No es una propuesta nueva pero su ofensiva se ha encrudecido en las últimas semanas. El PP ha puesto todos sus esfuerzos en defender la prisión permanente revisable que su rodillo aprobó en la legislatura pasada a instancias de Alberto Ruiz-Gallardón con dos objetivos: aprovechar la sensibilidad social retomada desde la aparición del cadáver de Diana Quer y la detención de 'El Chicle' y ganar la carrera a sus socios-rivales de Ciudadanos.

A esa misión contribuirá este domingo el propio Mariano Rajoy, que presidirá el acto que el partido ha organizado en Córdoba y al que acudirá, entre otros invitados, el padre de la desparecida Marta del Castillo. Además, las organizaciones locales del PP ya están manos a la obra en la recogida de firmas con la que pretenden apoyar a la iniciada, precisamente, por los padres de Quer. 

El objetivo es presionar a la oposición para que no siga adelante con la propuesta que el PNV inició en el Congreso de los Diputados para derogar dicha medida. Sólo el PP defiende la prisión permanente revisable en todos sus términos, lo que le sirve para frenar el ascenso de Cs y el robo de votos que los de Albert Rivera han conseguido arañarles por la derecha. 

Son muchos quienes en Génova consideran que los naranjas les superan, sobre todo, en sus capacidades comunicativas. Y muchos han criticado a Rajoy por permitir que se adelanten a la hora de vender públicamente algunas de sus medidas pactadas.

El último ejemplo de ello es el acuerdo para igualar los salarios de Policía y Guardia Civil al de las policías autonómicas previsto en caso de que lleguen a aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y que ambas formaciones se atribuyen para sí. Los resultados de las elecciones catalanas, además, ponen de manifiesto que fue Inés Arrimadas -y no Xavier García Albiol- quien capitalizó mejor la aplicación del artículo 155 en Catalunya.

La contraofensiva de Cs

Por ello, el PP parece haber encontrado una medida que le diferencie de sus socios y rivales. Ciudadanos, en su pacto con Pedro Sánchez para la investidura fallida de 2016, firmó la derogación de dicha norma. Sin embargo, después se abstuvo en el inicio de los trámites en la Cámara baja y ahora ha decidido contraprogramar a los conservadores con una nueva iniciativa.

Rivera explicó recientemente su cambio de opinión: ahora no es partidario de tomar ninguna decisión al respecto hasta que el Tribunal Constitucional -donde está recurrida la norma de Gallardón- se pronuncie al respecto. Mientras tanto, su intención es modificar dicha ley para endurecer el tercer grado y, así, seguir dando la batalla al PP.

En concreto, la enmienda presentada en el Congreso tiene como objetivo impedir que los "delicuentes peligrosos" vuelvan a la calle, al menos, hasta haber cumplido 20 años de cárcel -y no 15, como hasta ahora- o, en el caso de delitos de terrorismo, abusos sexuales o corrupción de menores, hasta haber cumplido el 75% de su condena -y no la mitad, como hasta ahora-.

El PP, por su parte, seguirá defendiendo la prisión permanente revisable que consideran "constitucional". Así lo manifestó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, el pasado viernes tras el Consejo de Ministros: "Es constitucional, está avalada por el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Además, es una pena habitual en el Derecho Comparado", aseguró. Este domingo será el propio Rajoy quien la defienda.