Prestige, Yak-42, 11M o DANA de València: el PP repite su gestión de tragedias con mentiras y evasión de responsabilidades

El PP lo ha vuelto a hacer. Gestionar una gran tragedia, como la de València, escurriendo el bulto, sin asumir responsabilidades directas y con muy poco respeto a las víctimas que protestan tras el desastre. "La de hoy es una manifestación politizada (...) no les importan nada las víctimas, solo la política", defendió el PP valenciano ante la marea de ciudadanos, muchos afectados por las riadas, que se manifestaron contra la gestión de Carlos Mazón.

El historial del PP ha sido señalado por ignorar las recomendaciones de los expertos y por su tendencia a minimizar las voces de los afectados. En este vídeo hacemos un ejercicio práctico de memoria, repasando las decisiones y estrategias de comunicación que los populares han llevado a cabo en casos como el Prestige, el 11M, el descarrilamiento del metro de València o el protocolo de las residencias en Madrid.

Prestige (2002)

En noviembre de 2002, el petrolero Prestige, con 77.000 toneladas de petróleo, sufrió un accidente frente a las costas gallegas. Se produjo una de las peores catástrofes medioambientales de la historia de España. Las manchas de combustible llegaron a las costas gallegas, al Golfo de Vizcaya e incluso a las playas del suroeste de Francia.

Gobernaba Galicia y el Estado el Partido Popular, con Fraga y Aznar, respectivamente. La gestión y estrategia comunicativa fue la siguiente. No se actuó rápidamente ante el accidente inicial, lo que permitió que el barco permaneciera en alta mar y continuara vertiendo petróleo durante varios días.

Las decisiones no solo llegan tarde, también mal. Se optó por alejar el Prestige de la costa en contra de las opiniones de los científicos, lo que resultó en una mayor dispersión de la marea negra. Los profesionales proponían acercarlo a puerto para controlar el vertido. El Gobierno de Aznar minimizó el impacto.

La falta de una buena coordinación entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central dificultó la organización de la limpieza y recuperación de las zonas afectadas. ¿Les suena? La respuesta insuficiente y la falta de transparencia generaron un movimiento social de protesta en Galicia, conocido como Nunca Máis. El PP y sus medios afines se han dedicado a criminalizar este movimiento.

Yak 42 (2003)

El 26 de mayo de 2003, un avión Yak-42 que transportaba a 62 militares españoles desde Afganistán se estrelló en Turquía. No hubo supervivientes. Federico Trillo fue ministro de Defensa de Aznar entre el 2000 y el 2004. El Yak-42 era un avión antiguo y poco fiable. Bajo la supervisión de Trillo, se contrató su uso a una empresa intermediaria de bajo coste. El avión no cumplía con las condiciones de seguridad mínimas para el transporte de tropas.

Lo peor estaba por llegar tras el accidente. Trillo fue señalado por no haber supervisado adecuadamente el proceso de identificación de los fallecidos. A 30 de ellos se les asignó una identidad errónea y hubo casos en los que se llegaron a mezclar restos de varios cuerpos en un mismo ataúd.

La estrategia comunicativa del Gobierno del PP estuvo plagada de mentiras, contradicciones y faltas de respeto a las familias. Las críticas y demandas de las familias derivaron en un largo proceso judicial y humano para ellas.

11M (2004)

El 11 de marzo de 2004, varios trenes en Madrid sufrieron un atentado terrorista con explosivos, que causó 193 muertos y casi 2.000 heridos.

El Gobierno, con el ministro del Interior Ángel Acebes y el presidente José María Aznar al frente, insistió en que ETA era la responsable, a pesar de la evidencia creciente de un vínculo islamista.

Ni siquiera jugaron a la carta de la prudencia, directamente mintieron. E insistieron en la mentira de ETA. La razón de esta insistencia se supo después. El 14 de marzo había elecciones generales y un asesor cercano a Aznar llegó a la siguiente conclusión: "Si ha sido ETA, barremos; si han sido los islamistas, gana el PSOE".

Las críticas señalaron que el Gobierno había minimizado los riesgos de un atentado islamista en España. Pese a las advertencias internacionales y el riesgo elevado tras la participación de España en la guerra de Irak.

Metro de València (2006)

El 3 de julio de 2006, un tren de la línea 1 del metro de València descarriló en la estación de Jesús, provocando 43 muertos y más de 40 heridos. La gestión posterior se caracterizó por la falta de transparencia y manipulación.

La Generalitat, bajo el mando de Francisco Camps, del PP, trató de tapar la tragedia con la visita del papa a la comunidad. La alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, también del PP, obró del mismo modo. Máximo foco al papa pese al número de muertos en el accidente.

Una comisión de investigación del Parlamento valenciano responsabilizó políticamente al expresident Camps y al conseller Juan Cotino. El peor papel lo tuvo sin duda la Ràdio Televisió Valenciana, en aquel momento Canal 9. La comisión determinó que el PP urdió una "trama para ocultar la verdad".

Línea 7B de Metro (2006-2007)

En 2006, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid con el PP, modificó el trazado de la Línea 7B de Metro, añadiendo dos paradas en un tiempo récord y generando un sobrecoste de 37 millones de euros.

Esta decisión motivó problemas estructurales que han causado grietas y daños en edificios residenciales de San Fernando de Henares. La línea fue inaugurada en 2007. Las familias afectadas han denunciado la falta de compensación y apoyo por parte de la Comunidad de Madrid, que no ha asumido plenamente la responsabilidad de los daños. La gestión, iniciada por Esperanza Aguirre, ha causado más de 600 viviendas afectadas, 217 desalojos y la destrucción de varias casas y comercios.

Accidente Alvia (2013)

El 24 de julio de 2013, un tren Alvia descarriló cerca de Santiago de Compostela, causando 80 muertos y más de 140 heridos. Los gobiernos del PP, tanto el central como el de la Xunta, trataron de poner la responsabilidad exclusiva en el maquinista.

La intención fue librar a las instituciones de cualquier tipo de culpabilidad. Las víctimas culpabilizaron a PP y PSOE por propiciar un tramo menos seguro por la falta del sistema ERTMS (de frenado automático) en la curva de Angrois. Una curva de gran riesgo.

Desde Europa, la Eurocámara abrió un expediente de infracción contra España por vulnerar la normativa europea sobre seguridad ferroviaria.

Los populares fueron acusados de ralentizar la investigación y ocultar las demandas de las víctimas.

Han tenido que pasar 11 años para que se haga cierta justicia. Las víctimas celebraron la condena del maquinista, Francisco José Garzón Amo, y del que fue director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. 

Residencias de Madrid (2020)

7.291 residentes fallecieron en Madrid durante abril y marzo de 2020 tras no ser derivados a un hospital. El 25 de marzo se conoce que el Gobierno de Ayuso elaboró un protocolo en el que se vetaba la derivación hospitalaria a usuarios de residencias de mayores. El Ejecutivo del PP dijo que se trataba de un "borrador" filtrado y que no hubo una orden.

Algo que choca con lo que ha explicado en reiteradas ocasiones el exconsejero Alberto Reyero. Él se opuso al protocolo. La estrategia del gabinete de Ayuso ha sido similar a los casos anteriores: minimizar las acciones de su Gobierno —llamando borrador a unos protocolos investigados—, echar la culpa a otros, como Pablo Iglesias, o no respetar a las víctimas.

Estos han sido los ejemplos más significativos de la gestión del PP. Una gestión política y comunicativa fomentada en la huída hacia delante, la nula asunción de responsabilidades y en la falta de respeto a las víctimas de estas tragedias.