La Mesa del Congreso, que preside Ana Pastor, con los votos de PP y Ciudadanos, ha acordado excluir la enmienda del PSOE para anular el veto irrevocable del Senado al techo de gasto a través de una ley de medidas contra la violencia machista, lo que abriría el camino para una posterior tramitación de los Presupuestos del Estado para 2019.

El PP y Ciudadanos presentaron sendos recursos pidiendo anular esa enmienda al considerarla un "fraude" al referirse a un asunto ajeno al objeto de la proposición de ley y recordando que ya está en tramitación una iniciativa legislativa específica sobre el veto del Senado a la senda de déficit.

Por su parte, PSOE y Unidos Podemos protestaron alegando que la Mesa del Congreso no tiene competencias para corregir a la Mesa de la Comisión de Justicia, donde los socialistas tienen la mayoría y ya han aceptado tramitar la controvertida enmienda.

La decisión del órgano de gobierno de la Cámara baja ante el pulso de los socialistas abre un conflicto abre un conflicto institucional inaudito en el Parlamento, que, en principio, tiene difícil solución. La propia Ana Pastor, antes del comienzo de la reunión de la Mesa, había declarado quie el órgano que preside "no admite presiones". "Este es un órgano constitucional, la Mesa no permite y no admite las presiones", ha aseverado Pastor, antes de la reunión de la Mesa del Congreso.

PP y Ciudadanos controlan con su mayoría la Mesa del Congreso, mientras que PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas suman una mayoría alternativa en el Hemiciclo. El problema es que la Mesa es la que marca los tiempos y los ritmos de la actividad parlamentaria: decide qué va al Pleno y cuándo. Y PP y Ciudadanos están utilizando su poder en la Mesa para torpedear las iniciativas del Gobierno y de los grupos políticos que le apoyan.

Precisamente, para sortear la pinza de PP y Cs en la Mesa, el PSOE presentó el pasado martes en la Comisión de Justicia, donde tiene la mayoría con ERC, la enmienda a un proyecto de ley ya en tramitación sobre el Poder Judicial, para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para anular el veto del Senado a los objetivos de déficit público y el techo de gasto. Una "argucia" parlamentaria que el Gobierno considera perfectamente legal pero que provocó la protesta de los grupos de la derecha.

Rechazada la incorporación de la polémica enmienda, la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, de Unidos Podemos, ha anunciado que su grupo parlamentario recurrirá esta decisión con toda probabilidad al Tribunal Constitucional. Ha asegurado que "no se puede hurtar" del debate parlamentario una decisión "tan importante" como la que comporta la enmienda socialista, ya que al sortear la capacidad de veto del Senado a los objetivos del déficit público permitiría facilitar unos presupuestos que acabaran con las políticas "de recortes" del Partido Popular.

Por su parte, el grupo socialista se ha limitado a anunciar que analizará los "siguientes pasos" que dará ante la situación creada por el rechazo de la Mesa a su enmienda.

"No sé a otros, pero a mí nunca me moverán"

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha defendido el acuerdo de la Mesa  y ha negado que sea una decisión "política" y ha garantizado que las "amenazas" no la desviarán del cumplimiento de la legalidad. "Puedo recibir amenazas, pero a mí no me mueven en el cumplimiento de la legalidad. No sé a otros, pero a mí nunca me moverán", ha denunciado Pastor, en referencia a la posibilidad de que el PSOE lidere algún tipo de iniciativa parlamentaria para censurar la actuación de la presidenta.

En una rueda de prensa tras la reunión de la Mesa de la Cámara Baja, Pastor ha justificado el rechazo de la enmienda con dos argumentos jurídicos. Por un lado, existe una situación "inédita" porque "dos textos idénticos" se están tramitando al mismo tiempo lo que, a su juicio, provoca "inseguridad jurídica" y puede generar incluso normas "contradictorias".

Además, según Pastor, el Tribunal Constitucional ha confirmado la "plena competencia" de la Mesa para estudiar esta enmienda, admitida ya a trámite en la Comisión de Justicia pese a que no es "congruente" con la ley en la que se pretende introducir. "Estoy hablando de un asunto de legalidad, del principio de legalidad, no soy comentarista de apreciaciones. Lo que sí puedo decir es que la presidenta del Congreso actúa con objetividad y conforme a la legalidad y en el ámbito de la Constitución Española", ha insistido.