La ILP de regularización de migrantes, que admitió a trámite la Cámara Baja en abril, se encuentra actualmente en plena negociación parlamentaria. El camino es ―y ha sido― tortuoso. Primero, estuvo bloqueada en la Mesa del Congreso cerca de medio año. Finalmente, Sumar logró arrancar al PSOE un acuerdo para desatascar el asunto. El siguiente paso era la entrada en comisión parlamentaria, donde se debe lograr una mayoría suficiente para acordar un texto que, más tarde, se vote en Pleno de forma definitiva. Ese es el escenario actual.

Quien está detrás de la ILP desde el primer momento es la asociación RegularizaciónYA. Desde un primer momento, han apretado a los distintos grupos parlamentarios para llevar la ILP, convertida ahora en proposición de ley, a la votación definitiva en la Cámara Baja antes de final de año. Ahora, además, explican que la crisis desencadenada por la DANA es un motivo extra para acelerar los trámites, que consideran que se están alargando más de la cuenta.

"Nos preocupa que la catástrofe que ha tenido lugar en València y otros territorios deje fuera de las ayudas a todas las personas que no tienen su situación regularizada en España", explica, en conversación con Púbico, Vicky Canalla, la portavoz de la asociación.

Los números, en ese sentido, son drásticos. La responsable del programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón, Raquel Checa, cifró en un artículo en el periódico 20minutos en 41.000 personas las que se encuentran en esa situación solo en la ciudad de València. Canalla lo reafirma y puntualiza que habría que añadir las del resto del territorio del País Valencià afectado, Castilla-La Mancha o Andalucía. 

Hay, por lo tanto, prisa. Canalla señala lo que considera una cierta "hipocresía" con unas ayudas gubernamentales que pueden dejar fuera a miles de personas que, en realidad, "son las más vulnerables".

De todas formas, según ha podido saber este medio a través de varios diputados implicados en la negociación, el acuerdo no parece cercano. Partido Popular (PP) y Partido Nacionalista Vasco (PNV) introdujeron enmiendas que vinculan la regularización a los contratos laborales. Es  algo que no va en la línea que persiguen tanto los promotores de la ILP como las formaciones de izquierdas, que quieren una regularización tan poco restrictiva como sea posible. Junts, por su parte, condiciona su apoyo a que se traspasen las competencias en migración.

El peligro del Reglamento de Extranjería

En paralelo a la negociación de la ILP, también avanza una reforma del Reglamento de Extranjería ―que, en principio, aumentará las facilidades para que las personas llegadas a España accedan al permiso de residencia― y existe la preocupación de que se convierta en un arma de doble filo. Vicky Canalla insiste en que "no tiene sentido aprobar el nuevo reglamento sin poner el contador a cero". Se refiere a que es necesario acometer primero la regularización de 500.000 personas migrantes y, después, aprobar esa reforma reglamentaria.

El peligro que sobrevuela la negociación, a juzgar por lo que dicen fuentes, en este caso, de Esquerra Republicana de Catalunya conocedoras de la misma, es que el Partido Socialista termine dando por buena la reforma del Reglamento de Extranjería y esquivando la aprobación de la propia regularización. Es algo que Canalla no quiere siquiera plantearse.

En cualquier caso, las cosas en este momento giran alrededor de una pugna. Por una parte, hay una opción ―la que defienden PP y PNV― que es vincular la regularización a los contratos laborales. Por otra, las formaciones de izquierdas defienden que sea lo menos restrictiva posible. Todo ello, y eso también es relevante, en el marco de unas políticas migratorias de la Unión Europea cada vez más restrictivas.