Ayuntamiento de MadridEl PP de Madrid se querella contra Sabanés y el gerente de EMT por la compra de Bicimad

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha interpuesto una querella contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación en la compra del servicio de Bicimad.

La querella, presentada este lunes en los Juzgados de Plaza de Castilla, ha sido interpuesta ante las "fundadas sospechas" de la formación sobre las "presuntas irregularidades", ha explicado en rueda de prensa el portavoz del PP en Cibeles, José Luis Martínez-Almeida.

Para los populares, presuntamente se ha cometido malversación de caudales públicos porque el precio abonado de 10,5 millones de euros a Bonopark, empresa que tenía el servicio, es "lesivo" para las arcas municipales. "Se pagó un precio muy superior al real, generando un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo", ha lamentado Almeida, acompañado en la rueda por los ediles Inmaculada Sanz y Álvaro González.

También se recoge en la querella el presunto delito de prevaricación, ya que para el PP hubo decisiones "arbitrarias" e "injustas" en la adquisición del servicio. En este sentido, José Luis Martínez-Almeida ha reiterado que la compra por 10,5 millones de euros de Bicimad se justificó con un informe "sin fechar y sin firmar" y que carecía de encabezado. "En ningún momento los servicios municipales tanto del Ayuntamiento como de la EMT contrastan la valoración de los 10,5 millones de euros", ha puesto de manifiesto.

El PP asegura que "la normativa exige que para poder aprobar la compra del servicio de Bicimad es necesario un informe previo y preceptivo de la Dirección General de Economía y Sector Público" y que éste "no figura en ninguno de los dos expedientes tramitados por la EMT y el propio Ayuntamiento".

Todas estas premisas hacen pensar a los populares que los querellados habrían actuado "de manera negligente" y "abusiva" por no haber "cotejado y avalado la información económica" de la empresa propietaria de Bicimad (Bonopark).