La libertad sindical está restringida en el Cuerpo Nacional de Policía desde hace casi cuatro décadas: sus más de 74.000 integrantes no pueden afiliarse a sindicatos interprofesionales, a organizaciones que no estén formadas exclusivamente por policías nacionales, algo que no ocurre en ningún cuerpo local ni autonómico. Y eso supone una importante merma para la defensa de sus demandas laborales, con la que algunas organizaciones quieren acabar.

La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aprobada en 1986 con Felipe González como presidente del Gobierno, sentó las bases de esta restricción, ateniéndose al artículo 28 de la Constitución, donde se contempla la posibilidad de desarrollar una norma que limite la libertad sindical de los integrantes de institutos armados como el Cuerpo Nacional de Policía, una libertad que comprende el derecho a afiliarse al sindicato de su elección.

Posteriormente, en 2015, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, se aprobó la Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional, que apuntaló esa excepción en su artículo 8, donde se prohíbe a estos empleados públicos la afiliación a sindicatos interprofesionales ni tampoco a sus organizaciones federarse o confederarse con otras que no estén integradas exclusivamente por miembros de ese cuerpo de seguridad del Estado.

Han pasado 38 años y cinco presidentes del Gobierno con distinto signo político desde que se implantó esta restricción a la libertad sindical y nada ha cambiado. Los policías nacionales siguen sin poder afiliarse y, por tanto, votar a otras organizaciones sindicales que no sean las formadas únicamente por ellos mismos, para que luego les representen en el Consejo de Policía, órgano paritario integrado por representantes de los funcionarios del cuerpo y del Ministerio del Interior, bajo la presidencia del ministro o de quien este delegue, en el que se determinan las condiciones laborales y la solución de conflictos.

Sin embargo, en otros cuerpos policiales –a excepción de la Guardia Civil, instituto de carácter militar donde no se permite ningún sindicato– las cosas han cambiado en todos estos años con la aprobación de diferentes leyes que han reconocido el derecho a la libertad sindical de sus miembros.

Una Ley foral de Navarra de 2007 establece que la representación, la negociación colectiva y la participación en las condiciones de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía de esa comunidad se rigen por lo que está establecido al efecto en el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas navarras, es decir, como cualquier otro empleado público.

En Euskadi, el artículo 118 del decreto legislativo aprobado en 2020, por el que se refunda la Ley de Policía de esa comunidad, dispone que los funcionarios de la Ertzaintza "podrán afiliarse a los sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales de su elección" para la "representación, defensa y promoción de sus intereses profesionales, económicos y sociales".

Por su parte, el cuerpo de Mossos D'Esquadra incorporó la libertad sindical en 2002, tras una proposición no de ley del Parlamento catalán que exigió la libre afiliación de sus integrantes en sindicatos profesionales formados únicamente por policías o en organizaciones interprofesionales o de clase.

Las policías locales ya disfrutaban de la libertad sindical desde 1987, cuando se aprobó la Ley de Órganos de Representación, Determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas, que les eximió de la excepción para el disfrute de este derecho que estableció para los cuerpos y fuerzas de seguridad la mencionada Ley de 1986.

Propuesta para acabar con una "anomalía democrática"

Hay organizaciones sindicales que quieren acabar con lo que consideran una discriminación y una anomalía democrática, que persiste casi cuatro décadas después de haber sido implantada, mantenida con gobiernos del PP y del PSOE en solitario, y del PSOE en coalición con Unidas Podemos o Sumar. Una de ellas es la Agrupación Reformista de Policías (ARP), que ha enviado una propuesta a los grupos parlamentarios y a los grandes sindicatos interprofesionales para reformar la norma sobre los derechos de representación sindical en el Cuerpo Nacional de Policía.

"En nuestra propuesta decimos que somos un instituto armado, pero civil, igual que los otros policías del Estado que disfrutan de la libertad sindical. El problema es que la decisión arbitraria de un Gobierno ha impuesto esta merma de derechos", dice a Público el portavoz nacional de ARP, Manuel Soler.

Este dirigente sindical destaca el hecho de que en 2015, el año en el que el Gobierno de Rajoy sacó la ley que apuntaló la prohibición de la libertad sindical para los policías nacionales, también se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, que "restringe derechos a los ciudadanos utilizando a la policía como recaudador de multas", apostilla. "La estrategia también sirvió para atar a los policías con un pensamiento progresista", añade.

Según ARP, la falta de libertad sindical de los policías nacionales reduce las posibilidades de defender sus demandas laborales y salariales, al no poder estar representados, por ejemplo, en la Mesa de la Función Pública, donde se deciden temas que afectan al conjunto de los empleados públicos. "Estamos supeditados a que los sindicatos de clase decidan mejoras pero sin nuestra voz ni nuestro voto. Y luego tenemos que recurrir a los tribunales para defender nuestros derechos", explica Soler.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) es ahora la organización mayoritaria en el Consejo de Policía, junto a JUPOL, que perdió en las elecciones sindicales de 2023 su hegemonía al quedarse con la mitad de los delegados que había conseguido en los anteriores comicios. Y SUP defiende el derecho a la libertad sindical de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

"En otros cuerpos policiales hay libertad sindical, incluso en otros espacios europeos se reconoce el derecho a la huelga que aquí está prohibido. Y nosotros lo reclamamos como uno de los derechos que debemos ejercer y consideramos que hay viabilidad para ello. Somos unos trabajadores más del Estado, como los médicos y otros colectivos para los que están establecidos unos servicios mínimos", señalan fuentes de este sindicato.

A juicio del SUP, la causa de que persista la prohibición de la libertad sindical en la Policía Nacional se halla en "las resistencias de arriba" hacia los cambios. "Puede ser porque temen que la unión hace la fuerza, que a mayor concentración puede haber mayor presión, porque los sindicatos de clase tienen más capacidad de acción", explican fuentes de la organización sindical policial mayoritaria.

La principal merma que acarrea esta falta de libertad es, según este sindicato, la disminución de la capacidad de elegir a los representantes que quieres para defender tus reivindicaciones laborales y salariales, cuando se trata de unos funcionarios que realizan un servicio fundamental para el Estado y que deberían disfrutar de los mismos derechos que el resto.

El SUP también exige que este derecho se extienda al alumnado en prácticas de la Escuela Nacional de Policía, a quienes se les prohíbe la afiliación a cualquier organización sindical, incluidas las policiales, hasta que no juren el cargo, pese a que pueden pasar más de un año prestando servicios en prácticas en una comisaría o en una patrulla en la calle bajo la supervisión de un funcionario.

"Hay que abrir puertas, no cerrarlas"

Los principales sindicatos interprofesionales y de clase también están a favor de que se reconozca la libertad sindical a los policías nacionales. En CCOO, que mantiene un acuerdo de colaboración con SUP para tareas de asesoramiento, tienen claro que esa excepcionalidad legal "restringe derechos" y supone una "anomalía democrática".

"Con la participación del sindicalismo de clase se abriría un modelo de desarrollo de los derechos humanos en las fuerzas de seguridad. Hay que abrir puertas, no cerrarlas. Hay que homologar a todos los empleados públicos en todos los derechos, y que los policías, por ejemplo, puedan tener una negociación colectiva en cada comisaría, con una junta de personal y una capacidad de interlocución directa con el comisario", explica a este periódico el secretario de desarrollo organizativo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Ángel Moreno.

Este sindicato cuenta con representación en los cuerpos de policía local de la mayoría de los ayuntamientos de España y en los Mossos D'Esquadra, en la Policía Foral de Navarra y en la autonómica canaria. "Convivimos con un montón de sindicatos corporativos, pero estamos dando una visión confederal, de clase, una visión global para priorizar los intereses de los trabajadores y cómo debe ser la seguridad, orientada a la defensa del estado democrático social y de derecho y de los derechos humanos. Si un mosso puede estar en un sindicato de clase, ¿por qué no puede estarlo un Policía Nacional, cuando realizan las mismas funciones y son empleados públicos los dos?", se pregunta Moreno.

"Es un rémora de la transición"

Otro de los principales sindicatos de clase, UGT, también mantiene acuerdos de colaboración con organizaciones sindicales policiales y también exige la libertad sindical para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. "No entendemos por qué un policía nacional sólo puede estar afiliado a sindicatos corporativos. No lo hemos entendido
nunca", subraya su vicesecretario general de Organización, Rafael Espartero.

UGT considera una "rémora de la transición democrática" esta restricción de la libertad sindical, igual que la militarización de la Guardia Civil, que ha intentando cambiar, pero sin suerte, con los sucesivos gobiernos, aunque, según Espartero, estuvieron a punto de conseguir el cambio con el último de José Luis Rodríguez Zapatero. "Y ahora vamos a intentar reabrir el tema", anuncia el dirigente sindical.

La merma del derecho de sindicación de los policías obedece, a juicio de Espartero, a un temor del Ministerio del Interior a enfrentarse al poder de los mandos policiales y, también, a que la Administración piensa que el cuerpo será menos eficaz si entran los sindicatos de clase, "cuando es todo lo contrario", subraya.

Las consecuencias de esa prohibición son considerables, según el portavoz de UGT: reducción de la capacidad de presión de los policías en sus reivindicaciones, por ejemplo con las dietas o las prestaciones sanitarias o de la Seguridad Social que se regulan en los órganos de la administración pública en los que no pueden estar presentes, al no formar parte de los grandes sindicatos de clase.

"Poder ganar más dinero tiene que ver con la lucha sindical, con una mayor presión, con unos sindicatos más fuertes", advierte Rafael Carretero, quien apunta que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía son los únicos policías del Estado que no han accedido al derecho a la jubilación anticipada a los 59 años, con 35 años de cotización.

USO es otro de los sindicatos interprofesionales que apoya el derecho a la libertad sindical de los policías nacionales, cuyo régimen estatutario califica de "restrictivo y obsoleto". "Por ello carecen de los derechos de los que gozan los trabajadores de cualquier otro cuerpo de naturaleza civil" señala esta organización, cuyo secretario general en la federación de Atención a la Ciudadanía, Javier Toro, recalca: "No pueden ser ajenos a los avances sociales y profesionales que benefician al conjunto de los trabajadores, por ejemplo, SMI, conciliación, jubilación anticipada, control de la jornada de trabajo o ser considerada una profesión de riesgo".

Sumar, a favor; PSOE, callado

En el frente político, entre los grupos parlamentarios en el Congreso que forman parte de la coalición de Gobierno, PSOE y Sumar, únicamente este último ha mostrado su intención de estudiar un cambio normativo sobre la restricción de la libertad sindical a los policías nacionales. El grupo socialista no ha respondido a las preguntas de este periódico acerca de su posición sobre la libre sindicación de estos funcionarios.

Fuentes de Sumar han señalado a Público que "no ven problemas en que se amplíen los derechos sociales y se pueda modificar el apartado que restringe la afiliación sindical a organizaciones formadas exclusivamente por policías nacionales". La formación que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que su grupo parlamentario "está abierto a estudiar" las propuestas que puedan hacer los representantes sindicales de los policías, para poder ver su alcance y debatirlas.

El peligro de la ultraderecha en la Policía

En CCOO advierten de que en todos los cuerpos policiales y entre el funcionariado de prisiones, en lo que se podría calificar como el aparato coercitivo del Estado, se está produciendo una progresiva ultraderechización de sus miembros, al igual que está ocurriendo en la sociedad española y europea, en general, que debe ser analizada.

Ángel Moreno asegura que CCOO ha trabajado de forma intensa para consolidar a SUP con el fin de evitar que se produjera una hegemonía del espacio de la ultraderecha ocupado por otras organizaciones policiales que trabajan más en clave política que profesional, espoleadas a raíz del conflicto del procés catalán en 2017 y las protestas por la equiparación salarial con las policías autonómicas y locales.

"Si los policías tienen la posibilidad de afiliarse a sindicatos de clase, pueden quedarse fuera movimientos corporativos como JUSAPOL, que están muy orientados a la extrema derecha", utilizados como "arietes contra el Gobierno" en un ambiente "muy sensible", donde se juega la seguridad del país, advierte el dirigente de Comisiones.

En ARP sostienen que más del 90% de las organizaciones sindicales de la Policía Nacional ya están vinculadas a la extrema derecha. "Hay que cambiar esto con la presencia de los sindicatos de clase para que haya neutralidad y una responsabilidad sindical. Hay una necesidad imperiosa de reformar esto por el bien del país, de los contribuyentes, para que no sigamos viendo a policías con la banderita de Vox sancionando a ciudadanos", dice Manuel Soler.

SUP, sin embargo, niega tal ultraderechización del cuerpo a causa de la falta de libertad sindical. Este sindicato asegura que las organizaciones policiales no están politizadas en ningún sentido, ya que se rigen por la neutralidad política. "Quien quiera ver fantasmas, allá él. Cuando realizamos cualquier acción, lo hacemos siempre desde la neutralidad", subrayan fuentes de esa organización.