El Partido Popular de Madrid mantuvo una contabilidad B para financiar al menos tres campañas electorales por importe de 4,9 millones de euros con la ayuda de una red de empresarios por medio de facturas falsas.

Estos empresarios fueron luego adjudicatarios de contratos públicos de administraciones controladas por dicho partido político. Así se desprende de los informes de la Guardia Civil que figuran en el sumario del caso Púnica al que ha tenido acceso Público.

El Partido Popular madrileño mantuvo una contabilidad B con dinero negro para financiar al menos tres campañas electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, así como las generales de 2008. La Fiscalía eleva a 4,9 millones de euros el dinero gastado en exceso con ayuda de esta contabilidad.

Los populares utilizaron su fundación Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) desde la cual pagaron gastos electorales. También recurrieron al dinero procedente de su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, según el sumario.

Existen evidencias de que una red de empresarios nutría esta financiación y ayudaban a ocultar los gastos electorales no declarados.

La Guardia Civil ha detectado “la participación reiterada en el tiempo de un núcleo empresarial que ha formado parte integral de la estrategia del Partido”. Estos empresarios no solo se beneficiaban del volumen de negocio generado por las campañas electorales -que cobraban además parte en dinero negro- sino que también “han sido beneficiarios de contratos y fondos públicos en administraciones controladas por el Partido Popular”.

El PP, destinatario y pagador

En el marco de su colaboración con el PP de Madrid estos empresarios habría recibido dinero en metálico de procedencia opaca y, además, habrían “falseado facturas con el propósito de ocultar la prestación de servicios de campana y habrían actuado de intermediarios para eludir que el Partido Popular figurara como destinatario y pagador de los servicios de campaña prestados” por estas empresas.

Entre los empresarios figuran Daniel Horacio Mercado (vinculado con las empresas Over Marketing, Abanico de Comunicación y Marketing SL, Traci Comunicación SL y Link America SL), encausado por el Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca, por una estrategia similar desplegada allí en relación a un Plan de Comunicación de los Hospitales en las Islas Baleares donde se hacía publicidad para la campaña electoral del PP.

Otros empresarios citados por la UCO son Óscar Sánchez Moyano (vinculado a la Escuela Europea de Dirección de Empresas; Sintra Consultores; FormaSelect Consulting y Troyano Marketing, ambas SL); Ricardo Vázquez Segura (Back RVS Producciones Culturales y Comunicación, S; Área de Recursos, Pirámide Prodicciónes y Krea Producciones); Marcelino Luis Elosía de Juan (vinculado a Laboratorio de Almagro 36; LID Editorial y Consejeros Empresariales Españoles), así como María Lluisa de Madariaga Sánchez, también de Laboratorio Almagro 36 y de First Tuesday.

Dos millones y medio de exceso en las campañas

La investigación apunta a que sólo en las autonómicas del año 2007, los populares gastaron dos millones de euros y medio de exceso, por encima de lo declarado ante el Tribunal de Cuentas.

Los empresarios ingresaron en 2007 “importantes cantidades de dinero” en Fundescam que no fueron declarados y existen “sólidos indicios” de que fueron adjudicatarios de contratos relacionados con administraciones públicas controladas por el PP.

Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM, es una de las personas que están acusadas de financiar de forma irregular el PP mediante donativos de dinero a Fundescam.

El grupo Cantoblanco de Arturo Fernández también fue también adjudicatario en diciembre de 2.007 de un contrato por dos años para la explotación del servicio de cafetería en el edificio de la calle Carretas de Madrid, dependiente de la Viceconsejeria primera de la Comunidad de Madrid.

La red de Granados y Beltrán Gutiérrez

El juez central de instrucción 6 investiga como responsables de la financiación en B del PP de Madrid a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y exnúmero 3 de Esperanza Aguirre. También se investiga al extesorero del partido Beltrán Gutiérrez y el exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría.

El análisis de la documentación incautada a Beltrán Gutiérrez revela “numerosas irregularidades de la normativa electoral y de financiación de los partidos políticos y ha evidenciado una contabilidad B de gastos e ingresos relacionados con la celebración de numerosos comicios electorales”, expone la Guardia Civil.

La Caja B servía tanto para los ingresos como para los gastos, entre los que destaca el abono en metálico a proveedores de campaña por encima del millón de euros.

La Fundación Fundescam fue utilizada para pagar a proveedores de servicios electorales, “contraviniendo que los partidos no pueden aceptar que terceros asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones” o gastos. La Fundación a su vez se habría nutrido de aportaciones de empresarios por un importe cercano a los 350.000 euros.

Los populares utilizaron la fundación Fundescam para pagar gastos electorales. Los miembros de su patronato que además formaban parte del organigrama electoral y tenían firmas en sus cuentas eran: Esperanza Aguirre, Francisco Granados, Isabel Mariño Ortega e Ignacio Echevarria Echaniz, además de Ignacio González (cabecilla de la trama Lezo) y Beltrán Gutiérrez.