El PSOE andaluz –varios de sus diputados abogaban por el no– se ha abstenido, después de mantener el suspense sobre el sentido de su voto, en la votación en la que se decidía si se tramitaba o no la proposición de Ley sobre los regadíos en Doñana que ha presentado el PP, por un lado con Vox y por otro con Ciudadanos. La posición del PSOE no fue decisiva porque PP, Ciudadanos y Vox votaron en bloque e impusieron su mayoría. La propuesta, que ha generado alarma en la Comisión Europea –con amenazas de multas incluidas para España– y, también, en el Gobierno central, ha salido adelante, así, con el único rechazo de Unidas Podemos y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía, y por tanto, arranca su recorrido en la Cámara.

Los socialistas andaluces se abstuvieron aun después de que el Gobierno de Pedro Sánchez hiciera pública su posición al respecto mediante una contundente carta que la vicepresidenta Teresa Ribera envió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, este martes. En la misiva, le instaba a desistir de la iniciativa "ante los enormes perjuicios, tanto económicos como medioambientales, y también para la imagen de España en el exterior" y le advertía de que la proposición suponía una invasión de competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Ribera precisaba: "Cuando se adentra en la regulación de aspectos como las comunidades de regantes o la ordenación de los aprovechamientos para riego". "Son cuestiones reservadas a la legislación estatal de aguas", agregaba. La vicepresidenta alertaba también a Moreno de que, en el caso de que la ley diera lugar a multas, acabaría por generar un perjuicio económico a la propia Junta de Andalucía.

El partido que preside Moreno ha impulsado una proposición de ley especial que solo beneficia a algunos regantes y que ha causado tremenda preocupación en la Comisión Europea, en la Unesco y en el Gobierno de España, que ha sido amenazado con sanciones. El Ejecutivo teme las multas que podrían llegar del Tribunal de Justicia de la Unión, que hace solo unos meses, en junio de 2021, ya condenó a España por no cuidar los acuíferos –de los que se lleva extrayendo agua ilegalmente durante años– del Parque Nacional de Doñana.

El presidente del PP andaluz, quien en sus discursos reivindica una revolución verde", ha pasado olímpicamente de las advertencias de la UE, de la Unesco –y de las consiguientes del Gobierno– y ha seguido adelante con su propuesta, de claros tintes electoralistas. Este miércoles, con la abstención del PSOE, ha arrancado la tramitación de una norma que es difícil que llegue a aprobarse finalmente, porque Moreno podría disolver el Parlamento antes de que la norma finalice su recorrido en la Cámara.

¿Por qué se abstuvo el PSOE andaluz? Algunas voces del PSOE de Huelva, ediles de la comarca, –otras no, otras piensan lo contrario– vienen pidiendo que no se deje todo el campo electoral en el entorno de Doñana a Vox. La dirección del partido fue sensible a estos argumentos en un contexto en el que su voto no era decisivo, porque las derechas tenían ganada la votación, según afirman fuentes del PSOE andaluz a Público. No quisieron votar en contra para lanzar un mensaje a los agricultores. "La abstención dice que estamos dispuestos a hablar de sus problemas. No podemos dejar todo el voto a Vox en El Condado. El PP pretendía que votáramos que no para que no pudiéramos ir a Doñana más. No podemos renunciar a poder hablar con ellos", analizan las fuentes consultadas.

"Nuestro voto no era relevante para nada. Las derechas tenían ganada la votación. Otra cosa es que hubiera sido determinante. Entonces no hay discusión. Lo hubiéramos parado", agregan estas fuentes.

El PSOE de Juan Espadas, de este modo, no quiso dejar el espacio electoral en esa zona en manos de la derecha ni tampoco generar un problema interno al partido en la comarca, que está por ver que no lo tenga igualmente. Así arrancó el portavoz, Mario Jiménez, diputado por Huelva, buen conocedor de la problemática de la zona: "Un saludo a los agricultores. Queremos dejar muy claro que apoyamos la revisión del plan de la corona norte para resolver las injusticias que se hayan podido cometer desde una base de diálogo y de respeto a la ley".

Irresponsabilidad de Moreno

No obstante ese pretendido guiño a los agricultores, Jiménez fue duro con las derechas. El portavoz socialista manifestó que se trataba de un "acto de propaganda barata" del Gobierno andaluz: "Una campaña electoral impulsada por Moreno que vamos a pagar todos con una perdida de reputación. Todos vamos a pagar este precio".

Jiménez arremetió contra el presidente: "Moreno es un irresponsable, que pretende cambiar un plan consensuado, un pacto sin diálogo político con absolutamente nadie. No ha hablado con nadie. Ninguna decisión en Doñana se puede tomar de manera unilateral. Esto es un engaño masivo de un gobierno frívolo. Debería haber sido un proyecto de ley del gobierno".

Para el portavoz socialista, el PP lo que busca es que el proyecto "se presente hoy y que lleguen las elecciones". "No lo van a cumplir. Si quiere planificar el regadío, lo primero que se hace es ir a la autoridad hídrica. ¿Por qué no se ha hecho? Van a empeorar el problema. Doñana es un tesoro medioambiental. Eso se llama desarrollo sostenible. En Doñana no se puede entrar como elefante en cacharrería. Equilibrio. Ese término es el esencial", dijo Jiménez.

Luego, remachó, dirigiéndose a los agricultores: "A pesar de todos estos desmanes, queremos hacer las cosas bien. Ofrecemos diálogo y entendimiento, queremos resolver las injusticias, pero pedimos seriedad y rigor y equilibrio. Vamos a darle una oportunidad al diálogo".

Sobre las contradicciones que pudiera generar con el gobierno de Sánchez esta decisión, las fuentes consultadas por Público en el PSOE andaluz indicaron que en las elecciones se la juega el partido, que quien las gana es el PSOE, no el Gobierno, y que en Ferraz comprenden o al menos son sensibles a este tipo de razones.

Espadas, quien había pedido a Moreno que retirara la ley hace unos días, había dicho esta mañana, antes de la votación, según recoge una nota del PSOE: "Todos los focos de política nacional y europea están pendientes sobre una modificación en la comarca de Doñana que genera peligros, en contra del criterio de la Unión Europea, del Gobierno de España y de lo que desde oposición llevo pidiendo: que si hay problemas, debemos sentarnos, hablar y plantear una propuesta seria, no un debate con ruido y muchas incertidumbres muy peligrosas para los productos de Huelva en Europa".

División entre agricultores

La norma, además de causar alarma internacional, ha provocado incluso la división entre los agricultores de la zona. La plataforma que durante años ha venido presionando para poder acceder al agua se ha quebrado. Una asociación de agricultores que formaba parte de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado señaló en un comunicado que "desde hace tiempo no defiende los intereses generales de todos los regantes, sino más bien los intereses particulares de una minoría".

Según la ONG conservacionista WWF, la aprobación tal y como está de  la norma podría suponer "la legalización de hasta un máximo de 1.903,7 hectáreas de cultivos ilegales", lo que incrementaría el consumo de agua entre 7 y 9 hectómetros cúbicos anuales: "Esto tendría un efecto dramático para el acuífero que ya ha sido declarado sobreexplotado y se encuentra en un escenario de sequía extraordinaria".

"Hay que señalar que estos cultivos ilegales están extrayendo agua ilegalmente del acuífero actualmente, por lo que de haber sido ya retirados de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de la Fresa, desde 2014 hasta la actual campaña se hubieran podido dejar de extraer entre 50 y 70 hectómetros cúbicos del acuífero, lo que hubiera supuesto un importante paso en su recuperación y unas reservas extraordinarias para los agricultores", asegura WWF.

¿Alternativa?

El portavoz del PP, Jose Antonio Nieto, defendió su norma, en una rueda de prensa por la mañana: "¿Cuál es la alternativa? ¿Dejar las cosas igual? Hay saturación por uso indebido, problemas claros para mantener los humedales, problemas serios por mala utilización de personas que no tienen derecho a usarla y equiparación con otros agricultores que sí tienen derechos. Nadie me sabe responder a esa pregunta. ¿Cuál es la alternativa? ¿Que desparezca la agricultura de frutos rojos? Aclaremos los derechos de esa tierra, veamos quien sí y quién no. Y quien no los tenga, que deje el agua. Y solo cuando haya un trasvase, organicemos los riegos de forma justa. Protejamos los acuíferos. Eso se recoge en la proposición de ley y no otra cosa. El objetivo es resolver un problema, no crearlo. Y como no nos creemos infalibles, que se mejore y se aporte. Y para eso está el trámite. Y si tenemos que ir más despacio, iremos, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados".

Sobre los derechos históricos, Juanjo Carmona, de WWF afirma: "Regar sin ningún tipo de autorización administrativa y realizar una actividad ilegal durante años no otorga ningún tipo de derecho. El Plan de la Fresa nació fruto de un largo proceso de búsqueda de consenso que duró siete años. Es más, de los aproximadamente 160 recursos contenciosos que se han presentado estos años contra el Plan de la Fresa, ningún Tribunal ha considerado que haya un solo artículo anulable, ni que los requisitos del plan fueran ilegales".

Para la portavoz de unidas podemos, Inma Nieto, "el PP sabe que lo que pone esta proposición de ley no se puede hacer". "Volvamos a la cordura. Tengamos sentido del deber y no arenguemos a personas a cambio de un voto. Doñana es una joya. El PP sabe que todo esto no va a pasar. Se equivocan. El daño ya ha empezado a hacerse. Aun sabiendo que no se puede hacer, persisten, por el nerviosismo electoral. Claro que hay ideología en esto. Esto no debiera arrancar", dijo Nieto.