"La Policía me dijo que tenía carta blanca para hacerme lo que quisiera"

En la cafetería del Ateneo de Madrid, donde se desarrolla la entrevista, pide sentarse de espaldas a la pared y enfocando la puerta de entrada. Se trata de un hábito adquirido tras la vida en la clandestinidad en una época en la que el militante político se jugaba la vida en cada una de sus acciones. Raúl Herrero (Aranda de Duero, 1948) es uno de esos hombres que agotó la fuerza de su juventud plantando cara al franquismo, y perdiendo esa batalla. Hoy, invierte el impulso de su veteranía en clamar por una justicia que repare el daño de las víctimas que dejó la dictadura y les retire el velo de olvido que les impuso la transición. Para ello, mira hacia Argentina, el país que ha acogido la demanda de las víctimas del franquismo y ha iniciado el proceso judicial que sigue abierto y en el que, según han anunciado sus abogados esta semana, se esperan hasta 60 nuevas imputaciones.

Raúl Herrero se ha sumado a la querella argentina como víctima de torturas en los calabozos de la Dirección General de Seguridad [DGS]. Aun hoy padece las consecuencias de aquellos duros interrogatorios que le mandaron ocho meses al hospital penitenciario de Yeserías. "La paliza me debió desencadenar algo, y al tiempo de salir del hospital de la cárcel, donde no me curaron ni me aliviaban apenas el dolor, me diagnosticaron gota", lamenta Herrero, de 65 años y cuya dolencia le acarrea visitas al hospital cada seis meses.

Herrero militó en el Partido Comunista Internacional [PCI], organización clandestina con la que realizaba acciones concretas para convencer a las clases trabajadoras de la necesidad de un cambio revolucionario. Como estudiante de Ciencias Políticas, también participó en iniciativas de agitación universitaria, como huelgas, manifestaciones y asambleas.

"Nuestra idea de hacer la revolución era muy militante, y en la universidad predominaba el pequeño burgués, así que decidí ingresar en el PCI", aclara Herrero, que pudo estudiar gracias a los esfuerzos de su madre, viuda, que llegó a Madrid en 1955 con sus cinco hijos a trabajar en servicios de limpieza.

Con 20 años ingresó en el PCI y simultaneó estudios con su trabajo de albañil en diferentes obras en Madrid para, desde dentro, agitar la conciencia de los trabajadores. "Entrabas en la obra o en la fábrica como un obrero más. Teníamos presencia en fábricas como la Estándar Eléctrica, la Seat de Barcelona, la Talbot. Vivíamos la vida del obrero a la vez que organizábamos el partido", explica. "También había gente integrada en otros ámbitos como la sanidad o la educación". "Pensábamos que la clase obrera era el sujeto más firme y con mayor voluntad para hacer una transformación de la realidad", añade. Lo mismo se hacía en los barrios, y esta era la tendencia que también seguían otras organizaciones clandestinas.

Durante dos años, Herrero llevó una vida simulada. "Cambiábamos de domicilio para despistar". En 1970 trabajaba en la construcción de unos pisos en la calle Víctor de la Serna (Madrid). Allí organizaron una huelga para tratar de mejorar las condiciones de trabajo. "Con esas acciones hacíamos valer nuestras ideas, y lográbamos afiliados; si conseguíamos hacer la revolución se darían las condiciones para lograr las reivindicaciones sindicales y otros derechos", puntualiza.

En el curso de una redada que buscaba desarticular la organización del PCI, el 16 de junio de 1970, Herrero fue detenido por un grupo de policías de la Brigada Político Social, poniendo fin así a dos años de vida clandestina.

"Con el edifico rodeado por un exagerado despliegue policial con las armas desenfundadas, los golpes comenzaron nada más entrar en la habitación donde me encontraba junto con mi compañero de vivienda", ha detallado Herrero en el testimonio remitido a la jueza argentina que instruye el caso, María Servini.

El juez del Tribunal de Orden Público [TOP] dictaminó su ingreso en prisión por asociación ilícita, y Herrero comenzó su periplo penitenciario en Carabanchel. A los 15 días, y debido a las secuelas que le dejó la paliza recibida durante el interrogatorio en la DGS, fue trasladado al hospital penitenciario de Yeserías. "Tenía dolores espantosos en todas las articulaciones e hinchazones que me impedían los movimientos más elementales", subraya. Herrero, que gozaba de muy buena salud hasta su detención, sitúa en las torturas recibidas en la DGS el comienzo de su deterioro. "Para trabajar en un andamio, como hacía yo, hace falta tener buena forma física", puntualiza.

"Uno de los jefes de la brigada, Saturnino Yagüe, observaba mientras me estaban interrogando y golpeando. Era un hombre grande y dijo al pasar por mi lado, ‘así que este es Raúl, ¿no?, contigo tenemos carta blanca, podemos hacer lo que queramos'", recuerda.

En la cárcel de Yeserías permaneció ocho meses y, todavía enfermo, volvió a Carabanchel. "Los males continuaban, no se había resuelto la raíz del problema. Y proseguía la negativa del Tribunal a concederme la libertad provisional y a facilitarme el cuidado médico bajo vigilancia policial en hospitales de Madrid que se habían ofrecido para acogerme".

Un año más tarde, su abogada Dolores González Ruiz -superviviente de la matanza de Atocha en 1977- logró que le visitara un cardiólogo cuyo diagnóstico fue clave para que le concedieran la libertad provisional semanas más tarde. "Pedro Zarco [el médico] certificó que si yo seguía en esas condiciones corría el serio riesgo de quedar inválido", aclara.

La segunda detención, en 1973, le costó cinco días incomunicado entre las sedes de la DGS y del TOP. Fue puesto en libertad pendiente de juicio por el proceso del sumario 571/70, incoado tras la primera detención.

"Tratábamos de dilatar el proceso no presentándonos a las comparecencias; era la táctica de nuestros abogados", clarifica. Y así hasta la muerte del dictador. Pero no imaginaba Raúl Herrero que el delito por el que fue acusado en el franquismo perdurara en democracia. "La Guardia Civil me detuvo en octubre de 1979 en la frontera con Portugal porque mi nombre se encontraba en una lista de personas en situación de búsqueda y captura, según los guardias civiles", señala Herrero, que por entonces trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid.

Solucionado el incidente, el Director General de Seguridad de la época, Luis Alberto Salazar Simpson, dirigió por escrito sus disculpas a Herrero. "Por precaución, llevé esa carta en el bolsillo durante varios meses", asegura.

Ahora, Herrero -miembro de la asociación La Comuna, de ex presos del franquismo y de la red Ceaqua, que promueve la querella- ha facilitado a la jueza argentina los nombres de sus torturadores y jefes de la brigada Político Social responsables en el momento de sus detenciones. Tiene constancia de la muerte de la mayoría de ellos, pero aún busca a uno de los policías autores de la paliza que le desencadenó los problemas de salud que aún padece para pedir su imputación. "Seguiré buscando y, si está vivo, lo denunciaré", avanza.