ProcésLa fiscalía pide tres años de prisión para los mossos que escoltaron a Puigdemont hasta Alemania

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha emitido la petición de tres años de prisión y otros tres de inhabilitación para los dos mossos que escoltaron a Carles Puigdemont en el momento de su detención en Alemania el 25 de marzo de 2018, según ha informado El Periódico.

Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea, mossos d’Esquadra, son considerados autores de un delito de encubrimiento, ya que tenían que conocer la situación de huida de la justicia del expresident, reclamado internacionalmente por un delito de rebelión.

Para el fiscal, ambos mossos "ayudaban a Puigdemont, conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos constitutivos de delito de rebelión y otros, y que el juez instructor español encargado de la investigación había emitido una orden europea de detención y entrega con el fin de obtener su puesta a disposición para enjuiciamiento"

El relato fiscal

La Fiscalía ha concluido que "su intención" era ayudarle y conseguir que pudiese "regresar a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención". El relato fiscal asegura que el 19 de marzo de 2018, en las que ambos mossos tenían la semana libre, se desplazaron a la región belga de Waterloo y el día 23, cuando el juez Llarena dictó la nueva orden europea de detención contra el ‘expresident’, se les pidió que fueran a buscarle a Estocolmo y lo trasladasen a Bruselas.

Ambos mossos tenían la semana libre y se desplazaron a la región belga de Waterloo para escoltar al expresident

Puigdemont estaba en Helsinki para impartir una conferencia y ese mismo día abandonó la ciudad. Sin embargo, al pasar por Alemania, cruzando la frontera con Dinamarca, se produjo su arresto por la orden en vigor contra su persona, e identificaron a los mossos, que viajaban con él en el vehículo.

La Audiencia Nacional también citó a otras dos personas que le acompañaban, el empresario Josep María Matamala y el historiador Josep Lluís Alay, aunque la instrucción solo se ha dirigido a los mossos, pues consideran que el delito se produjo aprovechando su condición de funcionarios públicos en ejercicio desde 2004 y 2007 respectivamente.