Antonio Maíllo, líder de IU en Andalucía, le lanzó el guante, al reclamarle, en la quincenal sesión de control al Gobierno, un Pleno monográfico en el que se discutieran los temas que llevará Susana Díaz a Moncloa el próximo día 23, cuando se vea con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha abierto una ronda de encuentros con todas las autonomías. Y Susana Díaz lo recogió. Se comprometió a informar a la oposición antes y después del encuentro, y desgranó la lista de reivindicaciones andaluzas que quiere trabajar con el presidente.

Además del gran caballo de batalla, la financiación autonómica y las inversiones en Andalucía, se encuentran otras que, en principio, no cuestan dinero y podrían por tanto, facilitar acuerdos, como la retirada de los recursos que puso el Gobierno de Mariano Rajoy contra la implantación de la jornada laboral de 35 horas en Andalucía, y contra la eliminación de copagos sanitarios.

También le pedirá Díaz a Sánchez en este sentido que el Gobierno Central negocie un modelo relativo a la Política Agraria Común, que el Gobierno sea un aliado frente a los “perniciosos aranceles puestos en marcha por el Gobierno de los EEUU a la aceituna negra”, que paralice el proyecto gasístico en el entorno de Doñana, y que desarrolle el Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

En el terreno del sostenimiento de los servicios públicos, el gran punto de fricción en este momento, después del anuncio de Sánchez de que no iba a abordar la reforma del sistema de financiación en esta legislatura, sino que se iba a decantar por mejoras bilaterales, Díaz manifestó que le va a exigir al presidente una financiación justa para todas las Comunidades; la revisión de la distribución de los objetivos de estabilidad individualizados por regiones, y el cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Andalucía, que establece que la inversión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en Andalucía debe ser acorde al peso poblacional de la Comunidad en el conjunto del país, y que el PP rebajó en un 60%, según dijo Díaz.

Entre esas inversiones que se reclaman para los PGE de 2019 están partidas suficientes para la ejecución de los corredores ferroviarios, tanto el ramal Mediterráneo como el Atlántico, haciendo hincapié en la necesidad de poner en marcha la conexión Algeciras-Bobadilla, para terminar con el aislamiento ferroviario de Granada, para avanzar en la construcción del metro de Sevilla y para liberar el peaje de la AP-4, "que va por buen camino".

Además, Díaz le expresará a Sánchez la necesidad de poner en marcha un Plan Especial de Empleo para Andalucía, y al mismo tiempo, le solicitará Políticas Activas de Empleo, para que ayuden en la creación de empleo digno y de calidad.

También le va a reclamar que el Gobierno de Madrid cumpla con la cofinanciación del sistema de atención a la dependencia, que se ha recortado por en más de 730 millones de euros desde el año 2012, y que se dote con más más recursos y operativos a las Comunidades para que estas puedan atender a las personas inmigrantes. “Esperamos que el Gobierno de España, y así lo vamos a exigir, cumpla con Andalucía”, dijo Díaz en su diálogo parlamentario con Maíllo.

El decálogo de Maíllo

La relación política entre Sánchez y Díaz, que pareció destensarse con el nombramiento de la exconsejera andaluza María Jesús Montero como ministra de Hacienda, sigue siendo compleja, por usar un término suave. El PSOE de Andalucía y el Ejecutivo andaluz tratan de encontrar un camino sensato para relacionarse con el nuevo Gobierno, una vía razonable que no dañe las posibilidades electorales de nadie y permita hacer cosas.

Pero la decisión de Sánchez de frenar la reforma del sistema de financiación de los servicios públicos, lo que suponía una desautorización implícita de la trayectoria y discurso de su ministra de Hacienda, máxima valedora como consejera de Díaz de la apertura de ese melón, provocó un nuevo choque entre ambos. Los movimientos posteriores de Sánchez y sus nombramientos en las delegaciones del Gobierno no han contribuido a destensar la situación. El día 23 se verá la disposición de ambos al acuerdo.

Maíllo, en su debate con la presidenta, le puso por delante un decálogo, en el que había posibles puntos de coincidencia, como la defensa del acuerdo autonómico de financiación, que se cumpla con la dependencia, la paralización del proyecto de gas en Doñana, el plan de empleo para Andalucía y el replanteamiento de la PAC y otros que suponen modificar leyes estatales, respecto a los que, en términos generales, Díaz se mostró favorable, pero rechazó llevarlos a la reunión del día 23 porque consideró que se escapaban del ámbito y las competencias autonómicas.

IU pretende que el PSOE derogue los reales decretos de los recortes de educación y sanidad, las leyes de reforma laboral, reforma local y estabilidad presupuestaria;  que elabore una normativa estatal para una renta básica que se pueda desarrollar en Andalucía, y que redacte una ley que blinde los salarios de hombres y mujeres y elimine la brecha salarial.