"Vamos a llevarlo al Tribunal Constitucional". Es una frase recurrente desde las filas del Partido Popular. La última vez en pronunciarla fue ayer. El presidente del partido, Pablo Casado, anunció en una entrevista televisiva que presentarían un recurso al TC contra la nueva ley de Vivienda anunciada por el Gobierno. Un texto que ni siquiera ha sido aprobado todavía en el Consejo de Ministros y del que los dirigentes populares ni siquiera han leído un borrador. Pero es un camino habitual. La judicialización de la política ha sido una estrategia constante del PP desde hace años. Y durante esta legislatura hay ya muchos ejemplos de ello.

Para el PP, las intenciones del Gobierno de regular los alquileres representan un "intervencionismo suicida" y un "ataque a la propiedad privada". De ahí que se hayan negado ya, sin conocer los detalles, a aplicar la ley en las Comunidades que gobiernan. Además, anunciaban que trasladarían la reforma al TC. Cs, que gobierna con el PP en Andalucía, Castilla y León o Madrid capital, también mostró su rechazo a la regulación.

Casado ha usado esta estrategia un buen puñado de veces durante esta legislatura. Una de las primeras, en marzo del año 2019, también tenía que ver con los alquileres. Aunque en aquellos momentos no se incluían medidas para la regulación, en las filas populares criticaron "la extraordinaria y urgente necesidad" de las medidas adoptadas por el Ejecutivo. El recurso fue admitido a trámite por el tribunal poco después.

En agosto, nuevo recurso. Esta vez contra el presidente del Senado, Manuel Cruz, y contra la Mesa de la Cámara Alta por permitir en junio a varios senadores, los de ERC y JxC, realizar su requerido juramento o promesa de la Constitución con alusiones a los 'presos' catalanes o al Procés. También fue admitido a trámite.

En diciembre de ese mismo año, otro anuncio. Esta vez a cuenta de las pensiones. "El PP recurrirá al Constitucional la congelación de las pensiones. Los pensionistas no pueden ser rehenes de las negociaciones con independentistas. Sánchez congela las pensiones, como en 2010 y las quebraron en 1996. No permitiremos que vuelvan a hacerlo", destacó Casado. "Contra los que afirman que el Gobierno va a congelar las pensiones en 2020, una mentira muchas veces repetida no se convierte en verdad", dijo en aquellos momentos la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio.

La educación ha sido otro de los tradicionales campos de batalla política en nuestro país. La última reforma educativa, la LOMLOE, conocida también como "ley Celaá", no ha sido una excepción. Ya desde sus primeros trámites, en marzo de 2020, dirigentes autonómicos del PP como Isabel Díaz Ayuso anunciaron su rebeldía ante ella y la judicialización de la misma. El líder del PP confirmó su recurso ante el TC un año después. "Es un atentado contra la libertad", dijo Casado.

A principios de este año, de nuevo el tema de la vivienda provocó que el PP acudiera al TC. En este caso debido al decreto ley antidesahucios. En opinión de Casado, la norma "facilitaría las ocupaciones". El líder de los populares afirmó, en línea similar a lo destacado esta semana, que "la seguridad jurídica, la propiedad privada, la libertad individual y el libre mercado son los pilares básicos de la prosperidad".

Tampoco los impuestos se han salvado del TC. En abril de este año conocíamos la admisión a trámite de un recurso de los populares contra los Presupuestos de 2021. En concreto, por las modificaciones relativas al Impuesto de Patrimonio, que desde el PP consideran "confiscatorio" y que debería eliminarse.

Los Fondos Europeos han sido otro de los asuntos judicializados este año. El TC anunció en julio que admitía a trámite el recurso de amparo presentado por el PP contra el decreto ley que regula el reparto de los fondos de la UE para superar la crisis del coronavirus. El recurso se planteó contra la convalidación del decreto sin el informe del Consejo de Estado, lo que, según el PP, "imposibilitó que el Congreso pudiera expresar su voluntad conociendo "todos y cada uno de los elementos a tener en consideración".

La situación del CGPJ, bloqueada desde hace más de dos años, ha estado presente en la actualidad política durante muchos meses. Y aquí de nuevo el PP presentó un recurso al TC, que el tribunal aceptó admitir a trámite a mediados de septiembre. PSOE y Unidas Podemos modificaron la ley para evitar que el CGPJ realizara nombramientos mientras estaba en funciones. En el PP consideran que esa modificación vulneró el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y seguridad jurídica.

Uno de los derechos sociales más relevantes aprobados en esta legislatura, el de la eutanasia, también ha sido llevado al TC por el partido que lidera Pablo Casado. El tribunal anunció en septiembre la admisión a trámite de su recurso. El PP presentó su recurso el pasado 24 de junio, basándose en que la ley impugnada vulnera varios preceptos de la Constitución como el derecho a la vida, así como el principio de seguridad jurídica.

La gran mayoría de fallos del TC todavía no se conocen. En cambio, el tribunal sí dio la razón al PP en mayo de este año por un recurso relativo a un Real Decreto de medidas laborales y fiscales por el que, entre otros aspectos, el Gobierno integró la gestión de Clases Pasivas del Estado a la Seguridad Social.

Recursos históricos: matrimonio homosexual, aborto y Catalunya

Mirando un poco más atrás destacan movilizaciones históricas contra otros avances sociales. Especialmente recordado es el recurso contra el TC del matrimonio homosexual en 2005 tras la aprobación de la nueva e histórica ley realizada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El PP consideraba que la ley" desnaturalizaba la institución constitucional del matrimonio". Y no dudó em apoyar manifestaciones contra la reforma en la calle, junto a máximas autoridades de la Iglesias Católica. En 2012, 7 años después, el TC rechazó el recurso.

También sonado fue el recurso contra el TC que el PP presentó en 2010 contra la reforma del aborto. Consideraban los populares que la nueva ley confrontaba directamente con el "derecho a la vida" que garantiza el artículo 15 de la Constitución. La sentencia del TC todavía está por salir.

El PP también ha usado especialmente la judicialización de la política en varios asuntos relacionados con Catalunya. Por ejemplo, los recursos contra el Estatuto presentados en 2006 y en los que el TC dio la razón al PP. O mucho más reciente, los recursos, a los que se sumaron Cs y Vox, por los indultos concedidos por el Gobierno a los presos del Procés. En este caso, acudieron al Tribunal Supremo, que los admitió a trámite.

Se da la circunstancia de que, al igual que con el CPGJ, hay una situación de bloqueo en el TC. Su mandato está caducado desde 2019 y se necesitan tres quintos del Congreso para renovar su composición. El PP sigue con su estrategia de bloqueo. La actual composición, que viene de una época en la que gozaba de mayoría parlamentaria, le favorece. De un total de 12 jueces, 7 son considerados actualmente del ala conservadora y 5 serían progresistas. Precisamente este martes la mayoría conservadora avalaba la prisión permanente revisable que defienden los populares. Esa misma mayoría tendrá que decidir próximamente sobre muchos de los recursos importantes pendientes como el aborto, la eutanasia o la ley educativa.