El PP se opone a una regulación europea contra la corrupción

La Eurocámara vota hoy una resolución relativa a la transparencia, la responsabilidad y la integridad en las instituciones de la Unión. El objetivo del texto es promover una mejor regulación de la actividad institucional para luchar contra la opacidad, la corrupción y otras formas de actividades ilícitas, así como asegurar la rendición de cuentas o el acceso de los ciudadanos a la información. Los populares europeos han presentado varias enmiendas a la propuesta que atañen la lucha contra la corrupción y la protección de los informadores.

En concreto, la enmienda del Partido Popular Europeo, que apoyan los eurodiputados populares españoles, hace referencia al párrafo 39 de la resolución. Dicho párrafo establece que “las personas condenadas con sentencia firme por corrupción en contra de los intereses financieros de la Unión o de los Estados miembros han de perder el derecho de presentarse como candidatas en unas elecciones durante un periodo de tiempo proporcional a la gravedad del delito”.

El texto observa que esta regulación ya existe en otros países y llama a Bruselas a poner en marcha una directiva que establezca unos “estándares comunes mínimos” sobre la descalificación por corrupción. Es precisamente este fragmento en referencia a la pretensión del Parlamento Europeo de establecer unos criterios mínimos para la prevenir a los condenados por corrupción de presentarse a unas elecciones el que los populares proponen eliminar.

Los eurodiputados piden además que sea suprimido el párrafo 59, que alude a una investigación del Defensor del Pueblo Europeo según el cual “algunas instituciones de la Unión aún no han aplicado correctamente las normas relativas a la protección de los denunciantes de irregularidades”. Y pide además “que el Parlamento estudie un mecanismo para proteger a los asistentes parlamentarios acreditados en caso de que denunciaran irregularidades”.

Más transparencia sobre la actividad de los lobbies

El informe, cuyo ponente es el eurodiputado alemán del Grupo de los Verdes Sven Giegold, introduce la posibilidad de incluir en los textos legislativos referencias a los grupos de interés consultados para su redacción, aunque voluntariamente; aumentar la representatividad y asegurar la participación de expertos independientes. También insta a la Comisión a hacer accesible al público la información sobre estos encuentros y las declaraciones de intereses del personal de la institución o incrementar la transparencia en las negociaciones de acuerdos internacionales.

La Eurocámara pide además un acuerdo interinstitucional, Consejo incluido, para hacer obligatorio el Registro de Transparencia en el que, hasta ahora, los lobbies se inscriben voluntariamente. Estas inscripciones, denuncia además Transparencia Internacional, son hasta ahora en gran medida inexactas o incompletas. En este sentido, la resolución pide además que se aumenten los recursos a disposición de la Unidad de Transparencia del Parlamento Europeo para poder controlar mejor los datos de los registros.

El texto solicita que las instituciones que no cuenten con un código de conducta, particularmente al Consejo y al Consejo Europeo, lo redacten lo antes posible. También incluye referencias a la necesidad de combatir el fenómeno de las puertas giratorias y propone ampliar el periodo de incompatibilidad para los comisarios hasta tres años. Además, el texto cuenta con una petición para que la Comisión incluya una cláusula en futuros actos legislativos para empresas propiedad de altos cargos no puedan acceder a fondos europeos.

La votación llega apenas un día después de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se comprometiera durante el debate sobre el Estado de la UE a mejorar el código de conducta de sus comisarios y a aumentar la transparencia en la actividad de la institución. La aportación del Parlamento Europeo con este texto puede avivar el debate.

El informe ha sido finalmente aprobado gracias a los votos del grupo de la Izquierda Unida y la Izquierda Verde Nórdica, los Verdes y los socialdemócratas. El Partido Popular Europeo ha votado en contra del texto, según explican desde el grupo, por no incluir el informe las enmiendas propuestas en referencia a la financiación y la actividad política de las organizaciones no gubernamentales en la UE.