La ruptura de Adelante Andalucía, tras la expulsión de Teresa Rodríguez y otros ocho diputados autonómicos, ha tenido importantes consecuencias económicas para el grupo parlamentario y para los partidos que lo controlan, IU y Podemos. Este año, el grupo ingresará 881.964,72 euros menos que el pasado, según se extrae de comparar el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Parlamento este mismo viernes con el de 2020.

Los grupos parlamentarios reciben cada año lo que se llama una asignación para sus gastos de funcionamiento, que se distribuyen, según la Mesa, de manera "estrictamente proporcional en función de su número de miembros [diputados] en el momento de la aprobación del proyecto de presupuesto". Al haber expulsado a 9 diputados y quedarse con solo 8, la Cámara "ha tenido en cuenta esta composición y Adelante ha recibido, en consecuencia, para este año 783.969 euros. El año anterior, la subvención había ascendido a 1.665.933,84 euros.

El resto de los partidos, al mantener la misma formación, reciben la misma subvención que el año pasado. El PSOE –33 diputados–, 3,2 millones; el PP –26 escaños–, 2,5 millones; Ciudadanos –21 parlamentarios–, 2,05 millones, y Vox –11 asientos–, 1,07 millones.

Este criterio, el de la proporcionalidad respecto a los parlamentarios actuales, que también se ha aplicado a Vox en su momento –el partido de ultraderecha perdió una diputada, que pasó a ser no adscrita– fue discutido en la reunión de la Mesa del pasado miércoles por el PSOE y por los diputados que controlan el grupo de Adelante, que van a presentar un recurso para que se reconsidere la decisión.

En él, reclaman que se use el criterio pactado –por algunos partidos, no todos– en la comisión de seguimiento del pacto contra el transfuguismo en noviembre del año pasado. Tanto IU como Podemos consideran que Rodríguez y los otros ocho parlamentarios son tránsfugas y la Mesa del Parlamento, al votar su expulsión con los apoyos de PSOE, Ciudadanos y Vox, aunque solo sea de manera implícita, también.

Ese acuerdo, firmado en Madrid, recoge lo siguiente: "El grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones económicas y administrativas que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad. De igual forma, el grupo político o parlamentario que haya visto reducidos sus integrantes en caso de transfuguismo no se verá afectado por las reglas establecidas para su disolución por reducción de miembros, computándose a tal efecto el número de personas electas que le corresponda según el resultado electoral, y no el de personas efectivamente integrantes del mismo tras el episodio de transfuguismo".

Transfuguismo

En el escrito firmado por Inma Nieto (IU), la portavoz del grupo, se argumenta también que el reglamento del Parlamento no recoge el criterio por el que ha optado la Mesa, salvo para el grupo mixto. Así, razona Nieto lo siguiente: "La anómala y patológica situación de transfuguismo supone un menoscabo grave en el funcionamiento del grupo. Añadir a ese perjuicio de pérdida de diputadas y diputados la reducción de medios es gravar sobremanera el funcionamiento del grupo, los derechos de sus diputados y diputadas, los derechos del sujeto político que presentó la candidatura y por último, los derechos de la ciudadanía a la que representa. Por eso, salvo para el supuesto del grupo Mixto, el reglamento pone el énfasis en garantizar la suficiencia de medios".

Además, Nieto recuerda que hay una reforma del reglamento en marcha y que eso debe de contar también. En conclusión, resume la portavoz: "El acuerdo de la Mesa es una incoherencia con nuestros propios actos, no podemos firmar un Pacto que dice A [el antitransfuguismo], no podemos registrar una Proposición conjunta que dice A [la reforma del reglamento ya planteada], y acordar a la vez en la mesa B [la asignación de 783.000 euros]".

La Ley sobre Financiación de Partidos recoge que, entre otras formas, los recursos económicos de los partidos políticos estarán constituidos por "las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los grupos parlamentarios de las Cámaras" autonómicas. Un acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 15 de marzo de 2017 regula el régimen de las subvenciones a los grupos y establece que estas "aportaciones de los grupos a los partidos políticos serán objeto de fiscalización exclusiva del Tribunal de Cuentas". Es decir, que esta subvención sirve para que los partidos se financien.