La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha condenado las “cargas policiales indiscriminadas contra ciudadanos reunidos pacíficamente” que se registraron este domingo, 1 de Octubre, durante la jornada del referéndum independentista que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Ante los “graves acontecimientos” ocurridos el 1-O, el Secretariado de esta asociación judicial exige al Gobierno y a la Generalitat diálogo para solventar el conflicto político planteado. Del primero condena las cargas policiales, del segundo el haber seguido empecinado en celebrar un referéndum ilegal, a pesar de los heridos que se registraban durante la jornada.

JJpD destaca que es una asociación comprometida “con los valores constitucionales y los Derechos Humanos, garantía del orden y de la paz social, reprobamos cualquier género de violencia y actuaciones represivas. Rechazamos cualquier actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Español que no se ajuste, estrictamente, a los principios de proporcionalidad, profesionalidad y no discriminación, y en defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los ciudadanos”.

“Por todo lo cual –añade-, lamentamos profundamente, en un día triste para la convivencia democrática y en paz y para el Estado de Derecho, los heridos producidos en la jornada de este domingo 1 de octubre en Cataluña. Condenamos las cargas policiales indiscriminadas contra ciudadanos reunidos pacíficamente”.

“Pero también queremos denunciar el grave y torpe empecinamiento de los responsables de la Generalitat de Catalunya por continuar, incluso cuando hay heridos, con un referéndum declarado ilegal por los Tribunales de Justicia”, explica la organización progresista de jueces. “La convivencia democrática no se alcanza con el mantenimiento de un referéndum que desborda el marco de la legalidad constitucional e internacional”, añade.

Asimismo, exige del Gobierno del Estado que “oiga las reivindicaciones del pueblo de Catalunya y de sus instituciones, y que las integre, con generosidad y altura de miras, en nuestro marco común de convivencia. Al Gobierno del Estado y al Govern de la Generalitat les corresponde”, indica JJpD, “comenzar a dialogar y poner todo su empeño, en el marco de una sociedad democrática, para conseguir solventar el conflicto político planteado”.

A este respecto, la asociación de jueces progresistas recuerda que la solución al presente conflicto “no corresponde a los tribunales de justicia, como recordó el Tribunal Constitucional” en su sentencia del 25 de marzo de 2014. Pero también recuerda que la Constitución no es un texto "sacramental", y que puede ser modificada excepto en lo que se refiere al capítulo de Derechos Fundamentales.

Para Juezas y Jueces para la Democracia, el derecho a decidir "expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución," incluso, que "el más amplio deber de fidelidad a la Constitución" por parte de los poderes públicos. Y requiere que “si la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de reforma constitucional formulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla."

Finalmente, expresan su “apoyo y cercanía” a todos los juezas y jueces que sirven y ejercen sus funciones jurisdiccionales en Catalunya.