El Partido Popular (PP) retira, con su mayoría absoluta en el Senado, el conflicto de competencias con el Congreso por la ley de amnistía y evita, de esa forma, llevarlo al Tribunal Constitucional (TC). Es un movimiento que el Partido Socialista (PSOE) lee como un intento de "ocultar el reconocimiento de facto del PP de la constitucionalidad del Proyecto de Ley de Amnistía". De todas formas, los populares, según ha explicado el senador Antonio Silván, se reservan emprender acciones "que en derecho nos pudieran corresponder".

Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido este jueves en el Senado? Es un capítulo más de las idas y venidas del Partido Popular en el Senado para paralizar la ley de amnistía. Sin embargo, en este caso, han terminado dando marcha atrás.

El 10 de abril, los populares aprobaron el conflicto de atribuciones entre las dos Cámaras alegando que, al considerar la proposición de ley de amnistía una "reforma constitucional encubierta", el Congreso estaría dejando sin efecto el papel que tiene el Senado en ese tipo de iniciativas. Solo se puede reformar la Constitución si lo aprueban las dos Cámaras. En cambio, para que una ley, como lo es la de la amnistía, salga adelante siempre tiene la última palabra el Congreso.

Entonces, el Senado envió un requerimiento al Congreso para paralizar la ley de amnistía con ese argumento y la Mesa de la Cámara Baja lo rechazó, amparando su decisión en unas consultas previas a los letrados de la Cámara. El PP, con todo, insiste en que paralizar una proposición de ley es una decisión que corresponde al Pleno (tal y como señala el artículo 129 del Reglamento del Congreso).

Sin embargo, lo cierto es que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional especifica que, en caso de que un requerimiento como este se decline —como hizo, en este caso, la Mesa del Congreso— o no reciba respuesta, el plazo para elevar el caso al propio Constitucional es de un mes. Ese tiempo termina este jueves, 16 de mayo, y el PP no lo ha hecho. Los socialistas deslizan que es la prueba de que los populares no confían en que el TC pueda llegar a entender que la ley de amnistía no es constitucional —el fondo de la cuestión— y han acusado al PP de violentar las funciones del Senado a su gusto.

El PP insiste en que, con la suspensión del conflicto de competencias, lo que hace es dar la oportunidad a la Mesa del Congreso para someter la votación una eventual paralización de la ley de amnistía al Pleno. Si no, los populares estudiarán "acciones que en derecho" les "pudieran corresponder". No han especificado cuáles.

Es algo que, en cualquier caso, no contemplan los partidos mayoritarios en la Mesa del Congreso (PSOE y Sumar), que consideran su actuación de acuerdo con la legalidad y remarcan que, si el PP no estaba de acuerdo, podría haber elevado el asunto al TC y no lo ha hecho. Desde Junts, hablan de "ridículo" por parte de los populares. ERC, que se ha ausentado proactivamente del Pleno, exige al PP que no use la Cámara como "un anexo de Génova". 

Manuel Fajardo, del PSOE, ha avisado a los senadores populares de que "Feijóo los ha usado como un clínex", ha subrayado la constitucionalidad de la amnistía y ha abrochado su argumentación enfatizando que los resultados del 12M, con la victoria de Salvador Illa, hablan positivamente de los efectos de la norma.