El Partido Popular no soltará el hueso de EH Bildu. Para los de Alberto Núñez Feijóo no es suficiente con que los siete exterroristas condenados por delitos de sangre incluidos en las listas de la formación abertzale renunciaran el martes a tomar posesión de su cargo en caso de salir elegidos. Tampoco lo es que la Fiscalía haya archivado este miércoles la denuncia presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia: el Ministerio Público no aprecia delito ni atisba el incumplimiento de un "supuesto de inelegibilidad" en la inclusión en las listas de Bildu de 44 condenados por terrorismo, que ya han cumplido sus penas de inhabilitación.

Nada de esto cierra una polémica que, como un regalo, le ha caído del cielo al PP en el arranque de la campaña electoral. "Lo ha metido Bildu", defienden mientras lo estiran tanto como pueden. 

El último paso ha sido forzar una votación en el Congreso para promover el rechazo de cualquier pacto con EH Bildu mientras haya condenados por terrorismo en sus listas o en su estructura orgánica. Esto último es especialmente significativo porque señala directamente al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, condenado por colaborar con ETA, aunque en 2020 el Supremo anuló su sentencia por pertenencia a organización terrorista en el 'caso Bateragune'.

Lo que buscan los populares con la propuesta no de ley (PNL) que han registrado este miércoles en el Congreso —por petición expresa de Núñez Feijóo, según reconocen fuentes de la dirección nacional del PP— es cerrarle el paso al PSOE a cualquier acuerdo con EH Bildu para complicarle la gobernabilidad a la izquierda en plazas como la comunidad de Navarra o la ciudad de Pamplona. 

En el gobierno autonómico, la socialista María Chivite no cerró un pacto de investidura con los abertzales, pero sí ha necesitado su apoyo para sacar adelante todos los presupuestos de la legislatura. Las encuestas apuntan a que Chivite seguirá gobernando Navarra con un resultado similar al de 2019. 

En Pamplona, donde ahora gobierna Navarra Suma (la coalición con la que UPN, PP y Ciudadanos concurrieron a las últimas elecciones), PSOE y EH Bildu sí parecen abocados al pacto. En una entrevista reciente, Joseba Asiron (EH Bildu), alcalde de la capital navarra entre 2015 y 2019 y de nuevo candidato este 28M, defendió que su formación había dado "un apoyo fiable" al Partido Socialista Navarro en el Parlamento autonómico y que esperaba recibir "un trato justo y equilibrado" en el consistorio de Pamplona, donde necesita a los socialistas para ser investido alcalde. 

Esos cálculos son también los del PP. Por eso los populares han emprendido una ofensiva contra EH Bildu que va más allá de la polémica por las candidaturas para estas elecciones municipales. "No han hecho los deberes para volver a las instituciones democráticas", aseguran fuentes de la dirección nacional.

Al mismo tiempo, esas fuentes también reconocen que no hay motivos para plantear la ilegalización de la formación abertzale, como sí hizo Isabel Díaz Ayuso hace unos días. Lo que Génova estudia es una modificación de la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) para "exigir un plus de elegibilidad" a los candidatos, afirman. El cambio legal tocaría la Constitución y, por tanto, ellos mismos lo consideran "complicado". 

En 2011, el Tribunal Constitucional reconoció la legalidad de EH Bildu para presentarse a la elecciones dando por hecho que todos sus integrantes rechazaban la vía de la violencia. En el PP insisten ahora en que ese rechazo no es tal y que EH Bildu "no está colaborando" en la reparación de las víctimas. "¿Qué ha hecho?¿Dejar de matar?", apuntan fuentes de la cúpula popular.

La ley de vivienda sobre las "cenizas de Hipercor"

La estrategia es clara: colocar a Sánchez como un "reo" de los partidos independentistas. Y a ella se ha sumado también el expresidente del PP José María Aznar. "Hemos visto el pago de un precio a ese apoyo, por eso se elimina el delito de malversación, por eso se acepta el golpe de Estado, y hemos visto otro precio, el blanqueamiento de Sortu, de Bildu, y la entrega masiva de etarras y la salida masiva de etarras. ¿Cuál es el precio siguiente si ganase? Consultas. Si la coalición de Gobierno continúa, el precio para que Sánchez siga es una consulta en Cataluña y en el País Vasco", aseguró este miércoles en un acto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. "Sánchez no tiene límites", suscriben en Génova.

Así, todo el PP se ha sumado a una ofensiva descarnada que ha llevado a Pedro Rollán, senador popular y miembro de la dirección nacional, a referirse a la ley de vivienda que el Gobierno pactó con EH Bildu y ERC en los siguientes términos: "Los cimientos de esta ley se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor, con 21 muertos, cuatro de ellos niños; sobre los escombros de la plaza de la República Dominicana, donde fueron asesinados 12 guardias civiles; sobre los hierros retorcidos de la casa cuartel de Zaragoza, donde se arrebató la vida a 11 personas".

Silencio sobre los posibles acuerdos de gobierno con Vox

Mientras Feijóo y los suyos ponen el acento en la política de pactos del PSOE, su estrategia sigue siendo el secreto mejor guardado. El PP está demoscópicamente atado a la extrema derecha en muchos territorios.

El País Valencià es uno de ellos. Allí, su candidato, Carlos Mazón, necesitaría la suma con Vox para gobernar. Pero el número uno de la formación de Santiago Abascal para la Generalitat tiene un pedigrí poco defendible: Carlos Flores es exmilitante de Fuerza Nueva y fue condenado por un delito de violencia machista en 2022. 

Preguntados por este y otros posibles pactos con Vox, la respuesta en la cúpula popular es siempre idéntica: Feijóo mantiene su compromiso para dejar que gobierne la lista más votada, siempre y cuando el PSOE se comprometa a lo mismo. Si no, como explicitó un peso pesado del partido hace meses, "gobernaremos con lo que podamos". Los pactos se dan por descontados y el PP busca el marco que le sea más favorable.