Los partidos que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, así como sus aliados progresistas en el Congreso quieren ir con pies de plomo a pesar de que este martes, el Consejo General del Poder Judicial decidió poner fin al bloqueo para renovar el Tribunal Constitucional. Se daba el caso de que el ala conservadora del órgano de los jueces, con el mandato caducado también desde hace más cuatro años por el bloqueo del PP, mantenía congelada dicha renovación.

La elección de César Tolosa y María Luisa Segoviano por parte del CGPJ y de Juan Carlos Campo y Laura Díez por parte del Gobierno dará paso a una nueva mayoría progresista en el tribunal de garantías nueve años y medio después. Pero es importante destacar el contexto en el que se enmarca este hecho, que no es otro que la grave crisis institucional provocada, precisamente, por la injerencia del TC en el Poder Legislativo.

En concreto, tras la decisión inédita de este tribunal, mediante su actual mayoría conservadora, de impedir por primera vez una votación en el Senado de una reforma legislativa que afectaba al propio Constitucional. La medida, impulsada por los grupos del Gobierno e incluida en la propuesta ómnibus para derogar la sedición y reformar la malversación (aprobada en la Cámara Alta el pasado jueves), iba encaminada a rebajar las mayorías en el CGPJ para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional que le correspondía.

Ante el veto del Constitucional a la capacidad del Senado para votar dicha reforma, la mayoría de grupos políticos, a excepción de PP, Vox y Cs, salieron en defensa de la autonomía y la soberanía de las Cortes, consagrada en la Constitución y amenazada por el intento anómalo de "amordazar" a una cámara legislativa.

Por ende, los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios plantearon un frente común para sortear esa prohibición a través de una reforma legal conjunta, que se tramitaría de forma urgente, en cuestión de un mes, según avanzó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y confirmó el portavoz del grupo socialista, Patxi López. En cualquier caso, esa propuesta llegaría después de que el Constitucional hiciera público el fallo emitido el pasado lunes 19 de diciembre. 

Moncloa vuelve a poner la presión sobre el PP

Ahora, con la renovación del Constitucional apunto de materializarse en un pleno previsto para este jueves, el Gobierno rebaja las prisas para presentar esta reforma y emplaza a los grupos parlamentarios a estudiar esta cuestión. Así lo ha señalado Bolaños este miércoles: "Es evidente que deja de tener urgencia" la reforma, ha aseverado para después instar al PP a firmar el acuerdo alcanzado en octubre para renovar el Poder Judicial y que Feijóo soliviantó a última hora por la presión de los barones populares.

"El acuerdo con el PP está hecho, por lo que sería cuestión de segundos firmarlo, ponerlo en funcionamiento y renovar el órgano de los jueces. Es evidente que quien bloquea y quien no cumple la Constitución es el PP", ha recordado el titular de la Presidencia.

Por su parte, desde el grupo socialista mantienen esta presión sobre el PP en lo relativo a la renovación pendiente del órgano de gobierno de los jueces, pues siguen "esperando a que el PP cumpla la Constitución", señalan fuentes del grupo parlamentario, pero también consideran que la crisis por la renovación del Constitucional, aunque está apunto de cerrarse, "es una cuestión a solucionar ante el deterioro continuo que el PP produce a las instituciones, al bloquearlas cuando no tiene el poder", añaden. De este modo, el PSOE cree que, aunque es cierto que no es urgente la proposición de ley prevista, sí que es necesaria para evitar posibles bloqueos en el futuro.

Unidas Podemos insiste en ir al "pecado original"

Desde Unidas Podemos siguen poniendo el foco en el origen del problema, el "pecado original", como ha destacado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en una entrevista en la Cadena Ser. Esto es, el bloqueo que lleva ejerciendo la derecha en el CGPJ y en un sistema de renovación "a la medida del bipartidismo", que ya no es una realidad en España y permite al PP ejercer una minoría de "bloqueo".

En este sentido, el grupo confederal se inclina por rebajar las mayorías parlamentarias para elegir a nuevos vocales, habilitando la opción de nombrarlos por mayoría absoluta en lugar de mayoría de tres quintos. Y es que, aunque es positiva la renovación del TC —en palabras de la líder Podemos—, esto "no resuelve" la crisis "gravísima" generada por la decisión tomada, que califica de "golpe judicial".

Precisamente, debido a esta injerencia del poder judicial en el legislativo, los socios del Ejecutivo insisten en que hay que tomar decisiones para impedir que no vuelva a darse una situación similar en democracia. "Que sea una noticia que el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional cumplan la ley indica hasta dónde ha llegado el secuestro de estas instituciones por el PP. Hay que garantizar que no pueda repetirse", subrayó el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, este martes.

También, desde ERC y EH Bildu abogan por continuar con la proposición de ley prevista para evitar un nuevo "secuestro" del parlamentarismo y la soberanía popular. "La derecha y la extrema derecha española han demostrado estar dispuestas a todo con tal de ganar en los tribunales aquello que no ganan en las urnas, poniendo incluso en riesgo la democracia", recuerdan los de Gabriel Rufián.

Así, se ofrecen a estudiar cualquier proposición que se presente para poner solución al problema de fondo, una iniciativa que, según los republicanos, debe de estar impulsada por el PSOE o el Gobierno. "Como partido demócrata que somos, nos encontrarán siempre del lado de los que defienden el progreso y el avance de derechos", sentencian estas fuentes.

EH Bildu también insta a abordar la "anómala situación en el CGPJ" respecto a la elección de los miembros. Por ello, en la línea de que opina Unidas Podemos, considera que "es deseable la reforma no solo para el TC, sino también para un CGPJ que sigue caducado", ya que la "persistencia de ese bloqueo es la raíz del problema".

Asimismo, pone la pelota en el tejado del Gobierno, pues es el que "debe valorar la conveniencia de continuar con la reforma", pues según recuerdan fuentes de la coalición abertzale, "no entramos a negociar ni participar en la renovación de órganos judiciales por los cuales ni nos sentimos representados y que, además, han sido especialmente duros y beligerantes con la izquierda independentista vasca".

Más cautos se muestran desde el PNV, un partido que sí ha participado en las negociaciones para renovar los órganos constitucionales, al confiar en que, "con sentido común", se desbloquee la renovación del CGPJ en las próximas fechas. De no ser así, como todo apunta ante las nuevas condiciones impuestas por el PP para este fin, "ya habrá tiempo de pensar en cambios legislativos que, en todo caso, deberían llegar a propuesta del Gobierno", subrayan fuentes jelzales.