El PSOE se suma al ninguneo a medios ultras y reabre el debate sobre su presencia en el Congreso

La primera votación para la investidura de Alberto Núñez Feijóo dejó diferentes lecturas políticas. Más allá de los discursos realizados dentro del hemiciclo del Congreso, hubo varios gestos que llamaron la atención. Uno de ellos fue la reacción del portavoz del PSOE, Patxi López, al ser preguntado por una persona acreditada como periodista. 

"A ti no te voy a contestar nada. Y nunca. Te lo voy a decir a la cara. He visto algún tuit tuyo, cuando la selección española ganó a Georgia, con un contenido racista. De tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo sus preguntas", señaló López este miércoles a una pregunta de Vito Quiles, comunicador acreditado por el medio de Javier Negre, Estado de Alarma, que salió en su defensa. 

El propio Negre fue también plantado por otro diputado socialista el mismo día. Óscar Puente, encargado de dar la réplica a Feijóo durante la sesión, ninguneó las preguntas de Negre.  "Por favor, preguntas de periodistas", dijo en el patio del Congreso mientras atendía al resto de medios y tras una pregunta del mencionado Negre. "¿Por qué me insulta?", respondió este. 

Las respuestas de López y Puente no responden a una estrategia organizada, según reconocen a Público fuentes de Ferraz. Pero sí reflejan una línea política que llevan siguiendo en el partido que lidera Pedro Sánchez desde hace meses. Confrontar de forma directa contra los bulos y manipulaciones de la "derecha y ultraderecha mediática". 

Desde el PSOE intensificaron, antes y durante la campaña electoral del 23 de julio, sus críticas a los medios de comunicación que han difundido bulos sobre el Gobierno de coalición y el propio Sánchez, incluido su entorno familiar. 

"No he evaluado las consecuencias del veneno que han inoculado", dijo Sánchez en una de las numerosas entrevistas realizadas antes de las elecciones generales. "Tengo que estar en todos los programas para pinchar esta burbuja de falsedades que se ha construido sobre el sanchismo", dijo de forma reiterada durante varias semanas. Muy recordadas fueron sus intervenciones en programas hostiles como El Programa de AR o El Hormiguero. 

"A Patxi le salió del alma. Es incomprensible como, cualquiera que vea el tuit de Vito por ejemplo, no puede estar de acuerdo con Patxi. A no ser que seas un racista", señalan fuentes de la dirección socialista. Para Ferraz, se están cruzando algunas líneas rojas, como diferentes insultos también realizados a Puente, al que otra persona acreditada de forma habitual en el Congreso llamó "borracho" en un tuit que luego borró. 

Los antecedentes de UP, ERC o EH Bildu

La respuesta de López no ha sido ni mucho menos la primera en este sentido durante la última legislatura. Es bastante habitual que otros grupos políticos de izquierdas rechacen contestar a según qué medios acreditados. Los ejemplos más claros con Unidas Podemos, ERC o EH Bildu. 

El anterior portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, protagonizó algunas situaciones similares durante la pasada legislatura en la sala de prensa del Congreso. "No contesto porque sería una falta de respeto a tus compañeros periodistas de verdad", le dijo en una ocasión a otra persona acreditada por un medio de comunicación ultraderechista. 

"No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha", ha dicho en reiteradas ocasiones el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a preguntas de Negre y otros. Un sistema similar es el que usan desde EH Bildu tanto Oskar Matute como Mertxe Aizpurúa. 

¿Se pueden quitar acreditaciones? 

Más allá de las contestaciones o no, los gestos de López y Puente reabren de nuevo un debate que tiene varios antecedentes. ¿Cómo debe y a quién acreditar la Cámara Baja? Un caso muy llamativo ocurrió en julio de 2019. Segundo Sanz, acreditado como periodista en el Congreso por el medio digital de Eduardo Inda, Okdiario, grabó sin permiso en los despachos de Irene Montero, Pablo Iglesias y otros diputados de UP. 

La Mesa del Congreso entonces acordó por unanimidad retirar la acreditación un año a Sanz, que recurrió a la justicia. El Tribunal Supremo dio la razón al trabajador de Inda al entender que se había vulnerado el derecho fundamental a comunicar información veraz por cualquier medio de difusión o libertad de información. 

Otro hecho que generó cierto debate tuvo lugar en diciembre del año 2021. Los responsables de comunicación de los grupos políticos PSOE, UP, ERC, PNV, Junts, EH Bildu, BNG, CUP, Más País-Equo-Compromís, Nueva Canarias y PDeCAT enviaron un escrito conjunto a la Mesa del Congreso.

Sin mencionar a nadie en concreto, pedían que se tomaran medidas para atajar las "intolerables las faltas de respeto" producidas por algunas personas acreditadas como periodistas. Aquel escrito se quedó en nada por la decisión de los servicios de la Cámara Baja. 

El pasado mes de febrero, desde UP se volvió a pedir concretamente la retirada de la acreditación a Negre. Sus comportamientos, "suponen una humillación a la sede de la soberanía popular que le está permitiendo llevar este tipo de discursos de odio y de violencia a los pasillos mismos del Congreso, degradan el prestigio de las instituciones y manchan con sus prácticas indecentes a los verdaderos profesionales de la información acreditados en la casa".

Podemos volvió a poner encima de la mesa esta cuestión hace no mucho. En el marco de las negociaciones para conformar la Mesa del Congreso, el partido morado pidió que no se acredite "a supuestos medios de comunicación que difunden mentiras y discursos de odio".

La decisión sobre las acreditaciones recae principalmente sobre la Dirección de Comunicación del Congreso, según señalan fuentes oficiales de la Cámara Baja a este medio. Las mismas fuentes hablan de que existen unos criterios "técnicos, objetivos e institucionales" para conceder las acreditaciones. Entre ellos, estar constituidos simplemente como empresa informativa con una sede. 

Fuentes de Podemos consideran que el PSOE, con mayoría en la Mesa del Congreso, puede tomar algunas medidas preventivas. Unos cambios que, reconocen en las filas socialistas, "no son sencillos". Especialmente una vez están concedidas las acreditaciones. El "blindaje jurídico" ya demostrado con la mencionada sentencia del TS también es otro factor a tener en cuenta.

Fuentes de la Presidencia del Congreso reconocen que no son ajenos a esta situación pero reiteran que no es una cuestión que ataña exclusivamente a la actual presidenta Francina Armengol. Mientras, en Sumar ironizan. "No sería la primera vez que el PSOE dice que algo no se puede hacer y luego se hace".