El PP comenzó a entender este martes, en el segundo consejo de Gobierno, que gobernar Andalucía no es lo mismo que hacer oposición. Por un lado, empezaron a asumir el desgaste de tomar decisiones, como la de mantener las indemnizaciones por vivienda para los altos cargos que deben trasladarse a Sevilla -“la casa gratis”- y la de rebajar en un 12% los altos cargos, cuando venían hablando de llegar al 50%, y, por otro, comenzaron a ponerse la venda antes de la herida para el previsible caso de que no lleguen las soluciones milagrosas para los problemas de los servicios públicos. “Nos han dejado una herencia envenenada”, dijo el presidente en una entrevista en la Cadena Cope, fijando así el discurso para los próximos meses y, tal vez, años.

Después de 36 años de derrotas consecutivas, los conservadores han logrado criticar, con el afán político de erosionar a los ejecutivos socialistas, casi todo lo que hacía la Junta de Andalucía. Uno de sus caballos de batalla de los últimos tiempos, que metían además habitualmente en el mismo saco que los asuntos de corrupción, fueron las ayudas al alquiler de los altos cargos.

Durante años estuvo el PP -y también Ciudadanos, su hoy socio de Gobierno- arremetiendo sin cuartel contra las oficialmente llamadas indemnizaciones por vivienda, las que reciben los altos cargos de la Junta de Andalucía -60 a 31 de diciembre de 2018- que deben trasladarse a Sevilla -donde están los servicios centrales de la administración- desde otros lugares de la Comunidad o, en algún caso, de fuera de ella.

La máxima moderación

La escena que se vivió este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno (aquí se pueden consultar al detalle todos los acuerdos y asuntos tratados) tuvo su miga también porque la idea central de la misma era justamente la de situar al nuevo Ejecutivo como el más limpio de la historia de Andalucía, como el que iba a acabar con tantos y tantos años de despilfarro y mala gestión, “la herencia envenenada”, por utilizar palabras del presidente Moreno.

Así, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, anunció el inicio de la tramitación del proyecto de Ley de creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, y la formación en el Parlamento de Andalucía de una comisión de investigación sobre la hoy extinta Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), en la que hay pagos sin justificar superiores a los 50 millones y en la que su exdirector, Fernando Villén, llegó a pagar facturas de miles de euros en burdeles con una tarjeta de crédito de la Junta de Andalucía.

Elías Bendodo (PP), consejero de la Presidencia, mano derecha del presidente Juanma Moreno, se estrenaba como portavoz del Gobierno, un cargo que desde que acabó por quemar a la también consejera de la presidencia Mar Moreno (PSOE) -a quien le cayó encima todo el peso de los comienzos del caso de los ERE, un asunto con el que ella nada tiene que ver-, estaba ocupado por un profesional, Miguel Ángel Vázquez, primero y Juan Carlos Blanco, después.

En la última pregunta, Bendodo, cuando ya había despejado todas las demás, unas 30, de manera más o menos holgada, sin errores de relevancia, dejó tocado el discurso de regeneración que había enarbolado con convicción hasta ese momento el vicepresidente del Gobierno, Juan Marín (Ciudadanos).

La secuencia sucedió de este modo: la periodista Lourdes Lucio le preguntó a Bendodo: “Me gustaría saber si ustedes van a eliminar esa ayuda (la de la indemnización por vivienda)”. Bendodo le habló casi al cuello de su camisa, con un hilo de voz que parecía revelar que era bien consciente de las implicaciones de su respuesta, bien clara, por otra parte: “No, en principio, no. No está previsto. Pediré la máxima moderación, evidentemente. Pero las personas que se tengan que desplazar desde otras provincias que no sea Sevilla, creemos que eso se debe mantener”.

Valgan dos ejemplos para ilustrar la posición política de Ciudadanos y PP sobre este asunto antes de acceder al Gobierno andaluz. En septiembre de 2017, el diputado de Ciudadanos Sergio Romero manifestaba que las indemnizaciones por vivienda eran un “lastre para la clase política”. Y en enero de 2015, la secretaria general del PP, Loles López, reclamaba su eliminación para financiar gasto social con ese dinero, unos 600.000 euros al año.