Si la vida política ha recuperado la intensidad tras el paréntesis veraniego, también los tribunales parece que no dan tregua estos días. Des de principios de septiembre ya se han celebrado algunas vistas que afectan a la macrocausa emprendida contra el independentismo a raíz del referéndum del 1 de octubre de 2017.

El pasado día 3 comparecieron ante el juzgado número 4 de Figueres parte de los 197 investigados bajo la acusación de desórdenes públicos que participaron en el corte de la AP-7 que Tsunami Democràtic convocó en la Jonquera los días 11 y 12 de noviembre de 2019 en protesta por la sentencia del Supremo contra los líderes del procés. Uno hechos que también se investigan en el juzgado de Girona -donde hay cuarenta personas encausadas– y el de Perpinyà (Catalunya Nord), en el cual ya han declarado once más. Los investigados se enfrentan a peticiones que pueden alcanzar los seis años de cárcel.

El próximo día 17 el Tribunal Supremo estudiará el recurso que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, interpuso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de condenarle a un año y seis meses de inhabilitación y a 30.000 euros de multa por no retirar la pancarta con lazos amarillos que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Una sentencia que, en caso de confirmarse, precipitaría el avance de los próximos comicios catalanes.

La causa penal contra Torra incluye una segunda etapa el miércoles día 23, cuando está citado a declarar en la Sala Civil y Penal del TSJC por la denuncia que la entidad españolista Impulso Ciudadano le interpuso después de no sacar a tiempo, en noviembre de 2019, una pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat que pedía la libertad de los dirigentes independentistas condenados por el Supremo.

Juicio a la Mesa del Parlament

Estas causas coinciden con otras que se resolverán antes de fin de año, entre ellas la relativa a la Mesa del Parlament que tramitó las resoluciones del procés durante la pasada legislatura. Tras declarar en julio ante el TSJC, los acusados –Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas, Joan Josep Nuet y la exdiputada de la CUP Mireia Boya– podrían ser condenados a 20 meses de inhabilitación. Esta es la pena que solicita la abogacía del Estado, según la cual los integrantes de la Mesa "desobedecieron los dictámenes del Tribunal Constitucional" y permitieron los debates sobre las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica que el Parlament votó el 6 y 7 de septiembre de 2017, así como el texto de la declaración de independencia del 27 de octubre.

Contra este criterio, la defensa pide la absolución de sus clientes al entender que actuaron "en defensa de la cámara, la legitimidad de los diputados, los grupos parlamentarios y las personas que votaron la composición de este órgano legislativo". Se espera que la Sala, presidida por Jesús María Barrientos, se pronuncie en próximas fechas.

Trapero y la cúpula de Interior

Justamente la sentencia contra la Mesa del Parlament podría coincidir con otra muy importante, la que afronta el mayor de los Mossos de Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la cúpula de Interior que en otoño de 2017 operó bajo el mandato del exconseller de Interior Joaquim Forn, ahora en la prisión de Lledoners tras la condena del Supremo.

Este juicio, iniciado en enero en la Audiencia Nacional y que fue interrumpido en varias ocasiones por la pandemia, concluyó en julio con las peticiones ya anunciadas por la Fiscalía: 10 años de prisión a Trapero por un delito de sedición -o bien 60.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia-; la misma pena para el exdirector de los Mossos Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig; y cuatro años -también con la alternativa de desobediencia- para la intendente Teresa Laplana, encargada del dispositivo que el 20 de septiembre de 2017 se desplegó en la conselleria de Economía de la Generalitat para controlar la multitud que denunciaba los arrestos y registros que ese día practicaba la Guardia Civil.

La causa contra los Mossos pasará a la historia por el alegato final de la abogada de Trapero y Laplana, Olga Tubau. En una emocionante intervención, Tubau pidió la absolución de sus clientes y suplicó a la sala que no cargara sobre el principal mando "la impotencia y el egoísmo del Estado", a la vez que acusó a los fiscales de querer "copiar" la sentencia del Supremo que condenó a los consellers de Puigdemont, la expresidenta del Parlament y los líderes de la ANC y Òmnium Cultural. Queda en manos de tribunal, compuesto por Concepción Espejel, Francisco Javier Vieira y el ponente Ramón Sáez, la decisión de sentenciar o no a los antiguos mandos de la policía catalana.

Esperando al juzgado 13

Al margen de estos casos, pronto se sentarán en el banquillo otros actores vinculados con el procés. Es, por ejemplo, la Sindicatura Electoral que el Parlament de Catalunya constituyó el 7 de septiembre de 2017 con el fin de velar por el funcionamiento democrático del 1 de octubre. Sus cinco miembros, los juristas y académicos Jordi Matas, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Pagès y Marta Alsina, declararán el 4 y 5 de noviembre en el juzgado 11 de Barcelona acusados de desobediencia y usurpación de funciones "al no atender los requerimientos del Tribunal Constitucional y dictar varias resoluciones sobre los preparativos del referéndum".

Después de retirar la acusación de malversación, la Fiscalía solicita para ellos una penas de dos años y nueve meses de cárcel o, alternativamente, una multa de 5.400 euros por desobediencia, que incluye la inhabilitación "para cualquier función que responda a un nombramiento discrecional efectuado por una administración pública".

Quienes no conocen todavía la fecha del juicio son el exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat Josep Maria Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, considerados los auténticos "arquitectos" del 1-O. Jové y Salvadó ya comparecieron el 11 de marzo ante el TSJC para responder sobre los supuestos delitos de desobediencia, malversación y revelación de secretos, pero decidieron acogerse al derecho a no declarar y presentaron un recurso contra el auto de la entonces magistrada del juzgado número 13 de Barcelona, Maria Eugènia Alegret, quien aseguró que los diputados de ERC "planearon la preparación de las estructuras de Estado y una adecuada financiación para el momento que Catalunya obtuviera la independencia".

Aun así, el 30 de julio pasado, el Tribunal Superior desestimó el recurso de ambos alegando que la investigación no vulneraba sus derechos y que la decisión de pinchar sus teléfonos y registrar sus despachos y domicilios estaba plenamente justificada. De esta forma, Jové y Salvador, que han tenido que abonar una fianza de 1,6 millones de euros –equivalente a la gestión informática para impulsar la Hacienda catalana-, irán a juicio por unos delitos que les pueden acarrear varios años de prisión.

Tan solo faltará que pasen por el juzgado 13 los 28 antiguos cargos del ejecutivo catalán a quienes el tribunal vincula con los preparativos del 1 de octubre y que están procesados por delitos tan variados como malversación, falsedad documental, revelación de secretos, desobediencia o prevaricación. Entre estos cargos destacan el exsecretario de Difusión de la Generalitat Antoni Molons, el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin, el exdirector general de Comunicación Jaume Clotet, el exdirector general de Patrimonio Francesc Sutrias, y los tres máximos responsables de la actividad exteriores en esa época: el secretario general de Relaciones Internacionales y Exteriores, Aleix Villatoro; el exdirector de la representación de la Generalitat ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj; y el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo. A 17 de ellos, la juez ya fijó una fianza solidaria por responsabilidad civil de casi 6 millones de euros, la cantidad supuestamente gastada o comprometida con el 1-O.

También figuran acusados por desobediencia la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis, y el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, a los que el juzgado 13 atribuye que trabajaron de forma "colegiada" para hacer posible el referéndum de independencia. La concatenación de todas estas causas llenará la agenda judicial los próximos meses, hecho que seguramente enturbiará el clima político y el diálogo abierto para resolver el conflicto entre Catalunya y España.