Los diferentes cargos de Podemos que este viernes han comparecido en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla ante el juez Juan José Escalonilla, que investiga las cuentas del partido, han defendido el contrato suscrito con la firma Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y han insistido en que los trabajos encargados a esa consultora para los comicios se realizaron efectivamente.

Los gastos electorales con dicha firma son una de las supuestas irregularidades denunciadas por el abogado despedido de la formación José Manuel Calvente que todavía sigue investigado el juez (otras han sido ya archivadas).

El responsable de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, el de finanzas, Daniel de Frutos, la gerente del partido, Rocío Val, y la responsable de compras, Andrea Deodato (que han declarado como imputados ante el juez) han insistido en la legalidad del contrato que Podemos suscribió con Neurona Consulting para la elecciones de 2019, han asegurado que los servicios se realizaron con normalidad, y han señalado que los pagos a terceros que realizó esta empresa (una de las líneas de investigación del magistrado) no eran de su competencia.

Los responsables de Podemos (que han respondido a todas las preguntas menos a las formuladas por las acusaciones populares, entre las que se cuenta Vox) han sido preguntados por varios pagos que la filial de la consultora en España (Neurona Comunidad S.L.) habría realizado a la empresa Creative Advice Interactive, con sede en Dallas, a lo que han respondido que lo que hiciese después Neurona con el dinero recibido excedía su competencia y no tenían por qué estar al tanto.

Según fuentes jurídicas, Del Olmo (actualmente director de Estrategia y Comunicación en la Vicepresidencia segunda del Gobierno, con Pablo Iglesias) ha explicado al juez Escalonilla que conoció Neurona en 2018 de la mano de un directivo, César Hernández, en 2018, que decidió contratar con ellos para las elecciones de 2019 porque era una consultora que le ofrecía confianza en cuanto a su profesionalidad,  y que, una vez se contrataron sus servicios, tan solo tuvo trato con cuatro trabajadores de la empresa.

Del Olmo y los demás investigados de Podemos han detallado al juez cómo se desarrollaron los trabajos, tanto en la secretaría de Comunicación como a efectos administrativos.

Así, el responsable de finanzas del partido ha explicado que, aunque no estaba en el día a día de los trabajos que hacía Neurona, a través de diversos chats de Podemos en los que se hablaba de temas de campaña sí se comunicaba que esta empresa y otros proveedores de servicios electorales estaban enviando productos, como vídeos, por lo que tenía conocimiento de que el contrato se desarrollaba con normalidad.

Además, Daniel de Frutos, entonces administrador mancomunado de la coalición Unidas Podemos para el 28-A, ha contado que tenían la lupa en que no se excediese el techo de gasto estipulado para las elecciones y ha confirmado que cada uno de los dos responsables de las cuentas electorales valoraban los contratos por separado, como ya dijo la semana pasada al juez su homólogo en IU, Carlos García Ramos.

El abogado de Podemos, Gorka Vellé, a la salida de de los juzgados, ha asegurado a los periodistas que "todas las dudas están totalmente disipadas" y que "todas las denuncias han sido desmontadas". El letrado ha recordado que la semana pasada el partido entregó una extensa documentación sobre el trabajo de Neurona para la campaña (más de 1.400 documentos y otro material) y que, junto a las declaraciones ante el juez de este viernes, "hemos acreditado que los servicios se han realizado efectivamente". Por ello, el partido considera que "procedería acordar el cierre de la investigación".

Obras de las sede

Además del contrato con Neurona, el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid también indaga si hubo irregularidades en las obras de su nueva sede en la calle Francisco Villaespesa, el distrito madrileño de Ciudad Lineal. Según la denuncia de Calvente, éstas se licitaron por 650.000 euros pero la adjudicación se publicó por 1,3 millones, y además comenzaron antes de que se adjudicase el contrato.

Preguntados por este aspecto, los investigados han negado que hubiese ningún desvío de dinero, han explicado que la primera cantidad se correspondía a estimaciones que luego siempre pueden variar, y han recalcado que tanto la licitación como los propios trabajos de reforma han quedado acreditados en la causa.

El juez inició la investigación de las cuentas de Podemos a raíz de las denuncias del abogado despedido José Manuel Calvente, en torno supuestas irregularidades sobre el uso de la caja de resistencia del partido, las obras de reforma de su sede y los servicios electorales contratados con Neurona y la firma ABD Europa.

La Fiscalía había solicitado el archivo de estos asuntos, salvo el que se refiere a los gastos electorales (sobre los que también se pronunció el responsable del Ministerio Público en el Tribunal de Cuentas). El titular del juzgado de instrucción ha cerrado el caso en lo relativo a ABD Europa y a la Caja de Solidaridad, pero la causa continúa para los demás hechos denunciados.