El Consello de Contas de Galicia ha hallado varias irregularidades en la licitación de dos de los tres contratos del Servicio Galego de Saúde (Sergas) con empresas proveedoras del complejo hospitalario de Pontevedra (CHOP), que según la Asociación Batas Blancas (ABB) siguen prestando sus servicios a pesar de que los plazos del contrato expiraron hace años, y de que las condiciones y costes del suministro han variado sustancialmente.

Batas Blancas dirigió hace dos semanas un escrito al Consello de Contas en el que relataba que, a pesar de esas modificaciones y de la prescripción de los plazos legales, se seguían abonando “pagos millonarios” a tres firmas. En primer lugar, a la catalana Izasa, a la que el Sergas subcontrató en el 2011 y por dos años la adquisición de materiales y equipo de analíticas para el laboratorio del CHOP, con un contrato de 10,7 millones de euros. En segundo, a la orensana Cogesa, a la que se encargó en la misma fecha y durante el mismo período el transporte, distribución y organización de almacenes, historias clínicas y productos sanitarios por más de 610.000 euros. Y en tercer lugar, a la empresa también catalana Comertel, que ganó el concurso para explotar la cafetería del hospital Montecelo, adscrito al CHOP, y cubrir la alimentación de su personal durante cuatro años. Todo por un total de 766.300 euros.

Lo cierto es que el Consello de Contas, el organismo encargado de velar por la legalidad del gasto público de las instituciones gallegas, ya halló numerosas irregularidades en la licitación de los dos primeros contratos. Figuran en su Informe de fiscalización sobre las contrataciones del Sergas en los ejercicios 2012-2014, publicado en el último de esos años. Para su elaboración, los auditores del Sergas escogieron una muestra de contratos para someterlos a estudio. Y en ella figuraban los dos primeros que ha denunciado Batas Blancas.

En el caso del concurso que ganó Izasa, uno de los de mayor cuantía de los adjudicados por la gerencia del CHOP, los auditores advierten un grueso cúmulo de fallos. Entre ellos, “cláusulas contradictorias en los plazos de presentación de la documentación por parte del adjudicatario” ; “falta de motivación suficiente en los informes técnicos que evalúan los aspectos no objetivables” de las ofertas ( es decir, de aquellos baremos que dependen de la valoración técnica); “no identificación del responsable de los informes” (es decir, de la persona que evalúa esos criterios no objetivos); “se asignan puntuaciones sin explicar la motivación de las mismas”; “falta de certificación del registro de las ofertas presentadas”; “falta de formalización del contrato derivado del acuerdo marco”...

En el caso del contrato adjudicado a Comertel, la lista de irregularidades que cita el Consello de Contas también es abundante: “Incorrecta aplicación de la fórmula de cálculo” de la oferta económica; “Falta de desglose en subcriterios”; “definición muy genérica y poco concreta” de los criterios no objetivables; “indefinición previa de la fórmula de ponderación de los informes emitidos por diferentes servicios”; “establecimiento de un umbral de saciedad (...) que desincentiva la presentación de ofertas económicas por debajo del umbral prefijado”...

Para Batas Blancas es “una casualidad muy sospechosa el que precisamente sean estos dos contratos los que se hayan seguido pagando irregularmente y sin ningún tipo de aval público para beneficio de, al menos, los adjudicatarios, y con grave perjuicio para el Sergas, incumpliendo la ley de contratos de las administraciones públicas y la ley de transparencia y buenas prácticas de las mismas”.

Además, ABB recuerda que la adjudicación del primero de los concursos, el referido a la equipamiento del laboratorio del CHOP, fue objeto de una investigación de la Fiscalía de Pontevedra que, según el propio fiscal, fue archivada “ya que se encontró con el escollo de la ausencia de colaboración y cooperación” por parte de la gerencia del CHOP y de los jefes de servicio cuyos informes técnicos, que el Consello de Contas ha cuestionado, dieron lugar a las adjudicaciones. “Es lo que la ABB viene denunciando hace años sobre la cobertura de las plazas de jefes de servicio, adjudicándolas a los más serviles y afines y no a los mejores y más capacitados objetivamente”, añaden portavoces de la asociación, que reclaman al Consello que proceda a “depurar responsabilidades administrativas y judiciales”.
Las empresas adjudicatarias no respondieron a Público cuando este diario se dirigió a ellas para obtener su versión. En cuanto al Sergas, afirmó que los contratos se adjudicaron “sin incidencias”.