Es el mayor enigma de los últimos tiempos en el País Vasco. A día de hoy, nadie, absolutamente nadie, se aventura a pronosticar qué ocurrirá con el Estatuto de autonomía. El abanico de posibilidades es tan amplio como contradictorio: desde quedarse como está hasta convertirse en un texto articulado diferente, que contemple el derecho a decidir e incluso ponga algún tipo de freno preventivo a la aplicación del artículo 155 en estas tierras. Todo está sobre la mesa de la ponencia parlamentaria que analiza el futuro del autogobierno en Euskadi, un foro donde afloran las diferencias y se bloquean los acuerdos.

Las primeras fotos no enseñan, ni de cerca, un pacto entre diferentes, sino más bien lo contrario: de momento, sólo PNV y EH Bildu han sido capaces de llegar a un mínimo acuerdo en torno al texto del preámbulo y del Título Preliminar. En esos documentos se señala que “el nuevo Estatus Político para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa –como parte integrante de Euskal Herria- será la expresión jurídico-política de la voluntad democrática de un Pueblo con identidad socio-cultural sostenida a lo largo de la historia” y se apuesta por una relación “de igual a igual, desde el respeto mutuo” con el Estado.

En esa línea, el preámbulo aprobado por ambas formaciones nacionalistas señala que “el Pueblo Vasco es Nación porque así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía y porque, además, cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado”. Algunos párrafos después consagra “el derecho y la capacidad de los vascos y las vascas para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas voluntariamente y de establecer mecanismos que garanticen que los compromisos alcanzados serán respetados”.

El objetivo inicial de PNV y EH Bildu era sumar a Elkarrekin Podemos a este texto, pero finalmente no fue posible. “Ese preámbulo tiene un carácter identitario excluyente que pesa mucho más sobre lo social”, se queja Lander Martínez, portavoz parlamentario de la formación morada. Ahí está, precisamente, la clave de la cuestión: la posibilidad de un acuerdo “transversal” que sumara más allá del espectro nacionalista se ha visto abocada al fracaso ante los términos pactados entre PNV y EH Bildu.

“Además, plantea cuestiones como la modificación del estatus de Euskadi a través del Estatuto, y eso, a nuestro criterio, no encaja”, subrayó Martínez. Esos aspectos han quedado reflejados en el voto particular emitido por Elkarrekin Podemos para dejar sus discrepancias por escrito.

Mirar hacia atrás

El único antecedente de este debate se sitúa en una fecha lejana: fue en 1979 cuando el País Vasco se dotó del actual Estatuto de Gernika. El 25 de octubre de aquel año, Euskadi celebró un referéndum en el que participó el 58,85% del censo. Hubo un 90,27% de votos a favor del nuevo Estatuto –el primero tras la dictadura franquista-, tal como defendía la mayoría del arco político vasco (desde PNV hasta UCD, pasando por PSOE y algunas marcas de la izquierda, así como por ETA Político-Militar).

Herri Batasuna apostó por la abstención –al igual que otras organizaciones de entonces, como el Movimiento Comunista de Euskadi o la Liga Comunista Revolucionaria-, mientras que Alianza Popular y Unión Nacional hicieron campaña en contra. El argumento del “no”, que alcanzó el 5,50% de los votos, olía a franquismo: la autonomía de este territorio ponía en peligro la “unidad de España”.

39 años después, en los pasillos y despachos del Parlamento Vasco vuelve a hablarse sobre la posibilidad de reformar ese estatuto. Con ese objetivo se creó la ponencia de autogobierno que el 23 de mayo aprobó el preámbulo y este miércoles hizo lo propio con el Título Preliminar. Al menos en esta fase, PNV y EH Bildu parecen haber encontrado el terreno propicio para mantener un criterio común.

“Las posiciones se van decantando”, afirmó a Público Unai Urruzuno, uno de los representantes de EH Bildu en esa comisión parlamentaria. En tal sentido, puso en valor que el PNV “está dando pasos para superar el actual marco jurídico-político”, aunque enseguida lo relativizó. “Ya sabemos quién es y cómo juega el PNV”, afirmó el político abertzale. Como ejemplo citó lo ocurrido el miércoles pasado, cuando el partido del lehendakari Iñigo Urkullu votó por la mañana junto a EH Bildu a favor de ese preámbulo y por la tarde apoyó los Presupuestos del gobierno del PP en el Congreso. Ahora, tras la sentencia del caso Gürtel, también tiene en sus manos la aprobación de la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy que promueve el PSOE.

Plazos técnicos y políticos

En medio de ese panorama enrevesado, la comisión de autogobierno seguirá adelante con sus trabajos. A la hora de hablar de plazos, distintas voces parlamentarias coinciden en señalar que no se producirá una modificación del estatuto en los dos años que restan de legislatura. Las elecciones vascas serán en 2020, y se prevé que el debate del estatuto forme parte de la campaña electoral.

“El calendario de trabajo establece que en julio ya deberíamos tener definidas las bases y principios de cada título, para luego enviarlo a la comisión que redactará un texto articulado de nuevo estatuto”, explicó Urruzuno. ¿Significa eso que habrá una propuesta de estatuto antes del verano? El parlamentario de EH Bildu sostiene que "técnicamente es totalmente factible", aunque al mismo tiempo admite que “otra cosa son las posiciones políticas de cada uno y las voluntades que puedan existir en ese sentido”.

Ahí entran en juego otros elementos. Desde un punto de vista meramente legal, el procedimiento indica que primero debe aprobarse el nuevo estatuto en el Parlamento Vasco. Luego pasaría al Congreso, y finalmente –si recibe luz verde en Madrid- sería ratificado por la ciudadanía de Euskadi mediante un referéndum. EH Bildu tiene intención de alterar este plan e incluir una consulta ciudadana de manera previa al trámite en el Congreso, de manera que “vaya a Madrid con apoyo popular”, afirmó Urruzuno.

De momento, desde el PNV optan por reiterar una y otra vez que buscarán “amplios consensos”, tal como hace algunos días subrayaba su portavoz parlamentario, Joseba Egibar, cara visible del sector más soberanista dentro de esa formación. “Nuestro empeño en el tiempo que llevamos en la Ponencia y en las semanas que nos quedan por delante será el de trabajar los consensos e identificar los disensos y en base a ellos tener un acta global de lo que es la identificación de los grupos respecto a las bases y principios sobre los que pivotará el Nuevo estatuto Político”, aseguró.

Sus palabras no terminan de convencer al PSE, que se mantiene distante y expectante. La formación socialista, que forma parte de la coalición de gobierno en Euskadi, ha dicho que se opone a las propuestas de bases relativas al Preámbulo y Título Preliminar “porque, entre otras cosas, sobrepasan el marco jurídico, establecen categorías ciudadanas en función de su identidad y soslayan la cuestión social, que queda como mero apéndice en el proceso de actualización de nuestro autogobierno”, remarcó el portavoz del PSE en la Cámara de Vitoria, José Antonio Pastor.

En el PP vasco se expresan aún con mayor dureza. “No estamos dispuestos a hacer una visión ultranacionalista de la reforma del estatuto de autonomía”, afirmó a Público el parlamentario conservador Carmelo Barrio, quien reivindicó “la vigencia del Estatuto de Gernika”. Advirtió además que si PNV y EH Bildu consiguen “imponer su mayoría” para sacar adelante su propuesta de nuevo estatus, “será perfectamente inconstitucional, como ya ocurrió con el Plan Ibarretxe”. Tensión asegurada.