El Tribunal de Apelaciones de Londres dio este lunes permiso al rey emérito Juan Carlos I para recurrir el fallo del Tribunal Superior de Londres que el pasado marzo le denegó la inmunidad ante la demanda por supuesto acoso que ha presentado Corinna Zu Sayn-Wittgengstein.

Al término de una vista en la Sala número 71 del tribunal, el juez Nicholas Underhill autorizó a los abogados del emérito el permiso para apelar, por lo que se iniciará ahora un proceso legal para establecer si Juan Carlos I goza de inmunidad.

En marzo, el juez Matthew Nicklin del Tribunal Superior rechazó permitir el recurso, al considerar que, tal como explicó en su dictamen del 24 de marzo, Juan Carlos I no puede ampararse en la inmunidad porque los hechos que se le imputan no fueron "actos de Estado" sino que ocurrieron en el ámbito personal. 

En la vista de este lunes, que duró dos horas, el abogado del rey emérito, Timothy Otty, argumentó que hay razones para recurrir el caso por varios factores, entre ellos el "estrecho vínculo" del antiguo jefe de Estado con la familia real, el hecho de que Casa Real sea "un concepto" y no un lugar y que la inmunidad se aplica a la familia del rey Felipe VI, de seis miembros.

También mencionó el impacto que un proceso contra el emérito pudiera tener en la "dignidad" y las "funciones" del rey de España. Al referirse a la "dignidad", el abogado llegó a mencionar el caso del testamento del duque de Edimburgo, que no se hará público en los próximos 90 años para salvaguardar la dignidad de la reina Isabel II.

Otty comparó la inmunidad del jefe de Estado con la de los diplomáticos, al indicar que la Convención de Viena establece que la inmunidad de un diplomático se extiende a los familiares de éste al ejercer sus funciones. Pero el magistrado refutó este argumento al poner énfasis en que la inmunidad del diplomático le corresponde cuando éste está fuera de su país, mientras que los familiares del jefe de Estado están en su país.

En su demanda civil, Zu Sayn-Wittgengstein acusa al rey emérito de haberla sometido a "acoso" desde 2012 hasta ahora, personalmente o a través de "agentes" a su servicio, presuntamente coordinados en ocasiones por el antiguo director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, lo que Juan Carlos I niega.

Según la demandante, esas acciones, por las que reclama una indemnización por daños y perjuicios y una orden judicial de protección, "amenazaron" su seguridad y la de sus hijos. Esta apelación ralentizará el juicio por la demanda de Corinna o incluso puede hacerlo innecesario si la corte concluye que el rey emérito goza de inmunidad en la jurisdicción inglesa.

El equipo legal del emérito sostiene, por su parte, que la inmunidad se aplica a su cliente porque entre 2012 y su abdicación, el 18 de junio de 2014, aún era jefe del Estado y lo que hubiera ocurrido entonces (aunque no aceptan las acusaciones de Corinna) pudo haber sido desde una posición "oficial o de autoridad".

Los abogados del monarca emérito también han cuestionado la opinión del juez Nicklin de que Juan Carlos I no forma parte de la Casa del Rey Felipe VI, aunque sea miembro de la familia. Y alega que el caso merece ser recurrido por "su complejidad", dado que no hay precedentes en la jurisprudencia inglesa de que un exsoberano reclame inmunidad por actos presuntamente ocurridos tanto cuando era rey como cuando dejó de serlo.

El juez consideró entonces que el emérito, que se retiró de la vida pública el 2 de junio de 2019 y vive en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), "ya no es soberano o jefe de Estado" ni tampoco forma parte de la Casa Real de Felipe VI, aunque sea miembro de la familia, lo que le hubiera dado el derecho a la inmunidad.