La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, de quien depende la dirección general de este área que firmó el anuncio que constituía el sindicato de prostitutas, suscribió en el año 2015 un artículo coral publicado en El País que abogaba abiertamente por la regularización de la prostitución y su reconocimiento como “actividad mercantil”.

En el artículo, firmado por Elena Beltrán, junto con una lista de profesores de la facultad de Derecho de la UAM y miembros del colectivos de DeLiberación, se decía textualmente que "no se trata meramente de despenalizar [la prostitución], sino de regular con una finalidad de proteger". Añadía que "su legalización y su regulación pueden ser deseables, pues las mujeres se encuentran en una situación mucho peor en la clandestinidad y en la alegalidad". Incluso, llegaba a afirmar dicho escrito: "La prostitución es un actividad mercantil”.

Valdeolivas, en buena lógica, debería de conocer el anuncio publicado en el BOE  que autorizó su directora general, Concepción Pascual, cuyo nombramiento depende directamente de la Secretaría de Estado de Empleo, a la que Valdeolivas accedió de mano de la ministra Magdalena Valerio.

Pero además, la directora de Empleo también estuvo en la estructura del Govern de la Generalitat en la etapa del PSC, cuando este partido abogaba abiertamente por la legalización de la prostitución.

Casualidad o no, entonces fue la exconselleta de Interior, Montserrat Tura, quien planteó regularizar la prostitución por medio de un borrador de un proyecto de ley, que no llegó a ser aprobado por las reticencias de la izquierda y por la propia disolución del Govern. El plan incluía promover la autogestión de las prostitutas para evitar la explotación sexual y llevar a cabo controles sanitarios.

También el exalcalde Barcelona, Jordi Hereu, anunció en reiteradas ocasiones su deseo de incluir la regulación de la prostitución en el programa de su partido de cara a los comicios autonómicos. Hereu llegó a confirmar entonces que, después de hablar sobre el tema con el presidente de la Generalitat, José Montilla, "podría conseguirse" la legalización de la prostitución.

El PSC, desde entonces, ha ido modificando su posición al respecto e, incluso, desde el grupo municipal de los socialistas catalanes en Barcelona, se presentó una ordenanza para prohibir la prostitución en las calles, que contó con la oposición de Ana Colau. La actual alcaldesa de Barcelona defiende ahora las antiguas posiciones de los socialistas catalanes.

Las conexiones de este tema con Catalunya incluyen la procedencia del sindicato de prostitutas registrado, que establece su sede social en Barcelona.
El debate interno del equipo del Ministerio de Magdalena Valerio sobre la postura ideológica a adoptar en este asunto explicaría el “gol por la escuadra” que, según dijo la propia ministra, le habían metido con la publicación en el BOE del anuncio de la creación del sindicato de prostitutas, destapado por Público la semana pasada y que está pendiente de resolver las responsabilidades políticas.

Varios días después de que se conocieran los hechos, la ministra de Trabajo mantiene a ambas responsables políticas en sus puestos y la única respuesta oficial del Ministerio es que “se está recabando información” de lo sucedido.

Por su parte, desde la vicepresidencia del Gobierno que lleva el Ministerio de Igualdad se ha guardado un sorprendente silencio, pese a que Carmen Calvo fue interpelada en varias ocasiones por el asunto en la comparecencia sobre las medidas de violencia de género aprobadas por el gobierno que se celebró el Congreso el pasado jueves.

Ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha intervenido en la polémica a través de Twitter para aclarar que ni ese sindicato no se va a constituir ni su Gobierno va a legalizar la prostitución en España, en contra de lo que suscribía públicamente su secretaria de Estado de Empleo hace tres años.