El PSOE se ha alejado por enésima vez en esta legislatura del resto de izquierdas parlamentarias al rechazar este martes, junto a PP, Vox y Cs, la propuesta de reforma fiscal de sus socios gubernamentales, Unidas Podemos, que incluye medidas como un impuesto a las grandes fortunas (afectaría a quienes superen los diez millones de euros de patrimonio, esto es, alrededor de 27.000 personas).

La iniciativa que los morados han llevado al Pleno, coincidiendo con la campaña electoral en Andalucía y a sabiendas de que los socialistas la rechazarían, ha contado con el aval desde la tribuna del resto de formaciones de izquierdas, mientras que las diferentes bancadas de la derecha y ultraderecha la ha tildado de "electoralista" y de "perjudicial para España", ya que espantaría a las grandes fortunas. Este rechazo se materializó después con la votación en el hemiciclo.

Con todo, el debate sobre la proposición de ley ha estado marcado por las críticas de los socios del Gobierno y otras fuerzas progresistas hacia los socialistas, que "han dejado pasar la oportunidad" de acometer la tan ansiada y prometida reforma fiscal, un compromiso pendiente desde la formación del Ejecutivo y que no llega por los contratiempos de la pandemia, primero, y de la guerra en Ucrania, después.

Para su defensa, el secretario general de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Txema Guijarro, ha argumentado dicha iniciativa en base a las cifras de la inversión en gasto social solo durante los dos años de la pandemia, cuyos costes ascendieron a 166.000 millones de euros en una clara demostración del "esfuerzo colectivo". "¿Qué estamos dispuestos para hacer viable a medio y largo plazo el Estado del bienestar?", ha lanzado.

También, ha sacado a colación otros "argumentos ideológicos y morales" para justificar la propuesta del grupo morado, que evidencian las deficiencias del sistema fiscal. Ha tomado como ejemplo la comparativa de los datos publicados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondientes a los ejercicios 2007 y 2019.

"En este periodo de tiempo, el número de personas con patrimonios declarados por encima de los 1,5 millones de euros se ha incrementado en 36,4%, al pasar de los 47.614 en 2007, justo un año antes del inicio de la crisis financiera, a los 64.924 en 2019. Sin embargo, la recaudación del impuesto en 2019 es un 42,5% inferior a la de 2007, esto es, 900 millones de euros menos que las grandes fortunas dejan de contribuir al Estado del bienestar", ha reflexionado.

En este sentido, los portavoces de esta materia de otras formaciones de izquierdas han secundado las razones esgrimidas para exigir una "fiscalidad progresiva", una cuestión "no solo de recursos, sino de principios", como ha catalogado el diputado de la CUP, Albert Botran. "Las grandes fortunas son tóxicas para las democracias", ha apostillado.

"Si se quiere mantener el Estado de bienestar, la pregunta que cabe hacerse es quién lo va a pagar. Es fácil autodenominarse de izquierdas y progresistas, pero hacer políticas para las élites", ha reprochado el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, para después exigir el cumplimiento del Artículo 131 de la Constitución, el cual recoge: "El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución".

Por su parte, el diputado republicano Joan Margall también ha arremetido contra los socialistas. "¿Por qué no quieren? ¿Por qué compran el relato de la derecha también en materia fiscal? ¿Saben qué pasa cuando compran el relato de la derecha? Les pasan por encima", ha sostenido además de recordar que este mismo lunes el PSOE madrileño ha pedido desde la oposición una reforma fiscal para dicha región "porque saben que no sale". "En el Congreso existe una mayoría capaz de llevar a acabo una reforma fiscal. Si no lo hace es porque no quiere", ha apuntado.

Para desprenderse de las críticas, la diputada socialista Patricia Blanquer ha insistido en que todo lo relativo a la reforma fiscal debe ser coordinado por el Ministerio de Hacienda, aunque también ha tildado de "centralizador" el impuesto a las grandes fortunas y ha asegurado que chocaría con el impuesto del patrimonio que ya se aplica en las diferentes comunidades autónomas. "Estamos ante una propuesta no consensuada, con riesgo de solapamiento y de dudosa eficiencia recaudatoria", ha señalado la parlamentaria del PSOE para justificar el rechazo de su grupo a una propuesta que le sitúa en la foto al lado de las derechas.