BárcenasEl PP no logra zafarse del juicio por los discos duros de Bárcenas: el juez esperará hasta la sentencia para resolver sobre la doctrina Botín

El PP no ha logrado zafarse del juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas. El juez del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid Eduardo Muñoz de Baena ha rechazado pronunciarse en la sesión de cuestiones previas sobre la aplicación de la doctrina Botín, por lo que el partido conservador y tres de sus empleados seguirán sentados en el banquillo de los acusados durante otras cuatro sesiones, hasta que concluya el juicio.

Los cuatro acusados han hecho lo posible por acogerse a esta doctrina, apoyados por la Fiscalía. El juez ha aclarado que resolverá sobre esta cuestión, pero lo hará en sentencia, a partir del 28 de junio, cuando está prevista la última sesión de la causa.

El PP se sienta en el banquillo acusado de un presunto delito de daños informáticos. Su extesorera y gerente, Carmen Navarro, el exresponsable jurídico del partido, Alberto Durán, y el exresponsable de informática, José Manuel Moreno, suman a esa acusación otra por un supuesto delito de encubrimiento.

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La Fiscalía, que no acusa, ha pedido en varias ocasiones el archivo de la causa, en línea con el PP. De hecho, sólo aprecia la opción de un juzgar por un delito de encubrimiento, el que afecta en exclusiva a las tres personas físicas. Los ordenadores, según el propio Bárcenas, contenían información sobre la contabilidad b del partido conservador –cuya existencia ya ha sido acreditada por la Audiencia Nacional en su sentencia por Gürtel–, si bien el Ministerio Público entiende que el extesorero, que ejerció como acusación particular y después dejó de hacerlo, sería el único perjudicado por este delito. Por eso, y también en línea con el PP y las defensas de sus empleados, la Fiscalía niega la legitimidad de las organizaciones que acusan, y reclama que sean apartadas de la causa.

El partido conservador incidía: no puede haber acusación popular si se trata de un supuesto delito de "carácter privado". Así, el letrado Jesús Santos ha recurrido a la habitual doctrina de la "trama contra el PP" –la misma que su entonces líder, Mariano Rajoy, invocó cuando se conoció la investigación de Gürtel, en 2008–, y ha afirmado que "el objetivo" de las acusaciones es el partido conservador. "El Partido Popular y las personas físicas son daños colaterales para intentar construir una nueva doctrina" sobre la acusación popular, apuntaba. "Se está produciendo un abuso del derecho, un abuso de la jurisdicción", añadía poco después, incidiendo en que las acusaciones persiguen dañar políticamente a su representado.

La acusación popular la ejercen Izquierda Unida, el Observatori Drets Humans (DESC) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). En esencia, todas ellas han incidido en que el delito de daños informáticos está necesariamente conectado con el de encubrimiento, y no puede asumirse que Bárcenas sea la única víctima de este delito.

El daño causado por la destrucción de la información contenida en los discos duros "por el método de borrado más drástico", -en palabras de la jueza instructora, Rosa María Freire-, sería "gravísimo", según las acusaciones. Bárcenas reconoció que los discos duros que el PP formateó 35 veces, ralló físicamente y tiró a la basura, contenían información sobre la caja B, o "contabilidad extracontable", un término acuñado por el propio extesorero del PP. Con la destrucción de los equipos sostenían, el PP y sus empleados pretendían evitar que la información que albergaban fuera utilizada en la investigación que entonces estaba teniendo lugar en la Audiencia Nacional.

"La información contenida podía ser muy relevante". "Esta evidencia no pudo pasar desapercibida para los responsables del PP investigados en esta causa, pese a lo cual, o quizás por ello, impidieron, indiciariamente, su acceso a la causa", reza el auto de la juez instructora.

Así, hasta en dos ocasiones, sin descartar ningún escenario, el titular del Juzgado de lo Penal 31 ha incidido en que prefiere "celebrar el juicio" y que se practique la prueba, a resolver sobre la doctrina Botín en este punto, al albergar dudas sobre cómo la Audiencia Provincial –instancia superior ante la que a todas luces recurriría el PP de resultar condenatoria la sentencia– podría interpretar esta doctrina. "Soy consciente del coste que eso representa para las defensas", asumía.

El juicio ha arrancado pasadas las 10.25 horas, con cerca de 40 minutos de retraso. En síntesis, el juez ha rechazado la petición de Bárcenas de comparecer como testigo por videoconferencia, si bien sí permitirá que declare asistido por su letrado. También se ha ratificado en su decisión de no retransmitir por streaming las sesiones, como solicitó el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), con el respaldo de las acusaciones. Izquierda Unida registró un escrito este jueves solicitando que se diera señal institucional, al menos, en la primera y en la última sesión, si bien el juez lo ha rechazado.

El primer rifirrafe de la jornada, protagonizado por el PP

Los primeros 20 minutos del juicio han sido ocupados por el que sería el primer rifirrafe de la jornada: la persona enviada por el PP para representarle en el banquillo, la letrada María Masso Moreu, no ha facilitado el correspondiente poder de representación, y esto ha acarreado las críticas de las defensas.

El PP manda a su representante sin ningún poder de representación

El letrado de IU, Juan Moreno, exigía al PP la presentación de un "poder especial, no un mero mandato verbal que no conocemos", para acreditar la identidad de Masso Moreu y su condición de representante del partido en el banquillo. "Nos causa dudas jurídicas que una letrada que ha estado defendiendo los intereses del PP en el banquillo deba ser la persona adecuada", apostillaba.

Del lado de las defensas, el abogado de Durán, Esteban Mestre, ha respondido que "nadie se sienta en el banquillo de los acusados si no tiene ese mandato específico. Quien viene aquí tiene una razón potente para ello", espetaba.

Tras escuchar a las partes, el juez ha asegurado no tener "motivo" para "dudar" de que Maso Moreu es la persona designada por el partido conservador para representarle: "Doy por hecho que es la persona elegida" por el PP, zanjaba.