Sánchez logra que Junts salve dos decretos 'in extremis' y Podemos tumba el de los subsidios
Las negociaciones entre el Gobierno y la formación que lidera Carles Puigdemont han dado su fruto y Sánchez logra salvar los muebles en la primera gran votación de 2024. "Es un gran día para la mayoría social de este país", afirma el presidente.
Madrid--Actualizado a
Pedro Sánchez logra, en unas negociaciones 'in extremis' con Junts per Catalunya, salvar dos de los tres decretos que ha llevado el Gobierno a Pleno este miércoles, gracias a la abstención de los posconvergentes. Ha habido suspense hasta el último momento. Un error a la hora de votar del diputado de Sumar Gerardo Pisarello ha provocado un empate en la votación del decreto 'anticrisis', pero en la repetición, que se ha llevado a cabo por llamamiento, el decreto ha sido convalidado. Solo ha caído, así las cosas, el decreto de los subsidios y la conciliación familiar por los votos en contra de Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Podemos.
Han prosperado, por tanto, el decreto 'ómnibus', que incluye muchas medidas en materia de justicia y necesario para que el Gobierno pida a la Unión Europea (UE) el cuarto desembolso de los fondos europeos —10.000 millones de euros— y el decreto 'anticrisis', con el que se prorrogará el 'escudo social' ante los efectos económicos de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.
A media tarde, casi todo el mundo daba por perdidos los tres paquetes de medidas y ya se hablaba de "un gran varapalo" para Sánchez, pero las negociaciones, cuyo hermetismo ha sido prácticamente total durante toda la jornada, han terminando dando su fruto. Eso sí, Junts no ha dado su apoyo gratis. A cambio de no votar ninguno de los decretos y, por lo tanto, decantar la balanza a favor del Gobierno, los posconvergentes, según confirman fuentes de la propia formación, han conseguido varias contrapartidas de gran calado.
Sin lugar a dudas, el tanto de más magnitud que se ha apuntado la formación que lidera Carles Puigdemont es la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat. Se ha pactado, también, cómo se producirá el traspaso. Se hará mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución, a través de una ley orgánica específica para Cataluña. Además, desde Junts explican que "la delegación de esta competencia irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Catalunya hacer una política integral".
También se compromete el PSOE a retirar el artículo 43 bis de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que incluye el decreto 'ómnibus'. Es un punto que especificaba que cualquier proceso legislativo se paralizaría cuando se elevara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que desaparecerá del decreto cuando entre en su proceso de enmiendas, habida cuenta de que se terminará tramitando como proyecto de ley.
Otras medidas que comprende el acuerdo son la reducción del IVA del aceite al 0%; reformar la ley de sociedades de capital en el Consejo de Ministros para revertir la el real decreto del PP del 2017 e incentivar que vuelvan las empresas que se fueron de Catalunya durante el Procés; multiplicar por cinco el dinero previsto para la digitalización de la justicia; que el Estado asuma la totalidad del coste de los descuentos y la bonificación del precio del transporte público y que se reconozcan los derechos históricos de Catalunya en materia de régimen local.
Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ofrecía una breve declaración a los medios en la que destacaba que el acuerdo era positivo para Catalunya. "Gana nuestro país", afirmó. "Junts siempre ha dejado muy claro sus condiciones" y el partido considera que deben "respetarse" las competencias de Catalunya.
PP, Vox, UPN y Podemos tumban el decreto del subsidio
Podemos, por su parte, ha apoyado tanto el decreto 'ómnibus', como el 'anticrisis', pero ha votado "no" al decreto 7/2023, el que incluye medidas para el desempleo y la conciliación familiar. Los votos en contra de los morados, sumados a los de Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han terminado por tumbar el decreto. Íñigo Errejón, diputado del Grupo Plurinacional de Sumar, ha tachado el voto de Podemos de "profunda irresponsabilidad". En la misma línea, la portavoz adjunta del grupo, Aina Vidal, lo considera una "falta de respeto a los desempleados y desempleadas".
El punto que ha motivado el voto negativo de los morados es el "recorte", en las palabras de la diputada Noemí Santana, que implica la rebaja progresiva en la base de cotización para la jubilación en mayores de 52 años. "Estamos deseando votar a favor", insistía la diputada a media mañana. Pero la negociación no ha prosperado y el decreto ha caído. Ione Belarra, en declaraciones ante los medios, ha lamentado que el Ejecutivo no haya accedido a atender su petición.
En el PSOE han decidido poner el foco principalmente en el PP. En un comunicado, tras ratificarse el decreto anticrisis, los socialistas señalan que los populares "han demostrado que solo es un partido de Estado crispado". "No ha dudado en votar contra once millones de pensionistas y otros millones de españoles que se veían beneficiados por estas medidas. La decisión tomada hoy por el PP lo inhabilita más todavía como alternativa, y ahonda en su estrecha relación con los neofascistas de Vox", señalan.
"Los españoles todavía están esperando una explicación lógica del
dirigente del PP para votar en contra de tantas medidas tan beneficiosas para los ciudadanos, más allá de obedecer las órdenes de Isabel Díaz Ayuso", señalan en Ferraz. Mientras tanto, consideran que sus acuerdos "son la expresión de la comprensión de una España más grande que
la realidad madrileña".
El líder del Ejecutivo ha comparecido ante los medios de comunicación para mostrar su satisfacción por el trabajo realizado. "Es un gran día para la mayoría social de este país", ha afirmado. Sánchez ha vuelto a recurrir a la épica para llevarse el gato al agua. Tanto es así, que la falta de entendimiento con Podemos no empaña el éxito de las negociaciones con Junts, a pesar de las contrapartidas que ha tenido que conceder el Ejecutivo.
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