la investigación", se queja Iñaki. 

Investigación oculta

En 2020 se conoció, por fin, que el sumario correspondiente al atentado del bar Aldana era el 88/80 del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia

Nacional. Fue gracias al interés del PNV, en concreto de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, que desde 2014 llevaba preguntando al Gobierno por el expediente de este atentado impune. 

La respuesta del Gobierno fue esta: "En relación con la pregunta de referencia, se informa que las gestiones indagatorias para el esclarecimiento de la explosión en el Bar Aldana en Alonsotegui (Vizcaya), el 20 de enero de 1980, fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Bilbao a la Brigada Regional de Policía Judicial de Bilbao, para lo cual se instruyeron diligencias nº 197, de fecha 22 de enero de 1980. Estos hechos dieron origen al sumario 88/80 del Juzgado Central de Instrucción Nº 1 de la Audiencia Nacional, que decretó Auto de Sobreseimiento Provisional el día 12 de mayo de 1981".

El Gobierno dice que el expediente está en los juzgados, pero allí lo niegan

Pero dónde están los atestados policiales de la investigación abierta dos días después del atentado, según el Gobierno. "La documentación generada fruto de las diligencias policiales fue aportada en su momento por los funcionarios actuantes a los dos Juzgados citados: Juzgado de Instrucción Nº 4 de Bilbao y al Juzgado Central de Instrucción Nº 1 de la Audiencia Nacional, que son los depositarios, no solo de la instrucción practicada sino de todos los informes y documentos obrantes de la misma de cara al esclarecimiento de los hechos", consta en la respuesta gubernamental recibida por el PNV el 17 de enero de 2020. Sin embargo, cuando Aitor Esteban pidió el expediente a esos juzgados, la respuesta fue que no tenían nada.

Nadie ha visto el expediente del bar Aldana, salvo los que lo hayan ocultado. Ni siquiera se conoce si lleva el sello de información secreta o reservada, las calificaciones que ampara la Ley de Secretos Oficiales, en vigor desde 1968. El motivo es que no existe un catálogo de las materias declaradas secretas por los diferentes gobiernos. También es secreta la decisión de declarar un asunto como secreto oficial. Por tanto, no existe ni control judicial ni control parlamentario ni periodístico sobre las materias secretas, impidiéndose así una adecuada y democrática vigilancia sobre la actividad gubernamental. 

La reforma de Ley de Secretos Oficiales continúa bloqueada en el Congreso. Es una pretensión histórica del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que lleva desde 2016 insistiendo en derogar la actual legislación franquista en esta materia. El PNV ha presentado una proposición de ley que incide en dotar a los secretos de Estado de una fecha de caducidad, como ocurre en el resto de países europeos. En España los secretos oficiales son eternos, no caducan nunca.

A estas alturas, Iñaki Arana no alberga esperanzas de que se resuelva el crimen.  Cree que la policía destruyó las pruebas sobre el atentado de bar Aldana. "No van a ir contra ellos mismos", dice en relación a la connivencia demostrada entre los miembros de los Grupos Armados Españoles (GAE) y las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado en la Transición. 

Amenazas del entorno de ETA

La década de los años 80 fue muy dura para este vecino de Alonsotegi y de su familia tras el asesinato del padre. Tanto él como uno de sus hermanos se convirtieron en ertzainas para poder investigar el crimen. "Mi madre recibía amenazas del entorno de ETA: "Los otros te han matado al marido, pero nosotros vamos a matar a tus hijos por ser ertzainas"". 

Cuenta Iñaki que a la Policía vasca jamás llegaron indicios de la autoría del atentado del bar Aldana, pero su hermano y él investigaron por su cuenta. "Había un policía, padre del que luego fue un famoso futbolista, que iba diciendo que había participado. También teníamos esperanzas con un policía experto en explosivos que se pasó a la Ertzaintza, yo entablé buena relación con él, pero el pobre murió en un atentado de ETA". 

Los asesinatos impunes de Antón Fernández y Josu Murueta

La primera gran movilización social contra la contaminación tuvo lugar en la localidad vizcaína de Erandio, en 1969, cuando estaba prohibido manifestarse. Las órdenes de la policía franquista eran las de sofocar con violencia cualquier conato de insurrección. Y en Erandio, por entonces, un barrio de Bilbao, lo cumplió a rajatabla. La zona llevaba años sufriendo las emisiones contaminantes de varias empresas químicas estadounidenses, además de las de la industria local. 

El 28 de octubre de 1969 cientos de personas salieron a la calle para protestar al grito de "gases, no". Estaba anocheciendo ya cuando la Policía Armada-- conocida como los 'grises'-- cargó contra los manifestantes. Antón Fernández, de 54 años, un padre de familia, salió al balcón para ver lo que pasaba y recibió un tiro en la cabeza. Moriría 15 días después en el hospital. "Le tenían custodiado día y noche por un policía con una metralleta", dice a este diario Concha Fernández, su hija. 

Al día siguiente, se produjo en repulsa una gran manifestación, de unas 150.000 personas. Los comercios de Erandio cerraron en señal de protesta. Las calles se llenaron de trabajadores de las fábricas y de los astilleros que se encontraron de frente con los disparos de los 'grises'. Josu Murueta, de 31 años, cayó abatido por una bala en el estómago. Las muertes de esos dos hombres siguen impunes 52 años después: jamás se investigó a los responsables ni se celebró juicio alguno.

Las muertes siguen impunes 52 años después: jamás se investigó ni se celebró juicio alguno

Muerte "casual"

Concha Fernández tiene hoy 76 años y un rictus de amargura marca su semblante. "No descansaré hasta que mi padre sea declarado como víctima de la violencia policial", clama. Recuerda el dolor de su madre y de toda la familia en el hospital de Basurto donde su padre, en coma, yacía con la cabeza envuelta en vendas parapetado por un policía con su fusil, por si el moribundo decidía escaparse. Así de terribles eran las cosas entonces, en la dictadura, pero lo que Concha no entiende es por qué ahora sigue existiendo la misma impunidad de entonces. "Ni una explicación, ni un perdón, nada. Mi padre murió como si fuera un perro. En el certificado de defunción sólo pone que murió, pero no indica de qué. No podían poner la verdad: que murió por impacto de bala de un policía en el cráneo. No tenemos ni la autopsia ni nada".

¿Se le hizo la autopsia al cadáver de Antón Fernández? ¿Qué mando policial ordenó disparar a los manifestantes? Esta y otras preguntas trascendentales siguen sin respuesta 52 años después. El expediente del caso está en paradero desconocido, aunque en teoría debería estar entre los fondos del inaccesible archivo del Ministerio del Interior. 

Antón no es víctima de la violencia policial

Al drama de la familia Fernández se suma la desconcertante e indignante respuesta oficial desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en marzo de 2010; en concreto desde la Comisión de Evaluación que establece la Ley 52/2007 de 26 de diciembre de resarcimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. 

Dicha comisión rechazó la reclamación de Concha Fernández y dictaminó que su padre no es víctima de la violencia de la dictadura, porque murió en su casa --en el balcón de su casa-- y no luchando o manifestándose a favor de la democracia. 

El abogado de Concha, José Antonio Lozano Murga, recuerda con indignación esa resolución y la respuesta judicial posterior. "Planteamos un recurso contencioso-administrativo contra el rechazo de nuestra reclamación pero los jueces no lo admitieron. Llevamos a un testigo directo que había estado en la manifestación y que describió el contexto de represión policial que rodeó la protesta vecinal", dice el letrado. Pero la prueba que esgrimió la comisión de evaluación gubernamental fue determinante: un recorte del periódico La Gaceta del Norte donde se aseguraba que la muerte de Antón Fernández fue "casual". 

"Qué iba a poner en un periódico del Régimen, en 1969, cuando no existía el derecho de manifestación ni la libertad de prensa --clama el abogado José Antonio Lozano Murga--. El caso de Antón Fernández es el paradigma de la falta de sensibilidad de la Administración central y de la Justicia en estos crímenes del franquismo". 

En cambio, la viuda de Josu Murueta sí fue indemnizada por el Estado español al haber muerto su marido en el transcurso de la manifestación de Erandio. Al margen de la legislación estatal, ambas familias fueron amparadas e indemnizadas por la legislación vasca en materia de violencia policial. 

Concha Fernández alberga esperanzas de que el caso de su padre tenga la respuesta que merece en cuanto a reconocimiento institucional. "Es mi objetivo en lo que me queda de vida". dice. Sin embargo, no cree que los nombres de los responsables del crimen salgan a la luz. "Estarán bien tapados en algún cajón con candado", clama.