El Tribunal Constitucional  (TC) comienza a partir de este lunes el análisis del borrador de sentencia sobre la Ley de Seguridad Ciudadana -la llamada ‘ley mordaza’- a partir del recurso presentado en 2015 por PSOE, IU, Grupo Mixto, UPyD, CiU y PNV.

Estos grupos parlamentarios recurrieron hace cinco años al TC contra doce artículos de esta norma por las supuestas vulneraciones de los derechos de manifestación, reunión, libertad de expresión y a la tutela judicial efectiva.

El borrador de sentencia ha sido repartido este lunes entre los magistrados durante el pleno, y su contenido no va a ser deliberado todavía, sino que se ha entregado para que sea estudiado y deliberarlO en un próximo pleno.

La propuesta de ponencia considera inconstitucionales las devoluciones en caliente de extranjeros que entran ilegalmente en las fronteras, como ocurre en Ceuta y Melilla, informa Javier Álvarez, de la Cadena Ser.

También propone declarar inconstitucionales el registro corporal que incluye el desnudo integral o parcial, las sanciones graves por manifestarse frente al Congreso, el Senado y las cámaras parlamentarias o las multas por utilizar imágenes de la policía.

La ponencia ha sido redactada por el magistrado progresista Fernando Valdés Dal Ré.

Los recursos de inconstitucionalidad presentados por los grupos parlamentarios se han distribuido en dos futuras sentencias. La primera ponencia es la redactada por Valdés, mientras que la segunda será posterior y la redactará el presidente del TC, el conservador Juan José González Rivas.

La primera ponencia será la que fijará la doctrina del TC, ya que recogerá los aspectos más polémicos y el texto definitivo que se vote deberá ser asumido en la siguiente sentencia.

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana entró en vigor el 1 de julio de 2015.

Devoluciones en caliente

El borrador que propone el magistrado Valdés al TC considera que las devoluciones ‘en caliente’ privan a los extranjeros de sus derechos como persona, al margen de su situación administrativa. Por lo tanto, estos emigrantes están protegidos por la legislación de extranjería para un trámite de expulsión, como son los derechos a la asistencia letrada, a un intérprete, derecho a recurrir…

Desnudos

Los registros policiales con desnudo -parcial o total- son considerados desproporcionados en este borrador al lesionar los derechos a la intimidad personal y a la dignidad de las personas y no concretar los motivos específicos y las circunstancias concretas que permiten a un agente realizarlos.

Multas por manifestarse ante un Parlamento

El borrador también rechaza que las meras sospechas sirvan para sancionar como infracción grave una supuesta perturbación de la seguridad ciudadana en reuniones o manifestaciones ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autónomos, aunque no estén reunidos.

La ponencia considera que la sanción debe ser motivada, aportando datos objetivos suficientes, las razones por las que se adoptan y que haya sido imposible adoptar otras medidas preventivas menos gravosas, añade la Ser.

Imágenes o datos de policías

Además, propone la anulación del artículo 36.23 de la ley mordaza que sanciona el uso, sin autorización, de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el artículo 19.2 que permite el secuestro de este material sin autorización judicial. Permite la difusión de imágenes en caso de relevancia pública o que sirva al interés general.

El Estado ha recaudado más de 416 millones de euros en sanciones desde que se aprobó la ley mordaza, con incrementos anuales en torno al 9%, según datos del ministerio del Interior.