Este artículo se publicó hace 3 años.
Juicio BárcenasEl PP insiste en hablar de un juicio político a las puertas de la declaración de Bárcenas sobre la caja B
El letrado defensor del Partido Popular, Jesús Santos, se ha referido constantemente en su exposición a las "motivaciones políticas" de las acusaciones populares, cuestionando su legitimidad, y ha alertado de que el juicio se pueda convertir en "un campo de batalla política". Todo ello, siguiendo una estrategia de descrédito también hacia Bárcenas.
Madrid-Actualizado a
La nota en el arranque del juicio por la caja B del PP usada para reformar la sede nacional del partido la ha dado el abogado defensor del Partido Popular, el ex teniente fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, con alusiones constantes a las motivaciones políticas de las acusaciones personadas. En su larga y bronca intervención ha destinado artillería para casi todas las partes presentes en esta vista oral contra Luis Bárcenas, extesorero del PP; Cristóbal Páez, exgerente del PP; Gonzalo Urquijo, arquitecto y socio de Unifica, la empresa que reformó la sede 'popular' ; Belén García, socia de Unifica; y Laura Montero, exempleada de la firma. No se ha librado de los reproches de Santos ni el propio Tribunal, al que ha cuestionado haber admitido unos escritos de acusación "que buscan el desgaste del adversario político".
Santos, que defendió al PP en el caso Palma Arena sobre corrupción del partido en Baleares, ha pedido al Tribunal que impida que "una sala de justicia se convierta en un circo mediático o un campo de batalla política". De hecho, el letrado del PP ha solicitado que se aplace el juicio hasta que las acusaciones presenten unos nuevos escritos de acusación "que se atengan a lo expuesto por la Fiscalía y la Abogacía del Estado".
Y qué es lo que pretende con ello la defensa del PP, acusado en calidad de responsable civil subsidiario por los presuntos pagos en B de algo más de 1,5 millones de euros para esos trabajos: evitar el desfile de la veintena de empresarios donantes del PP querellados por Izquierda Unida, entre otras acusaciones, por haber donado entre todos más de cuatro millones de euros al PP supuestamente para obtener licitaciones públicas. En la lista de empresarios figuran, entre otros, Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL; José Mayor Oreja, de FCC; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica. Presuntamente nutrieron de fondos opacos la caja B del PP, con los que se pudo reformar la sede nacional y pagar sobresueldos a dirigentes del partido.
Pero este tema que se está investigando en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional y para el que Bárcenas ha adelantando en un escrito a la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada que aportará pruebas para acreditar las donaciones finalistas, es decir, a cambio de favores, puede que se quede fuera de este juicio por la reforma de la sede de la calle Génova. No solo lo pide la defensa del PP, también la Fiscalía y la defensa de Bárcenas.
El Tribunal, compuesto por los magistrados José Antonio Mora, María Fernanda García y Fernando Andreu, aclararán su decisión en la jornada de este martes. También expondrán si aceptan que el juicio se suspenda hasta el próximo lunes como ha pedido la defensa de Cristóbal Páez, exgerente del PP, afectado por covid y para quien la Fiscalía pide un año y medio de prisión.
Careo entre Bárcenas y Rajoy
A las puertas de la declaración de Luis Bárcenas, su abogado defensor, Gustavo Galán, muy comedido en el tono, ha explicado que su cliente ya aportó documentación que "prueba su afán de colaborar con la justicia" en su declaración en la Audiencia Nacional de julio de 2013. Ha recordado Galán que Bárcenas guardaba "una ingente cantidad de documentación, como papeles, grabaciones y pendrives, que le fue sustraída en una operación que se está investigando en estos momentos", conocida como operación Kitchen, "Ya existen claros indicios de que miembros del Gobierno [del PP] y de la Policía están relacionados con el robo de documentación a don Luis, incluso empleándose fondos reservados para ello", ha explicado Galán.
Y ha presentado al Tribunal una nueva prueba para la defensa de Bárcenas: una grabación en la que se escucha confesar a Álvaro Lapuerta, extesorero del PP, ya fallecido, que se entregaban mensualmente sobres con dinero negro a dirigentes del PP, mencionado expresamente a Mariano Rajoy. Para avalar esta grabación, "de ocho minutos", la defensa de Bárcenas lleva al juicio como testigos a cuatro periodistas que habrían escuchado la grabación: Eduardo Inda, Francisco Mercado, Ernesto Ekaizer y María Luisa Bernal.
Pero, sin duda, la gran sorpresa por parte de la defensa de Bárcenas ha sido su petición de practicar un careo entre Bárcenas y Mariano Rajoy, si se producen contradicciones en la declaración del expresidente del Gobierno, que comparecerá como testigo posiblemente en el mes de marzo. El Tribunal deberá responder si admite el careo. Rajoy será preguntado por la destrucción que Bárcenas le atribuye de la documentación que probaba la contabilidad extraoficial, en 2009; el extesorero asegura que se guardó una copia de la misma, entre la que figurarían los 14 folios manuscritos con iniciales de supuestos dirigentes del PP, entre ellos "M. Rajoy" y las percepciones en B que presuntamente cobraron.
Sin embargo, el careo propuesto por el abogado de Bárcenas ha sido denostado por el defensor del PP, igual que la lista de testigos propuesta por las acusaciones populares, entre ellos los veinte empresarios donantes y también varios exresponsables del PP, como José María Aznar y María Dolores de Cospedal; unas peticiones que ha tildado Jesús Santos como "impertinentes".
El momento más tenso de la sesión inaugural ha sido cuando este letrado, representante del Partido Popular, ha arremetido duramente contra las cinco acusaciones populares en un intento de denunciar insistentemente que es un juicio político. "Izquierda Unida, "un partido político"; Pablo Nieto, "exconcejal de Boadilla del Monte (Madrid) del PSOE"; la Asociación Abogados Demócratas por Europa (ADADE), "vinculada al PSOE" ; Ángel Luna, "exalcalde socialista y exportavoz del PSOE en las Cortes Valencianas"; la Asociación Observatori de Drets Humans (Desc), "vinculada a Podemos de Cataluña"". Respecto a esta última acusación, Jesús Santos ha hecho hincapié en que el letrado, Gonzalo Boye, es el defensor del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
La prueba 'estrella' del PP es un conjunto de 19 autos judiciales "de diferentes órganos judiciales que han analizado las declaraciones de Bárcenas y no le dan credibilidad". Y ha citado Santos la sentencia de mayo de 2018 sobre el caso Gürtel, en la que "hasta en once ocasiones se dice que Bárcenas ha cambiado de declaración".
La vista se reanudará este martes en la Audiencia Nacional, con el turno de las declaraciones de los acusados.
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