El PP intentará combatir sus "errores" de corrupción con la creación de una "oficina" de vigilancia interna

MADRID.- La creación de una "Oficina del Cargo Popular" como método de vigilancia anticorrupción. Esa es la principal novedad que la dirección del PP ha propuesto introducir en los Estatutos del partido, que tendrán que debatirse en el XVIII Congreso de la formación que se celebrará en Madrid los próximos 10, 11 y 12 de febrero.

Se trata de "ampliar los controles" internos para evitar caer en "errores" como los del pasado, según ha explicado este martes el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, que ha presentado la ponencia política y de estatutos. El documento, en el que también han colaborado los líderes del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho; asturiano, Mercedes Fernández; riojano, Pedro Sanz; y cántabro, Ignacio Diego, amplía también las exigencias de "idoneidad" para poder ser afiliado del partido.

La Oficina controlará las declaraciones de bienes y servicios, revisará las incompatibilidades y recogerá denuncias de los cargos del partido -no necesariamente cargos públicos ("para eso ya está la ley del alto cargo", defendió Maíllo) y funcionará como un sistema de "alerta temprana" frente a las "conductas contrarias al sistema jurídico". "El debate no es si un imputado se va a la calle sino evitar que ese señor cometa un delito", opinó el coordinador de la ponencia.

De hecho, el PP no cambiará una coma en lo relativo a la expulsión de imputados. Es decir, los miembros del PP sólo serán expediantados -no necesariamente expulsados, sino suspendidos cautelarmente de militancia- en el momento en que se abra juicio oral contra ellos y no antes. Sólo habrá una excepción a esa norma: cuando se trate de un caso de "flagrante delito de corrupción" como, dijo Maíllo entre bromas, el de Granados.

Este punto, aclaró Maíllo, es compatible con los pactos de Ciudadanos y PP porque, recordó, los Estatutos sólo son una forma de organización interna de los populares y los acuerdos hacen referencia a determinados Gobiernos (también autonómicos) en un momento determinado. "Nuestro ideario no nos lo hacen desde fuera", espetó.

La misma excusa le sirvió para justificar la no inclusión de primarias internas como forma de elección del presidente del partido y de las agrupaciones regionales y provinciales. El equipo que dirige Mariano Rajoy ha desoído no sólo a sus socios naranjas, sino también a quienes las pidieron dentro del partido como el exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre.

Maíllo aseguró que había escuchado a líderes regionales como la propia Cifuentes o la valenciana Isabel Bonig, pero también a "otros muchos que no opinan como ellas". Por tanto, el dedazo continuará, pero disfrazado de un "sistema de doble vuelta" en el que primero votarán los afiliados y luego los compromisarios. Al final, serán los compromisarios -como hasta ahora- quienes voten en los Congresos del partido porque, como también incidió Maíllo, en el PP creen en "el sistema de representación" que, en su opinión, emula al establecido para las elecciones generales.

Aunque Maíllo ha asegurado que el 67.53% de los actuales artículos de los Estatutos han sido modificados, lo cierto es que en ellos apenas hay cambios reseñables. En esencia, el PP sigue siendo un "partido de centro reformista" cuyos valores son "el humanismo cristiano y el liberalismo", que está "orgulloso de su historia" pese a los "errores" cometidos y que aspira a ser "el partido de la mayoría" y no sólo el más votado.

Por lo demás, el ideario continúa como está, salvo por que se incorpora a los Estatutos la anterior ponencia política para blindar en la normativa interna cuestiones como su nacionalismo. "Por primera vez queda reconocido en los Estatutos la unidad de España como valor esencial", especificó Maíllo.

Es decir, su lucha contra el soberanismo en Catalunya seguirá siendo esencial en la formación, tal y como se desprende del hecho de que Rajoy no sólo haya nombrado a Soraya Sáenz de Santamaría como ministra para las Administraciones Territoriales -además de vicepresidenta-, sino que ella fue la encargada de presentar este fin de semana la ponencia económica de la formación nada menos que en Barcelona.

El documento, a cargo de Javier Arenas, Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Alonso, Xavier García Albiol y José Ignacio Ceniceros, es un borrador de propuestas con las que el PP intentará reformar la administración y la financiación autonómica.

Ello será uno de los grandes debates de la asamblea de los populares, dado que tendrán que posicionarse sobre si aceptan o no la demanda de sus socios de Ciudadanos para eliminar las Diputaciones, entre otras cuestiones. De momento, todo apunta a que el PP propondrá una simple rebaja del poder de los organismos provinciales y que seguirá impidiendo que Catalunya tenga un régimen económico como el de Euskadi.

En el lavado de cara que el Gobierno intenta ofrecer en esta nueva etapa de "diálogo" frente al inmovilismo de la anterior, Sáenz de Santamaría se mostró el sábado dispuesta a debatir "todos los puntos" y peticiones de la Generalitat, excepto uno: el referéndum. Una muestra más del continuismo que seguirá imperando en el PP tras la celebración de su Congreso, también en cuanto a lo que se refiere a una posible reforma de la Constitución.

Sea como sea, tanto los contenidos de la citada ponencia económica, como los de estatutos y política de hoy tendrán que ser ratificados por los más de 3.000 compromisarios que votarán en la cita de los próximos 10, 11 y 12 de febrero.

De otro lado, la mayor duda sobre se esa cita, aparte de la votación final de los contenidos, es si a ella acudirá o no el presidente de honor del Partido Popular. José María Aznar ha mantenido con Mariano Rajoy incontables rifirrafes que terminaron incluyo con el divorcio entre la fundación FAES, que dirige el primero, y la formación conservadora ().

Los rumores sobre su asistencia o no al XVIII Congreso han sido constantes desde que se anunció la fecha del mismo, pero en Génova quieren evitar cualquier tipo de polémica, aunque no puedan evitar cierto tono de enfado cuando son preguntados por ello. Ayer fue la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, quien aseguró que Aznar estaba invitado. Hoy Maíllo ha sido más contundente: "El presidente de honor del partido no necesita invitación", sentenció con cierta ira. Si aceptará o no la velada invitación parece ya solo un misterio que sólo podrá desvelar el propio Aznar.