El Partido Popular está dividido. Por un lado, quieren presentarse como oposición firme al Gobierno para neutralizar a Vox. Por otro, como un partido de Estado, capaz de ponerse de acuerdo con el Gobierno y llegar así a grandes consensos en materias como la violencia machista o la educación. Sin embargo, hace apenas 20 días que Pedro Sánchez fue investido como presidente del Gobierno y los conservadores, con Pablo Casado a la cabeza, ya han prometido una ofensiva judicial y parlamentaria al Ejecutivo sin descanso, con contrapesos desde las regiones en las que gobiernan.

Los 11 pactos de Estado que prometió Casado a Sánchez parecen cada día más lejanos. Y con ellos, uno de los asuntos más urgentes para el Gobierno y que ha de contar con el apoyo de 210 diputados, tres quintas partes de la Cámara Baja: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los populares han rechazado la desginación de la exministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado y la reforma del Código Penal para rebajar las penas asociadas al delito de sedición.

Las fuentes consultadas en Génova señalan que "cada día es más difícil" pactar un acuerdo con los socialistas para la renovación del CGPJ, especialmente tras los últimos movimientos del Gobierno en esta materia. Sin embargo, no cierran del todo la puerta al acuerdo. Apelan a esperar un "tiempo prudencial" para que se vaya diluyendo el nombramiento de Delgado.

Asimismo, los conservadores han puesto una serie de condiciones a Sánchez: la despolitización de la Justicia para que los fiscales generales no puedan ser políticos, que se refuerce la euroorden y la tipificación del referéndum ilegal. Desde la formación presidida por Pablo Casado creen que el presidente del Gobierno no cederá porque "está demasiado supeditado a los independentistas. Si lo hace, se queda sin presupuestos".

"No tenemos ninguna prisa", afirman fuentes de la dirección a Público. En el PP son conscientes de que este Poder Judicial les beneficia. La mayoría conservadora -surgida de las Cortes Generales de 2013- ha permitido que, en este tiempo de interinidad, su presidente, Carlos Lesmes haya renovado a 46 altos cargos de la cúpula judicial. Eran decisiones que hubiera correspondido al próximo Consejo y que condicionarán la Justicia en los próximos 20 años.

"Este Consejo es el que tiene más vocales próximos al partido y en la situación que estamos con Catalunya es necesario contraponerlo a la Fiscalía", sostiene una alta fuente popular para explicar el motivo por el cual Casado quiere utilizar al CGPJ como ariete contra el Gobierno. El líder del PP pidió al órgano de gobierno de los jueces que declarase que Dolores Delgado no reunía "los requisitos de idoneidad" para ser fiscal general. Finalmente, su candidatura salió adelante, aunque sin unanimidad: doce votos a favor y siete en contra.

"El PP está haciendo valer su posición para sacar ventaja"

"El PP está haciendo valer su posición para sacar más ventaja", explicaba hace unos días una fuente judicial conservadora que considera que en unos meses los populares aceptarán negociar con PSOE y Unidas Podemos. Una estrategia que la formación ya puso en práctica en el año 2004, cuando Enrique López –recién nombrado portavoz de Justicia en el PP– que formaba parte del CGPJ, convirtió al organismo en el ariete del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, durante el año y diez meses que estuvieron en funciones.

La renovación del CGPJ requiere del pacto entre el Gobierno con la oposición, ya que exige una mayoría reforzada. Y la modificación del sistema también exige esta mayoría porque supone reformar una Ley Orgánica, la del Poder Judicial. Un pacto que estuvo a punto de alcanzarse la legislatura pasada, pero que se frustró después de que se filtrara un mensaje interno del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que, a pesar de que el órgano no iba a tener una mayoría conservadora, con Manuel Marchena en la presidencia los de Casado podrían "controlar por detrás" la sala encargada de juzgar a los políticos del procés.

Tras la polémica, los populares elaboraron una iniciativa legislativa de urgencia para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en ese momento se estaba tramitando en el Senado, Cámara en la que el PP tenía mayoría absoluta. La propuesta recogía que, en al menos 12 de los 20 puestos del órgano, los candidatos debían ser elegidos por los propios jueces. Esta medida también se incluye en las exigencias de Casado a Sánchez para sentarse a negociar la renovación.