El esclarecimiento del caso Diana Quer y la detención de su presunto asesino reabrió hace un mes el debate sobre la prisión permanente revisable. Los padres de la joven madrileña iniciaron una campaña de recogida de firmas pidiendo que no se derogara aunque el Congreso aprobó eliminar esta medida hace tres meses. A día de hoy, la polémica está viva en la calle pero muerta (o zombie) en la Cámara Baja: la proposición de ley para eliminar la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal lleva 10 semanas atascada en la Mesa del Congreso acumulando prórrogas del plazo de enmiendas.

Quienes piden estas ampliaciones semana tras semana son PP y Ciudadanos, pero el PSOE se ha sumado recientemente a esta demanda. El objetivo del partido en el Gobierno y su "muleta" naranja, denuncian otros partidos de la oposición, es "retrasar la tramitación de leyes aprobadas por el Pleno con las que no están de acuerdo". Pero el PSOE, que siempre ha expresado su rechazo a la prisión permanente revisable, ¿por qué paraliza ahora el desarrollo legislativo de una iniciativa que permitiría derogarla?  

Según fuentes del grupo, porque el escenario ha cambiado y, debido a ello, se requiere más tiempo para ajustar las enmiendas a las "últimas novedades". A saber: la intención del Gobierno de ampliar el número de delitos castigados con la prisión permanente revisable y el repunte social y mediático del debate sobre esta pena.

De hecho, ese interés por ganar tiempo explica la reacción de la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, cuando recientemente declinó expresar la posición del partido entorno a ese tema "por respeto a la familia de Diana Quer". Días después, despejaba cualquier suspicacia: "No hemos movido nuestra posición". Y eso mismo es lo que repiten fuentes del partido: "Ninguna novedad hará cambiar la opinión del PSOE en este sentido".

La propuesta para suprimir la pena que implantó el Partido Popular en solitario hace tres años fue planteada por el PNV el pasado mes de octubre y salió adelante con los votos de toda la Cámara a excepción del PP y UPN (que votaron en contra) y Ciudadanos (que se abstuvo). De hecho, la oposición en bloque tiene recurrida la medida conservadora ante el Tribunal Constitucional.  

El tapón de la Mesa del Congreso

La ampliación del plazo de enmiendas es un mecanismo que PP y Cs están empleando desde la Mesa del Congreso para que cerca de 40 leyes contrarias a las políticas del Gobierno permanezcan en vía muerta a pesar de haber sido aprobadas por mayoría en el Pleno. Una "maniobra dilatoria" que denuncian prácticamente todos los grupos de la oposición (PSOE, Unidos Podemos, ERC, el PNV y el grupo Mixto) y que ahora pretenden atajar mediante un acuerdo político que imponga un límite en las prórrogas. 

El GPS es precisamente uno de los grupos que se ha mostrado más preocupado por este bloqueo. En junio del año pasado registró una proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso para limitar la sucesión de prórrogas a la presentación de enmiendas. Y, más recientemente, en la reunión que mantuvo con Ciudadanos este martes, su portavoz, Margarita Robles, exigió al partido naranja que deje de actuar como "muleta del PP" para apoyar los vetos y prorrogar los plazos de enmiendas de forma indefinida, "paralizando toda actividad legislativa".