En 2012, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con Mariano Rajoy, sacó adelante una reforma de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Financiera que dio al Senado el poder de tumbar los objetivos de déficit que le proponga el Ejecutivo y, por ende, la capacidad de condicionar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Partido Popular ya ha anunciado que lo hará. Será la zancadilla más efectiva que habrá puesto, hasta la fecha, al Gobierno de Pedro Sánchez desde su reelección el 23 de julio de 2023.

Lo hará, sin ir más lejos, este miércoles. La votación tiene poca emoción. Tanto Cuca Gamarra, secretaria general del PP, como Juan Bravo, vicesecretario de Economía de la formación, y Alicia García, portavoz popular en el Senado, confirmaron el pasado lunes que se opondrán a los objetivos de déficit que propone el Gobierno en la Cámara Alta y que recibieron el sí del Congreso. El PP condiciona su voto a favor a que el Ejecutivo acepte rebajas fiscales, por un lado, y a que distribuya los objetivos de déficit de una forma que resulte más favorable a las comunidades autónomas, por otro. 

"No imponer subidas fiscales a las comunidades autónomas". Estas fueron las palabras que eligió Juan Bravo. En la rueda de prensa que dio junto a Alicia García, insistió en que el PP está dispuesto a sentarse a hablar "dónde y cuándo quiera el PSOE". Si, efectivamente, el voto en contra popular termina materializándose, el Ejecutivo tendrá un mes para presentar otra propuesta. 

En cualquier caso, no es el escenario ideal para el Gobierno, que mantiene conversaciones con todos los grupos para poder sacar adelante las cuentas y adaptarlas a la realidad económica actual.

Los PGE son el muro de carga de la legislatura. Una vez se desencallan, el Ejecutivo puede desarrollar su obra de Gobierno. Muchas de las medidas sociales a las que se han comprometido tanto Pedro Sánchez, como Yolanda Díaz están comprometidas a ellos. 

Este miércoles va a ser la primera vez que los populares rentabilicen esa mayoría absoluta en el Senado, aunque el PSOE también se encuentra sumergido en conversaciones con Junts per Catalunya. Tal y como ya explicó Público, el giro sorpresivo de los de Puigdemont con su voto en contra a la ley de amnistía ensucia, también, las negociaciones para los PGE y retrasa los tiempos. El Ejecutivo prevé tenerlos aprobados en marzo, pero el escenario es incierto. Hoy por hoy, el país ya se encuentra en una prórroga presupuestaria iniciada el 1 de enero.

Pero, ¿cuál es la propuesta del Gobierno a la que el Congreso sí dio su visto bueno? Propone dar cumplimiento a las reglas fiscales europeas reduciendo el déficit público al 3% del PIB este 2024 y avanzar en 2025 al 2,7% y, en 2026, al 2,5%. Hacienda, por otra parte, tiene en su poder un informe de la Abogacía del Estado que indica que, en caso de que el Congreso y el Senado no aprueban la senda de déficit, el Gobierno aplicará los objetivos presupuestarios vigentes que ya conoce Bruselas.

En la práctica, significa que las comunidades autónomas (11 de ellas, gobernadas por el PP) tendrían que apretarse el cinturón. Con las cuentas que propone el Gobierno para 2024, podrían incurrir en un déficit del 0,1%. Si el PP las tumba —este miércoles y, también, en el segundo intento del Gobierno— el margen se reduciría a cero.

El PP prepara el Senado contra la amnistía

La votación de este miércoles llega en plenos preparativos del PP para bregar contra la ley de amnistía desde el Senado. De hecho, la Cámara Alta cobrará relevancia pública una vez la ley de amnistía —si Junts per Catalunya no da un nuevo giro— supere la fase de tramitación en el Congreso de los Diputados. El PP ya cambió el Reglamento del Senado para poder entretener la ley, al menos, dos meses y, en los últimos días, ha solicitado informes a autoridades nacionales e internacionales para que se pronuncien sobre varios aspectos de la misma.

Los populares ya han solicitado a los letrados de la Cámara estudios sobre la constitucionalidad de la amnistía y sobre si sería posible abrir un escenario en el que la Mesa se negara a tramitar la ley, algo que el propio PP ha rechazado en muchas ocasiones. No obstante, se ha visto obligado a pedir el informe para acallar las presiones de Vox.

También ha pedido el PP un informe a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (más conocida como Comisión de Venecia) para que se pronuncie sobre si la amnistía respeta la separación de poderes. Este jueves, varios miembros del órgano, perteneciente al Consejo de Europa —en ningún caso a la Unión Europea—, desembarcarán en Madrid para conocer la naturaleza de la ley. Para ello, han solicitado reunirse con varias autoridades.

El Partido Popular prevé un gran despliegue para recibir a la Comisión en el Senado. Incluso se reunirá con los expertos Pedro Rollán, presidente de la Cámara. Menos efusivo será, en cambio, el recibimiento que se le brindará en el Congreso. Patxi López, portavoz del PSOE en la Cámara Baja, ha confirmado que se le dará el trato habitual, que consiste en organizar una reunión con la comisión parlamentaria que esté tramitando la ley objeto de estudio de la Comisión de Venecia. En este caso, la de Justicia.