Este artículo se publicó hace 6 años.
El despilfarro del PPPSOE y Podemos quieren llevar la Ciudad de la Justicia de Aguirre a la Fiscalía, tras las "facturas falsas" de Granados
Desde el partido morado afirman que previsiblemente trabajarán junto con los socialistas en un documento común sobre las irregularidades en el megalómano proyecto, que se tragó al menos 105 millones de euros de dinero público. Este martes estudiarán formalmente esta posibilidad, en el marco de la Comisión del Endeudamiento de la Asamblea de Madrid.
Alejandro López de Miguel
Madrid--Actualizado a
PSOE y Podemos quieren que la Fiscalía investigue las irregularidades que rodean a la frustrada Ciudad de la Justicia de Madrid, el proyecto de Esperanza Aguirre que se tragó al menos 130 millones de euros de dinero público, de los que sólo se han recuperado 25. Y, si todo sigue el guión anticipado por ambos grupos, debatirán este plan este martes, en el marco de la Comisión de Estudio del Endeudamiento de la Asamblea de Madrid.
Fuentes del grupo parlamentario de Podemos en el parlamento regional explican a Público que su idea es presentar un informe conjunto sobre este proyecto megalómano, apenas unos días después de que el que fuera hombre fuerte de Aguirre y consejero de Presidencia, Justicia e Interior de su Gobierno entre 2008 y 2011 , Francisco Granados, entregara a la Audiencia Nacional “facturas falsas” de la Consejería de Justicia, fechadas antes de que él estuviera al frente.
Podemos cree que este megaproyecto tiene "muchas papeletas" de estar vinculado con esas "facturas falsas"
Granados, investigado en el marco de la trama Púnica, cree que estas facturas servían para pagar gastos de la “campaña paralela" de Aguirre a las elecciones autonómicas de 2007, y en el partido morado están convencidos de que apenas ha aflorado la punta del iceberg de los manejos del PP desde el Ejecutivo regional.
Apuntan que se han decidido a actuar en este momento "por la colección de actuaciones que acumulan indicios muy sólidos de incumplimientos legales, administrativos, que con altísima probabilidad constituyen delitos varios, en la gestión de la Ciudad de la Justicia". Apuntan que este megaproyecto tiene "muchas papeletas" de estar vinculado con esas "facturas falsas" que mencionaba Granados, por la enorme cantidad de irregularidades e incógnitas en la contabilidad de la Ciudad de la Jusiticia: “El libro mayor de contabilidad no apareció durante 17 meses, lo retuvieron. Y el que enviaron después tiene muchas ausencias”, denuncian.
De hecho, y a pesar de que solicitaron su elaboración hace más de dos años, explican que la Cámara de Cuentas, dependiente de la Asamblea, todavía no les ha remitido el informe de fiscalización de la Ciudad de la Justicia. "Dos años y medio es tiempo más que suficiente; la cámara tiene competencias legales de fiscalización", recuerdan.
Por su parte, el diputado socialista Juan Lobato ya anunció que discutirían sobre esta cuestión hace un par de semanas, tras la última sesión de la Comisión. "El día 20 discutiremos los grupos sobre el contenido de ese documento [elaborado por su partido], y se decidirá o no remitirlo a la Fiscalía para su procedimiento judicial", explicaba, en declaraciones recogidas por Europa Press.
"Esto tiene bastante miga, porque hay numerosísimos contratos a dedo, un tema bastante grave que ha supuesto un quebranto patrimonial para todos los madrileños gravísimo en los últimos años", señaló en la misma comparecencia.
También dejó abierta la puerta a que el PSOE llevará este documento en solitario, de no contar con el respaldo de otros grupos. Por el momento, Podemos no cree que pueda consensuarse un documento conjunto este mismo martes, pero sí espera que puedan lograrlo en los próximos días. El viernes, el partido morado registrará una nueva petición de comparecencia de Granados y de Alfredo Prada, su antecesor en la Consejería de Justicia.
Del contrato con Normal Foster a la ceremonia de 1,4 millones
Hace dos años, cuando comenzaron a estudiar la documentación de la Ciudad de la Justicia, PSOE y Podemos ya anunciaron su intención de dar parte a la Fiscalía, pero finalmente no llegaron a hacerlo. Entre las irregularidades que entonces y aún hoy denuncian se pueden citar el despilfarro de dinero público, la ausencia de cuentas, o la contratación de personal sin titulación acorde a sus responsabilidades, entre otras tantas.
En el informe que desde Podemos quieren poner en común previsiblemente habrá referencias a algunos de los hechos más llamativos de la historia de este proyecto: Los 72 viajes por todo el mundo para promocionar un complejo que nunca llegó a contar con más de un edificio; la ceremonia de colocación de la primera piedra que costó 1,4 millones de euros, o la contratación de distintos arquitectos de renombre, entre ellos Normal Foster, para diseñar la quincena de edificios que iban a dar forma a este campus.
Sólo el contrato con Foster ya suponía un gasto de 11,621 millones de euros -más un 15% extra para costear maquetas de edificios, desplazamientos, etc-. Finalmente el arquitecto ingresó 10.6 millones por las dos maquetas de los edificios diseñados, según el informe de la Consejería, fechado en 2009. No pasó de las maquetas.
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