Los recortes sociales en plena pandemia causan una bronca entre el Gobierno andaluz y la oposición

El Parlamento de Andalucía vivió este miércoles un debate de cierta intensidad al respecto del gasto social en plena pandemia. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), se fajó para defender, frente a las preguntas de la oposición, PSOE y Adelante Andalucía, la decisión de financiar con un recorte de 17 millones en fondos destinados a la cooperación internacional, al Instituto de la Mujer y al de la Juventud, además de a otras políticas sociales, planes de ayuda a la población más afectada por el coronavirus.

En el documento en el que la Consejería de Igualdad propone el recorte de 17 millones de euros en las políticas de igualdad, de cooperación y de Juventud para financiar la renta mínima y un programa de ayuda "en materia de necesidades básicas a la población" se recoge que "los créditos que causan baja no serán necesarios en el ejercicio actual con la finalidad para la que fueron autorizados inicialmente" y se añade que esas transferencias presupuestarias "sí alteran los objetivos e indicadores de los programas afectados".

En resumen: el tajo a esas políticas no se recupera este año.

Las diputadas del PSOE, Soledad Pérez, y de Adelante Andalucía, Maribel Mora, además, del diputado socialista, Javier Fernández, reprocharon a la consejera Ruiz que se eligiera estas partidas en lugar de otras con menor impacto social para atender las necesidades de quienes más han sufrido la crisis causada por la expansión de la covid-19.

Además, en el debate entró otro recorte, no incluido en esos 17 millones, el que planteó a finales de la semana pasada la Junta de Andalucía a las entidades y ONG que trabajan en la atención de menores inmigrantes con financiación pública.

"Le quiero plantear una cuestión que nos ha alarmado muchísimo: el recorte de plazas en el sistema de protección de menores. El viernes envía un email y les informa a las ONG que va a eliminar esas plazas y que va a acabar con las subvenciones para el 1 de junio. Es decir, 400 plazas en situación de vulnerabilidad. El lunes se reúne y dice, vale: 150. Increíblemente, usted encuentra una solución en dos días. Explíquenos", le espetó la diputada Mora a la consejera.

"Ha decidido, es una decisión política, que va a destinar esas plazas a otras cuestiones del covid. ¿Solo a menores de origen migrante? Eso suena fatal. El sistema de protección de menores es competencia de la Junta de Andalucía. Es su responsabilidad sacar fondos para que se mantenga el sistema en situación digna y no se siga desmantelando. Esos niños están tutelados por la Junta de Andalucía. Son nuestros niños", agregó Mora.

"Ni un solo crédito extraordinario. Esos millones [para los más afectados por la covid] no salen de Hacienda, salen del pellejo de la piel de los más vulnerables. Son recortes porque está eliminando políticas para hacer trilerismo presupuestario. Priva de derechos a los más vulnerables. Está haciendo punto por punto lo que le dice su socio de gobierno. Lo que hacen con las plazas de menores, [querrán] que les demos las gracias por recortar menos. Resulta que le faltan 15 para atender a los menores, ¿De dónde lo va a quitar? Lo importante son los derechos de las personas, no la caridad, no la dádiva. Y las personas tienen derechos", afirmó Pérez.

La consejera Ruiz respondió a las fuertes críticas con dureza en el discurso y, también, en las formas: "Siento vergüenza, muchos andaluces habrán perdido todo, el dinero, la salud, y esperan de nosotros que trabajemos unidos en la mayor tragedia que ha sufrido Andalucía. Desde la comodidad de sus sillones, qué fácil es hablar de caridad y de dignidad".

"Partimos de tres millones de personas en pobreza y exclusión. Tenemos once de los barrios más pobres de Europa y un sistema de dependencia infrafinanciado. No me voy a preocupar si no hacen autocrítica", le replicó Ruiz a la diputada del PSOE.

Las competencias

La consejera prosiguió: "Le voy a decir el escenario que me describió una persona de un centro en el 2018, hablaba de colchones en los suelos… Tuvo que venir este gobierno para dar dignidad. Y lo hemos hecho a pulmón. No han movido un dedo por estos niños. Les hemos pedido ayuda [para que el Gobierno de España financie, al igual que lo hizo con 25 millones en 2018 en plena crisis migratoria la atención de los menores]".

Y a continuación, la consejera, visiblemente enfadada, soltó: "Está equivocada, señora Mora. Esto es inmigración. Es política de Estado y no es un problema de la Junta de Andalucía. Juzgan con su doble moral. Menos hipocresía y menos doble moral". Después, remachó, mientras sostenía en sus manos un recorte de prensa: "Y mientras hablan de menas [menores no acompañados] en su burbuja, esto es lo que pasa en Andalucía, colas y colas de personas pidiendo una bolsa de alimentos. Salgan de la burbuja y pónganse a trabajar".

El artículo 18 del Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge, sin embargo, lo siguiente: "Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes".

Luego, Ruiz se corrigió: "No voy a dejar a los niños menas abandonados y no voy a dejar a ninguna persona abandonada. Desde la humildad, pido disculpas por los errores, pero no voy a mentir. Respeten a quienes lo han perdido todo y esperan de nosotros otra cosa".

La consejera Ruiz, en un momento previo del debate parlamentario, enumeró una serie de medidas que había tomado su departamento durante la pandemia, entre ellas las siguientes: "Ante la peor crisis de la historia de Andalucía, [tenemos] unas previsiones malas sin paliativos. Solo podremos salir con el esfuerzo de todas. La estrategia del Gobierno ha sido tomar medidas urgentes de emergencia, como han sido la concesión de la renta mínima de urgencia con más de 11.000 personas beneficiadas; la creación de una nueva prestación de renta mínima asociada a la covid-19 con fondos propios; la dotación de un fondo de garantía alimentaria con un sistema de tarjetas monedero. También créditos extraordinarios a ayuntamientos y diputaciones para el reforzamiento de servicios sociales y comunitarios. Y un aumento de las ayudas familiares que tb gestionan las entidades locales".