La reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, vuelve a ser una deuda pendiente en el Congreso, cuya modificación acumula un retraso de casi dos años. Algo similar, aunque con menor demora, ocurre con el proyecto de ley por el derecho a la vivienda, a pesar de que el plazo de enmiendas finalizó a finales de abril.

La aprobación de sendas iniciativas legislativas, que forman parte del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, estaba llamada a convertirse en uno de los logros más destacados del último periodo de sesiones (desde febrero de 2022 a junio del mismo año), que con todo (pleno extraordinario de julio mediante) ha convalidado e impulsado medidas tan importantes como la reforma laboral, los dos decretos anticrisis, la reforma del voto rogado o la ley audiovisual.

La modificación de la polémica ley mordaza, aprobada con el único apoyo del PP en marzo de 2015 y duramente criticada por organizaciones sociales y organismos internacionales, sigue encallada en esta legislatura al prevalecer escollos importantes en la negociación por las resistencias del PSOE a limitar la arbitrariedad policial. Estas discrepancias han retrasado la previsión de que el texto definitivo recibiera luz verde en la Comisión de Interior antes del mes de junio. 

En esencia, varias fuentes del grupo de trabajo encargado de elaborar el informe de la ponencia recalcan especialmente las reticencias del PSOE a derogar las disposiciones que regulan las sanciones por desobediencia o negativa a identificarse (Artículo 36.6), además del precepto que recoge multas por faltas de respeto a los policías (Artículo 37.4).

Cabe recordar que la aplicación de estos dos artículos se esconde detrás de más de un tercio de las sanciones interpuestas en el marco de la ley desde su entrada en vigor el 1 julio de 2015 hasta 2020 (la última cifra disponible). Esto es, en los cinco primeros años de su aplicación, las multas por desobediencia y faltas de respeto a los agentes de la autoridad ascendieron a 397.083 de un total de 1.155.727.

La ley de vivienda, enquistada pese a su tramitación urgente

En cuanto a la tramitación de la ley de vivienda, su andadura es mucho más breve que la anterior, pero también ha avanzado a ralentí desde que llegó al Congreso en febrero de este año. Varios meses después, la norma ni siquiera ha comenzado el trámite de ponencia, encargada de enmendar el texto aprobado por el Consejo de Ministros. Y todo ello a pesar de que hay un acuerdo para tramitarla de forma urgente.

En marzo, el Gobierno salvó los vetos defendidos por las derechas a la norma. ERC también presentó una enmienda con texto alternativo, pero poco antes de la votación la retiró tras un acuerdo in extremis con el Gobierno destinado a solucionar los conflictos competenciales planteados en la actual redacción del texto.

Más tarde, representantes de los colectivos sociales llevaron a la Cámara Baja 60 propuestas basadas en seis demandas básicas. Para defenderlas durante su tramitación en la ponencia y en la comisión del ramo, contaron con el compromiso de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, CUP, Compromís y BNG.

Todo ello con el objetivo de aunar esfuerzos y hacer un texto más ambicioso que ponga coto a los precios de los alquileres, así como al resto de problemas derivados. Y es que, ante la negativa de las derechas a la ley, el texto necesitará previsiblemente recabar el apoyo de la mayoría progresista para que reciba luz verde.

El plazo de enmiendas al articulado finalizó el pasado 27 de abril, pero pocos avances se han constatado de momento en las negociaciones de la parte socialista con estos grupos, según señalan a este medio varias fuentes parlamentarias. No obstante, el exportavoz del PSOE en el Congreso Héctor Gómez expresó la intención de su grupo de impulsar esta ley, junto a la reforma de la ley mordaza, dos de las normas más importantes del Ejecutivo, en el próximo periodo de sesiones.