Para alcanzar una sociedad feminista, no sólo hay que avanzar en políticas concretas de igualdad entre hombres y mujeres. Es necesario incorporar la perspectiva de género. Esta mirada fundamental ya se reconoció en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995, que reivindica este enfoque como fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad. Sin embargo, hemos vivido años de retrocesos en políticas feministas y perspectiva de género de la mano de los gobiernos del PP.

En este acuerdo, falta perspectiva en varios ámbitos, como es en el apartado fiscal en el que se limita a hacer una mención en "fiscalidad de género y desigualdad" a realizar "trabajos necesarios para analizar en profundidad la mejor forma de llevar a cabo esta adaptación". Una medida que no se concreta ni desarrolla. Sin embargo, más allá de algunos aspectos similares, el cambio real que se muestra viene porque el pacto avanza hacia la igualdad real: en muchas de las medidas sociales que se incorporan, directa o indirectamente, son las beneficiarias principales las mujeres. Más allá de las concretas como la financiación del Pacto contra la Violencia de Género, la subida del SMI tiene un fuerte impacto, así como el incremento de las pensiones. También el cómputo de rentas en el subsidio de desempleo para mayores de 52, la ratificación del convenio 189 de la OIT, las mejoras en dependencia o los avances en los trabajos de cuidados. Medidas que mejoran fundamentalmente las condiciones de las mujeres de clase trabajadora.

Un indicador en este sentido es la comparativa con las enmiendas feministas que realizaron desde la Plataforma Impacto de Género Real Ya a los Presupuestos de 2018. En un análisis recogido en el Manifiesto Feminista sobre los Presupuestos, en el que denunciaron el "machismo" de las Cuentas Generales en el Estado, también reclamaron varios cambios que ahora sí vienen recogidos en los nuevos Presupuestos. Aún teniendo en cuenta que faltan reclamaciones importantes como dar más peso al Instituto de la Mujer. 

"El pasado 8M España cambió. Después de muchos años en los que la igualdad de género había retrocedido hasta niveles dolorosos, las mujeres de este país, y también muchos hombres, salieron a la calle de forma arrolladora y dijeron basta ya", se alega en el apartado de los Presupuestos en el que se incluyen medidas para lograr "una sociedad más feminista", marcando el avance de este movimiento como fruto de muchas de las medidas que se incorporan. Asimismo, la diputada de En Marea, Yolanda Díaz, señaló durante la rueda de prensa de Unidos Podemos de este jueves el importante impacto de género, sobre todo en la materia laboral. Analizamos en Público estas medidas.

La subida del SMI: "Un enorme impacto de género"

"El elemento rector de la economía es incrementar el Salario Mínimo Interprofesional", ha asegurado Díaz, que ha formado parte del grupo negociador con el Gobierno. Y ha indicado tres consecuencias directas de este incremento: la subida generalizada de los salarios de forma global, cómo afecta positivamente a los trabajadores que no tienen convenio sectoriales y (la más olvidada) el  "enorme impacto de género": "Si hay alguien que está afectada por la mejora del SMI somos las mujeres trabajadoras. Es un gran acuerdo y es de las medidas mejor conseguidas del derecho laboral", sostuvo durante la rueda de prensa del grupo.

La importancia deriva de la suma de las condiciones de precariedad laboral específicas de las mujeres. La brecha salarial que aún se mantiene en el Estado español en de un 14%, que provoca que las mujeres tengan que trabajar 52 días más al año para recibir el mismo salario que los hombres. A su vez, los datos muestran que, de todos los factores que pueden incidir en el hecho de que un ser humano sea pobre, ninguno influye tanto como el género. Y, en concreto al SMI, casi 1 de cada 5 mujeres tuvo ingresos menores o iguales que él, duplicando el porcentaje de los hombres (18,2% mujeres, 7,4% hombres), según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2017. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el Palacio de la Moncloa en la firma del acuerdo sobre el proyecto de ley de presupuestos para 2019. EFE/ Zipi

Cumplir con el Pacto contra la Violencia de Género

Esta ha sido una de las principales reivindicaciones del movimiento feminista al Gobierno del PP en los PGE del año pasado. Ahora, los socialistas se han comprometido no sólo al aumento de 200 millones de euros anuales ya acordados, si no que establecen tramitar en el Congreso un proyecto de Ley que "dé más protagonismo a los ayuntamientos devolviéndoles competencias en esta materia, por ser las administraciones más cercanas a las víctimas". De esta forma, se duplicarían los fondos destinados a erradicar la violencia de género para los ayuntamientos, pasando de 20 millones en 2018 a 40 en 2019.

También se acuerda fortalecer la tutela judicial y el acceso a la justicia para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la defensa de las víctimas. Así como facilitar la acreditación de víctima de violencia de género a través de distintas instituciones como los servicios sociales municipales sin necesidad de que medie denuncia policial o judicial y modificar el Código Civil para fomentar la protección de los menores. 

Prestaciones por desempleo y trabajo de cuidados

Las mujeres representan el 58% de los desempleados, según datos del Servicio Publico de Empleo. Esta brecha se ha ido ampliando durante los años de crisis económica: en el mismo período de 2016 las mujeres registradas en el paro eran el 56% del total, en 2013 el 51% y en 2007 el 39%. Ellas también representan la mayoría de los desempleados de larga duración.

Además, el empleo femenino es más estacional y se destruye con más rapidez, al tiempo que las mujeres tienen mayor dificultad para acceder al mismo. Los subsidios por desempleo suponen, también, una fuente de desigualdad. Si el 60,4% de los hombres desempleados cobran una prestación, esta cifra baja hasta el 50,8% en el caso de las mujeres, es decir, hay una brecha de género de casi 10 puntos. 

Por ello, los avances en cuestión de desempleo también tienen un fuerte impacto de género. En el acuerdo presupuestario se recupera el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, elevado hasta los 55 años por el Gobierno de Mariano Rajoy. Establecen aquí el cómputo de rentas sobre la base de las de la persona beneficiaria y no de la unidad familiar, suprimiendo la obligación de tener que acceder a la jubilación anticipada cuando se percibe. También lo tiene el aumento del control sobre los horarios que se realizan en los contratos a tiempo parcial parcial, para evitar que trabajen más horas llegando a jornadas completas, teniendo en cuenta que son jornadas feminizadas. 

Otra de las grandes medidas: se recupera la cotización a la Seguridad Social para los familiares que cuidan. El Gobierno del PP también eliminó la obligación del Estado de pagar las cuotas a la Seguridad Social a las personas que se dedican a  cuidar a familiares. De estas personas, un 98% son mujeres, siendo una medida que penaliza especialmente a ellas. Asimismo, una de cada cuatro mujeres españolas en edad laboral declara que no está disponible para el empleo o que no lo buscaba debido a "las responsabilidades familiares o las labores domésticas".

También el Gobierno se compromete a ratificar el Convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos que España ya firmó en 2011. Este Convenio define y garantiza los derechos laborales a los trabajadores domésticos, asegurando su protección.

Trabajadoras del hogar y cuidados durante una concentración convocada en el Congreso contra una enmienda de los PGE de 2018 que retrasaba en cinco años la equiparación de las cotizaciones en Empleo de hogar. EFE/Emilio Naranjo

Seguridad Social, Igualdad retributiva y de oportunidades

En las medidas para avanzar en la mejora de los ingresos por cotizaciones, se 
incorporarán dos nuevos tramos de cotización en 2019 en el sistema especial de empleadas de hogar "como paso previo a una plena integración en el Régimen General que no puede demorarse más allá de 2021". También se incentiva "la titularidad compartida de las explotaciones agrarias a través de la aplicación efectiva de la Ley 35/2011 mejorando la posición de las mujeres del campo dentro del sistema de Seguridad Social". Dos medidas directas sobre las mujeres. 

Pero, además, se establece que "con la mayor urgencia posible" se realizará la tramitación parlamentaria de las siguientes Proposiciones de Ley: de igualdad retributiva entre mujeres y hombres para acabar con la brecha salarial y de igualdad de trato y de oportunidades en el empleo y la ocupación, para acabar "contra todas las formas de discriminación por género y con los techos de cristal".

Permisos de paternidad y maternidad 

El acuerdo presupuestario recoge otra de las principales reivindicaciones del movimiento feminista: permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y remunerados al 100%. Se incorporarán de forma paulatina, llegando a este objetivo en el 2021. El calendario de ampliación de los permisos será de 8 semanas en 2019, de 12 semanas en 2020 y de 16 semanas en 2021. 

En el acuerdo alcanzado entre Gobierno y Unidos Podemos se indica que esta es una reivindicación que busca favorecer "un reparto equilibrado de responsabilidades familiares y personales entre mujeres y hombres" que promueva la "corresponsabilidad" y permita superar "el desempleo femenino y la brecha salarial que afecta negativamente a las mujeres". Según explican, también persiguen "tanto el reconocimiento de un derecho laboral individual para cada persona progenitora en igualdad de condiciones, como el cambio sociocultural que supone una responsabilidad común del cuidado".

Acción de la plataforma PPiiNA reclamando permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles en la entrada del Congreso / PPiiNA

"Pensiones con rostro de mujer"

Los datos de 2017 del Instituto Nacional de Estadística también establecían que las pensiones contributivas de las mujeres suponen un 37,6% frente al 62,4% de los hombres. En relación a las cuantías, ellas perciben de media un 57% menos que los hombres (la media de los varones es de 1.236,34€ y la de las mujeres 785,18€). Mientras que en las pensiones no contributivas (y las más precarias), dos de cada tres receptores son mujeres, es decir, un 70%. 

En este sentido, la diputada Yolanda Díaz al igual que con el SMI, ha marcado la importancia de la subida del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, que ha señalado como "pensiones con rostro de mujer". En el pacto acuerdan “sentar las bases para avanzar en la senda que pueda llevar a que la pensión mínima alcance con el tiempo el 60 % del salario medio y las no contributivas el 60 % de la renta mediana, como indica la Carta Social Europea”.

Dependencia y ayudas a las familias

La situación de la dependencia hasta ahora ha sido realmente trágica por los recortes de los conservadores: en 2017 fallecieron 38.000 personas dependientes sin haber recibido los servicios o prestaciones que le correspondían. A finales del pasado diciembre, había 1.264.951 personas en situación de dependencia reconocida y otras 120.000 pendientes de valoración. Y de las personas dependientes reconocidas, sólo el 75 % estaban siendo atendidas por el Sistema. De ellas, dos tercios son mujeres, y más de la mitad tienen más de 80 años. Por ello, aumentar las partidas de dependencia también afectará de forma sumamente importante a la salud de las mujeres. 

También hay otras medidas que ayudaran indirectamente, las destinadas a ayudar a las familias y combatir la pobreza infantil. En concreto, el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital con el incremento de la prestación por hijo para familias vulnerables, más ayudas para los comedores y el compromiso de impulsar la universalización de la Escuela entre los 0-3 años. Todas ellas son medidas que no sólo contribuyen a reducir la desigualdad, como se apunta en el acuerdo presupuestario también ayudan a "mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar", sobre todo insistiendo en que los datos muestran que son las mujeres sobre las que cae el paso de los cuidados.

Además, los datos del INE de 2017 también establecían que el 42% de los hogares monoparentales con hijos a su cargo están en riesgo de pobreza. De estos, el 81% tienen al frente a una mujer.

Blindar el 'sólo sí es sí': el consentimiento en el centro

Era uno de los aspectos en los que estaban más cercanos el Gobierno y Unidos Podemos, incluso antes de comenzar las negociaciones de los Presupuestos. La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, defendió el 'sólo el sí es sí' y se mostró favorable a la ley de Podemos que ponía el consentimiento en el centro y eliminaba la diferencia entre delito y abuso sexual. 

Por ello, ahora han acordado impulsar la ley del partido morado contras las violencias sexuales en pos de garantizar la protección de la libertad sexual y de las víctimas, la unificación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales eliminando el abuso sexual y una serie de políticas a la que puedan acceder quienes sufran violencia sexual, igual que ocurre con la violencia de género. Para esto, se impulsará una reforma del Código Penal para "garantizar que, si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no". 

Concentración en Murcia contra la sentencia de 'La Manada'. EFE/Archivo

Las listas cremalleras para garantizar la representación

Por último, en medidas con impacto de género, están las listas cremalleras. Se establecen en la anunciada reforma parcial de la Ley Electoral. Es decir, listas electorales en la que las hombres y mujeres ocupan puestos alternos: ellas los impares, y ellos los pares, o viceversa. Este es el sistema utilizado en la mayoría de listas de Unidos Podemos y sus confluencias, y también del PSOE, al menos, en las últimas elecciones generales. 

De esta forma, se busca conseguir una mayor igualdad en el mundo institucional en el que todavía hay una presencia mucho mayor de hombres que de mujeres. Por poner un ejemplo, en los grupos parlamentarios del Congreso hay el doble de portavoces hombres que de mujeres en las comisiones: 108 hombres frente a las 52 mujeres. Asimismo, en las pasadas elecciones fueron elegidas un total de 137 diputadas, frente a 214 varones, siendo la presencia de ellas el 38,8% del total de miembros de la Cámara.