El expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsellers refugiados en Bélgica y en Escocia han interpuesto una demanda civil contra el juez Pablo Llarena en un juzgado belga por la "parcialidad y obstinación" que, según los demandantes, ha demostrado contra el independentismo. También han reclamado en España la recusación del magistrado ante el Tribunal Supremo en España.

Las dos acciones judiciales en Bélgica y España serían una consecuencia de que el juez Llarena no estaría respetando "su derecho a presunción de inocencia" porque "no es imparcial", afirmó Toni Comín en rueda de prensa, acompañado del resto de exconsejeros en Bélgica y de sus equipos legales.

Uno de los abogados de los demandantes, Christophe Marchand, explicó a los periodistas que la Justicia belga llamará a Llarena a declarar el próximo 4 de septiembre, una invitación que el abogado dijo desconocer cuando será recibida por el magistrado del TS.

Clara Ponsatí desde Escocia y el expresidente catalán Carles Puigdemont desde Alemania participaron ambos por videoconferencia en la rueda de prensa. 

Puigdemont y los cuatro exconsejeros son los sujetos de la demanda en Bélgica, pues según su equipo legal, las declaraciones de Llarena en la que basan su acción civil se refieren al 22 de febrero de 2018, cuando todos se encontraban en el país. "Entre otras declaraciones, el juez negó que existieran los presos políticos", señaló el abogado Paul Bekaert, sobre las declaraciones de Llarena.

"No somos perseguidos por la Justicia, sino por la ideología del juez", añadió el expresidente de la Generalitat, quien como Comín auguró que Llarena será llamado a declarar a Bruselas.

Comín explicó que la recusación ante el Tribunal Supremo "es consecuencia" de la primera demanda civil en Bélgica, pues según la Ley Orgánica del Poder Judicial, un juez no puede seguir en una causa si ha sido demandado por una de las partes.

Uno de los abogados de los exconsellers, Christophe Marchand, ha anunciado que un tribunal belga ha citado al juez Llarena el próximo 4 de septiembre, aunque no es obligatorio que declare personalmente en Bruselas