SanidadUn pulso entre Susana Díaz y el PP deja varado un hospital nuevo de 27 millones

Desde la autovía A-49 que comunica Sevilla con Portugal, casi llegando a la salida 117 hacia el municipio onubense de Lepe, se divisa un flamante hospital moderno. El Gobierno andaluz lo ha construido ahí, junto a la autovía, para que sea de fácil acceso, puesto que está pensado para atender cada año a unas 100.000 personas, vecinos de toda la comarca.

El proyecto está recién terminado, hace apenas unos meses que culminaron las obras. Pero a la altura del edificio, el conductor del vehículo no encuentra ninguna salida para acceder al hospital, no existe vía de entrada ni desde la autovía ni desde ningún otro lugar.

El centro hospitalario de alto rendimiento de Lepe es un edificio de dos plantas, que ocupa una superficie de 13.421 metros cuadrados, que tiene capacidad para 83.000 consultas y más de 3.000 intervenciones al año, que le ha costado al Gobierno de Susana Díaz 21 millones de euros, más otros seis millones en equipamiento, y en el que está previsto que trabajen entre 150 y 200 médicos y enfermeros. Las obras finalizaron el pasado 14 de diciembre y el edificio ya tiene los permisos de habitabilidad. Está todo listo para su inauguración. Pero no se puede inaugurar, porque no se ha construido la vía de acceso asfaltada que estaba prevista, la que debía conectar el hospital con la autovía. Además, el edificio tampoco tiene luz ni agua. ¿Qué ha pasado aquí?

El flamante hospital de Lepe es un proyecto millonario que está encallado y sin vía inmediata de resolución por la falta de acuerdo entre las dos administraciones: el Gobierno andaluz (PSOE) y el Ayuntamiento de Lepe (PP). Ambos firmaron un convenio en 2005 (hace 12 años) según el cual, el Ejecutivo autonómico sería el responsable de construir el edificio y dotarlo de equipamiento y personal sanitario; y el Consistorio lepero se comprometía a “asumir los gastos de urbanización con suministro de agua potable y energía eléctrica”.

Las obras se iniciaron en octubre de 2008 con un plazo previsto de ejecución de 36 meses, pero la crisis echó por tierra el calendario. La empresa adjudicataria quebró, se declaró en concurso de acreedores, la Junta buscó una segunda promotora, y entretanto los trabajos estuvieron paralizados más de seis años. Finalmente las obras terminaron en diciembre de 2015 y fueron recepcionadas en junio del año pasado. Durante todo este tiempo, el Ayuntamiento de Lepe, tan afectado o más por la crisis que la Junta y las promotoras, no acompañó las obras del hospital con la construcción de la vía de acceso ni la instalación del sistema eléctrico ni el suministro de agua.

Y en este punto es donde radica el desencuentro político, económico y…lingüístico. Porque el Consistorio de Lepe y la Junta de Andalucía no leen lo mismo en el convenio que firmaron hace 12 años. “El convenio está mal redactado. Todo es por culpa de que falta una coma en una de las cláusulas del acuerdo, y la Junta interpreta lo que le da la gana”, dice el portavoz del Gobierno municipal, Jesús Toronjo. El punto cuarto del convenio, al que ha tenido acceso Público, dice que “el Ayuntamiento de Lepe se compromete a asumir los gastos de urbanización con suministro de agua potable y energía eléctrica”. La Junta sostiene que esta cláusula obliga al Consistorio a acondicionar la vía de acceso al hospital y a encargarse de la instalación de luz y agua. En cambio, el alcalde del municipio, Juan Manuel González, cree que el convenio sólo le obliga a costear la instalación eléctrica y el suministro de agua. Ambas administraciones se acusan de incumplir el acuerdo y de dejar que el hospital nuevo se pudra. González, además, sostiene que después de 12 años el convenio “ya ha prescrito”.

Un sobrecoste de 5 millones

La diferencia de interpretaciones no es una broma. La Junta eligió un solar de su propiedad a las afueras del municipio de Lepe, construyendo el hospital junto a la autovía para que diera cobertura sanitaria, no sólo a los 30.000 vecinos de este pueblo, sino a los 100.000 habitantes de toda la comarca (una decena de pueblos costeros), unos 300.000 en los meses de verano. Pero, según el alcalde, aquella ubicación complicó muchísimo el proyecto para conectar el hospital con la autovía, porque se solapaba con otra vía de incorporación, a unos 1.200 metros de allí.

Los técnicos municipales concluyeron que era necesario construir en una primera fase dos glorietas sobre la autovía Huelva-Ayamonte, y en una segunda fase la vía de servicio que uniese la glorieta con el hospital. Además, para hacer las obras había que expropiar dos parcelas anexas en zona rústica a sus legítimos propietarios (e indemnizarles).

Traducción: el presupuesto del proyecto se disparaba hasta los cinco millones de euros, una “barbaridad” para un Ayuntamiento con las arcas públicas menguadas a consecuencia de la crisis. “Cuando firmamos el convenio, quizá pensamos en costear una vía de entrada por un millón de euros a lo sumo, ¡no cinco millones!. La Junta eligió hacer un hospital en medio del campo, sin fijarse en que había una vía de incorporación junto a la autovía que dificulta habilitar el acceso. Si el hospital lo hubieran construido 2.000 metros más adelante, la vía de acceso hubiera costado 300.000 euros, no cinco millones”, se queja el portavoz municipal.

Incapaz de asumir por sí solo ese gasto, el alcalde de Lepe buscó hace un año un acuerdo con regidores de otros pueblos de la zona (Isla Cristina, Ayamonte, Cartaya, Villafranca y Sanlúcar de Guadiana, todos gobernados por el PP o por partidos independientes) y recurrió al Ministerio de Fomento que, pese a no ser la Administración competente, se comprometió a pagar esos cinco millones para la construcción de las glorietas y la vía de acceso al hospital.

Según el alcalde, la primera fase del proyecto está ya redactada (a la espera de revisión pública), y la segunda fase se prevé licitar en el segundo semestre del año. Traducción: “Es posible que los accesos no estén terminados hasta final de 2017 y que estemos sin hospital todo este año”, advierte Toronjo.

Y aquí es donde esta historia da un salto mortal con tres vueltas. Dado que el hospital de la Junta se encuentra sin acceso, sin luz y sin agua, el alcalde popular de Lepe ha propuesto a la Consejería de Salud que, mientras persista esta situación, “alquile” otro hospital privado que hay en el centro del municipio y que lleva años cerrado. “Somos el único pueblo de Europa con dos hospitales, los dos cerrados”, se queja el regidor.

A la presidenta Susana Díaz, esta propuesta le ha sonado a “chiste” o “provacación”. Lleva dos meses sufriendo las protestas de la marea blanca, de miles de ciudadanos andaluces manifestándose en las calles de Granada, Huelva, Málaga y Sevilla contra la gestión de la sanidad pública, y junto a ellos, el PP, “reconvertido en el principal valedor de la sanidad pública”. Díaz afeó al presidente popular, Juan Manuel Moreno, en el Parlamento que apareciera ahora como un defensor a ultranza de un sistema que “ni conoce ni ha usado nunca”. “A usted la sanidad pública le importa un pimiento”, le espetó en el Parlamento. La Junta acusa ahora al PP de boicotear la apertura del hospital público de Lepe para promocionar una clínica privada en el municipio.

El centro Virgen de la Bella, del grupo empresarial de José Manuel Pascual, empezó a construirse hace 16 años en una zona de expansión de Lepe, autorizado y promovido entonces por un Ayuntamiento del PSOE. Siete unidades de enfermería de 18 habitaciones cada una y los correspondientes servicios complementarios de acomodación de pacientes y hostelería, con un total de 126 camas. La plantilla básica del hospital preveía contar con 230 profesionales. La obra costó 14 millones de euros, terminó en 2001, pero el centro nunca llegó a abrir. La Junta nunca se comprometió a conveniar sus servicios, porque ya preveía construir un hospital público en la zona. Las instalaciones del Virgen de la Bella han languidecido desde entonces hasta hace unas semanas que, coincidiendo con la parálisis del hospital público, la empresa ha anunciado de manera acelerada que abrirá sus puertas. “Ahora el PP me pida que abra un hospital privado, que alquile sus servicios. Los defensores de la sanidad pública, estos son sus verdaderos intereses. No lo voy a hacer. Que cumplan el convenio”, avisa Díaz.

Tras meses duros de verse contra las cuerdas a cuenta de las protestas sanitarias, el Gobierno andaluz ha pasado a la ofensiva, usando el estrambótico caso del hospital fantasma de Lepe para poner en evidencia al PP. En los últimos días, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha visitado varias veces el centro sanitario recién construido. “Este ejemplo de Huelva pone en evidencia el modelo de salud que quería el PP. Les ha faltado tiempo para pedirnos que privaticemos y nos olvidemos de lo que hemos hecho aquí”, advierte Alonso.